«Los últimos seis meses han sido particularmente descriptivos de lo siguiente: el conjunto de los miembros de la universidad han visto mermada su tranquilidad cotidiana y han quedado expuestos a la angustia económica de múltiples consecuencias», aseguró el comunicado de la ELAP.
Esta tarde el Consejo Académico de la ELAP, de la Universidad Arcis emitió un comunicado respecto a lo que ellos califican como «la crisis de gobierno universitario», razón por la que exigen la renuncia inmediata de Elisa Neumann, rectora de la entidad educacional.
El Consejo Académico de la ELAP se ve en la obligación de manifestar su opinión respecto a la crisis de gobierno universitario que se manifiesta en una serie de situaciones y medidas de graves alcances. Tres son los problemas que definen a esta crisis:
a. La ausencia de respuestas estratégicas capaces de minimizar el adversario contexto en que se desenvuelve el proyecto Arcis. Ello se traduce en una gestión incapaz de integrar a todas las instancias universitarias y generar con ellas, una alternativa pertinente y viable. Por consecuencia se han vulnerado principios democráticos básicos que definen la convivencia interna. La expresión de lo anterior -que reviste suma importancia- es el incumplimiento del acuerdo establecido por la corporación de efectuar un proceso democratizador que redundará en un rector y en cuerpos colegiados representativos de la comunidad.
b. El uso desmedido de autoridad para resolver legítimas discrepancias que se dan al interior de una comunidad que tiene como tarea salvaguardar los espacios de diferencia, pluralidad y disenso. A consecuencia de ello, se ha procedido a utilizar arbitrariamente la potestad institucional para negar esta condición, en provecho de visiones sesgadas e inoperantes. El conjunto de despidos que se ha realizado en los últimos meses, cuyo fundamento descansa en la ambigüedad y la desmesura, poniendo en evidencia la falta de conocimiento legal suficiente para entender que los mismos son ilegales.
c. El incumplimiento de los procesos razonables de gestión académica que se expresa en una serie de improvisaciones que ponen en conflicto la continuidad de las carreras y los programas, tanto en pre como en postgrado. Ello significa que, en medio de la crisis, ninguna de las instancias superiores: vicerrectorías, rectoría, corporación y directorio han sido capaces de entregar pautas coherentes y, en más de una oportunidad, han soslayado la gravedad del problema mediante silencios oportunistas o maniobras tácticas. La insistencia en desarrollar un proceso académico normal, teniendo en cuenta las dificultades económico-administrativas, para garantizar a los apoderados, los estudiantes y los académicos la realización de la actividad docente en un ambiente de respeto y viabilidad institucional.
Los últimos seis meses han sido particularmente descriptivos de lo siguiente: el conjunto de los miembros de la universidad ha visto mermada su tranquilidad cotidiana y ha quedado expuesto a la angustia económica de múltiples consecuencias. Sin un criterio responsable se ha entregado información inexacta respecto a remuneraciones y plazos, instrumentalizando las expectativas de cada estudiante, funcionario y académico. Asimismo se ha pretendido situar a las autoridades como los autores de soluciones eficientes pero incomprendidas, mostrando un absoluto desprecio por el esfuerzo realizado por los académicos que cerraron el segundo semestre del 2014 en un clima de incertidumbre y desinformación.
La indiferencia, asimismo, para encarar un debate crítico sobre la universidad y sustituirlo por una serie de consignas y manidas frases sobre el carácter invulnerable del proyecto Arcis, ponen en evidencia la falta de creatividad política y académica de quienes hoy la dirigen. Por otro lado, es necesario insistir en que a la crisis política interna, que se arrastra desde la renuncia del último rector, se ha sumado la injustificada prolongación en el cargo de la actual rectora, contraviniendo el acuerdo de la corporación de ser un gobierno de tránsito. A esto se suma la ausencia real de voluntad para llevar a cabo el itinerario comprometido, cuyo desenlace debería haber sido la elección democrática de las nuevas autoridades en noviembre pasado. De lo anterior se desprende que, ante la eventual designación de un Administrador Provisional, la Universidad se encuentre en una situación de compleja continuidad.
Por lo anteriormente expuesto y sin necesidad de alargarnos en un diagnóstico ya conocido, sólo nos cabe exigir:
1. Renuncia de la actual rectora para destrabar las urgentes medidas que se necesitan implementar a fin de dar garantías y conducción a los procesos internos y externos.
2. Restitución en sus cargos de todas las personas –ilegalmente- despedidas.
3. Explicitación clara y contundente del Directorio y la Corporación respecto a un proceso, serio y organizado, de democratización de la universidad y cambio de autoridades.
4. Presentación de un plan de pago de remuneraciones verosímil fundado en un diseño técnico y político que ejecute, en el más breve plazo, medidas reparadoras en beneficio de los miembros de la universidad. Esta instancia debe ser creada a través mecanismos de público conocimiento e integrada por participantes elegidos por la comunidad por sus competencias y reconocimiento.
Por último solicitamos a todas las instancias de la universidad generar un movimiento unitario de ideas para responder a este insólito momento con generosidad, estrategia y solidaridad.
