La Fiscalía investiga los acuerdos firmados con empresa del grupo Cruzat
Según datos entregados por el ex contador del holding Marcos Castro, habría registro de unos $10 mil millones generados a través de acuerdos de compraventa fraudulentos, que se suman a los que ya reconocieron Délano y Lavín en la Fiscalía a comienzos de enero y que han sido el motivo principal que la UDI ha mencionado para marcar distancia con el grupo empresarial acusado de fraude.
Desde esta mañana continuaron los interrogatorios que, en el marco del caso Penta, efectuaron los fiscales a cargo de la investigación a ejecutivos del grupo Cruzat. A partir de datos entregados por Marcos Castro, ex gerente de contabilidad del holding investigado por fraude tributario y que darían cuenta de que existen al menos 20 contratos de forwards entre Penta y la empresa CB Consultorías y Proyectos, entre 2008 y 2012.
Estos acuerdos serían similares a los que Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, dueños de Penta, reconocieron haber firmado con la compañía Siglo Outsourcing, también conocida como Asesorías VSA Ltda., cuatro contratos de este tipo. Un forward implica un acuerdo entre dos empresas que apuestan al valor futuro de alguna moneda, índice o commodity, y sobre el valor actual del instrumento negociado se calcula un diferencial con el proyectado en el tiempo. Una de las empresas pierde.
Según declararon los controladores del holding a comienzos de enero en la Fiscalía, en este caso Penta siempre perdía, pero de manera ficticia. Porque los contratos se firmaban con una fecha falsa, y como si hubiesen ocurrido varios meses antes y con el monto de la pérdida ya pactada para Penta. De esta manera, en el caso del negocio hecho con VSA, las empresas Penta «perdieron» en 2013 cerca de $350 millones, que fueron registrados como gasto en su declaración de impuestos, pero en realidad les llegaban de vuelta a cambio de una comisión.
A partir de los datos entregados por Marcos Castro, la Fiscalía investiga si Penta tenía la misma fórmula acordada con la empresa ligada al grupo Cruzat. En este contexto han sido interrogados por los fiscales Pablo Norambuena y José Antonio Villalobos algunos empleados del conglomerado que controla el empresario Manuel Cruzat, entre ellos su hijo Rodrigo Cruzat Valdés y los gerentes Axel Azancot e Iván Rojas, ex ejecutivo del grupo, y esta tarde está contemplada la citación para Manuel Cruzat, aunque no está confirmada su asistencia.
Sobre esta arista, el Ministerio Público maneja antecedentes que probarían la existencia de 20 contratos que, considerando el lapso de cuatro años que estuvieron vigentes, totalizarían $10 mil millones.
Políticamente, esta fórmula que abre un nuevo frente de posibles delitos, ha provocado que la UDI marque una distancia con los dueños de Penta, a pesar de la estrecha relación entre la colectividad y el grupo empresarial. El vicepresidente de la colectividad, Domingo Arteaga, admitió que «las declaraciones que hemos conocido de los controladores del grupo Penta son bastante impresentables. Ellos mismos han declarado que algunas de las motivaciones para actuar dentro de la esfera económica, son bastante impropias de un grupo económico serio. Me refiero especialmente a estos forwards y otras cosas, que obviamente no se puede estar de acuerdo con ellas», dijo en una entrevista esta semana.
