El objetivo de la instancia parlamentaria será indagar la recompra de la carretera, que habría involucrado a José Cox, amigo y socio de negocios con el Presidente Sebastián Piñera. “Mandamos unos oficios al Ministerio de Obras Públicas el 27 de enero, los cuales a la fecha aun no tiene respuesta”, sostuvo al respecto el legislador DC.
El diputado de la DC, Jorge Burgos, confirmó en «La Entrevista de Tomás Mosciatti» de CCN Chile la formación de una comisión investigadora por la primera carretera concesionada del país: “La Ruta de la Madera”.
El parlamentario hizo alusión a la recompra de la ruta, donde estuvo involucrado un amigo y socio de negocios del Presidente Sebastián Piñera. Se trata de José Cox, quien lideró la recaudación de fondos para su campaña presidencial y habría participado en las tratativas, al menos en buena parte del año 2010.
Al respecto, el diputado Burgos señaló “se trata de un empresario conocido de distintos rubros del área económica, durante muchos años fue socio del Presidente Piñera cuando este último era fundamentalmente un empresario, la firma CMB en banca entiendo, es un hecho público notorio. Compartieron directorio en Lan Chile hasta el momento en que el Presidente vendió sus acciones. En consecuencia., es un amigo del Presidente Piñera. Ese es un elemento a analizar”.
En esa línea, el legislador apuntó a que “hay que investigar fundamentalmente al Ministerio de Obras Públicas si lo hizo bien. ¿Es correcto lo que se hizo?. La plata que se pagó y que es de todos los chilenos ¿es la que corresponde? ¿Hizo un negocio relativamente bueno el Fisco? o es más bien un negocio discutible”.
“Mandamos unos oficios al Ministerio de Obras Públicas el 27 de enero, los cuales a la fecha aun no tiene respuesta”, añadió Burgos.
A través de una declaración pública, la concesionaria Camino de la Madera S.C.S.A. se refirió a la información publicada por El Mostrador respecto de las negociaciones con el Ministerio de Obras Públicas para que el Estado comprara por primera vez una ruta concesionada pagando alrededor de 34 millones de dólares, lo cual ha levantado cuestionamientos por parte de autoridades de la administración anterior y parlamentarios de oposición que evalúan pedir que el caso sea visto por una comisión investigadora.
Respecto de la compra de la ruta explica que “los gobiernos actual y anterior públicamente manifestaron su intención de terminar el contrato de concesión, por razones de interés público. La Concesionaria el año 2009 expresó su disposición a terminar el contrato por mutuo acuerdo, como lo estipula la Ley de Concesiones”.
Detalla además que “en julio del 2007 el Ministro de Obras Públicas ordenó el congelamiento de las tarifas de la concesión, impidiendo reajustes conforme al contrato permitía. Este congelamiento a fines del 2009 fue declarado ilegal por la Contraloría General de la República”.
Respecto al valor de la ruta, que los críticos al negocios han considerado sobredimensionado, Camino de la Madera sostiene que “la determinación del precio de la concesión está fundamentada en el Mecanismo de Distribución de los Ingresos (MDI), modificación del contrato de concesión suscrito en el año 2004. Esta modificación permite al Estado en cualquier momento terminar el contrato por la vía de pagar el saldo existente en la cuenta del seguro de ingresos, opción que significaría un mayor costo para el Estado que el determinado por la Comisión Arbitral del art. 36 de la Ley de Concesiones”.
“Del precio determinado por la Comisión Arbitral, la Concesionaria deberá cumplir con todos sus acreedores, especialmente el Banco del Estado. En contraparte para el Estado queda la infraestructura construida y mantenida, cuya inversión inicial fue de UF 1.085.775”, explica, precisando que “el proceso de término de la concesión debe culminar con un convenio complementario de extinción, aún no suscrito, cuyo Decreto Supremo aprobatorio debe contar con la Toma de Razón de la Contraloría General de la República”.
Finalmente, respecto a la posibilidad que el caso lo tome una comisión investigadora de la Cámara de Diputados, la concesionaria adelantó que “de ser requerida entregará todos los antecedentes pertinentes para que los honorables Diputados de la Republica comprueben la transparencia del proceso realizado”.
