La prueba de fuego de un acuerdo nacional que avanza en la cuerda floja

La desconfianza se huele a millas, desde ambos lados de la mesa. La estrategia –con más triunfos que derrotas– de dividir para gobernar que ha aplicado el Gobierno de Sebastián Piñera y un estilo presidencial que no escatima en arrogarse cualquier éxito como propio, tienen a la oposición mirando con suspicacia todos los movimientos desde La Moneda, en el intento por cuajar un Acuerdo Nacional Económico para enfrentar los efectos generados por la crisis sanitaria. Desde Palacio, en tanto, ven con recelo a los representantes del bloque opositor y no descartan –afirmaron– que en cualquier momento de las tratativas «tiren el mantel», presionados por los sectores que fueron excluidos de la negociación.

Todas las conversaciones han sido contrarreloj. Es que esta semana se cumple el plazo autoimpuesto por La Moneda para sellar el pacto económico, uno que le permitiría al Gobierno salir de la tormenta que lo ha tenido navegando a través de un mar de críticas por una serie de erráticas decisiones. Por eso, la necesidad de poder cuajar una salida institucional, que implique la corresponsabilidad de la oposición, se transformó en la primera urgencia palaciega por estos días.

Para aquello, el Presidente Piñera tuvo que tomar una drástica decisión, hizo un ajuste de su equipo político –a contrapelo de las recomendaciones– en medio de una crisis sin precedentes, tirando así “toda la carne a la parrilla”. Movió las piezas de su ajedrez, puso a Claudio Alvarado en la Segpres y a Cristián Monckeberg en Desarrollo Social, mientras que a Felipe Ward lo movió a Vivienda y a Sebastián Sichel lo trasladó a la presidencia del BancoEstado, enroques que le permitieron al Mandatario matar dos pájaros de un tiro: ordenó los equilibrios políticos entre sus partidos y engrosó el calibre de sus ministros de Palacio.

Sellar el acuerdo nacional se trasformó en la prueba de fuego de este nuevo diseño, más aún cuando el éxito de las tratativas todos los días pende de un hilo.

[cita tipo=»destaque»]En esta negociación todos tienen mucho que perder. El Gobierno está contra las cuerdas, porque necesita herramientas para enfrentar la crisis económica –que en sus peores pronósticos se vaticina similar al desplome del año 29– y sustentar las medidas sanitarias de confinamiento para frenar la pandemia. La oposición no puede quebrar las negociaciones sin agotar todas las alternativas, porque, aunque la oferta gubernamental sea insuficiente, la gente necesita recursos y el costo de dejarlos sin los aumentos no es menor.[/cita]

Desde la propia oposición ya les hicieron un reconocimiento general a los nuevos interlocutores del Gobierno y destacaron un orden y alineamiento que no ha sido frecuente en el pasado de parte de la administración piñerista. Aseguraron que “se habla el mismo idioma”, que ya no se enfrentan a los  “titubeos de Ward” o las salidas de libreto del propio Sichel, lo que desde La Moneda han considerado como señales alentadoras.

Pero, más allá de las  alabanzas a los dos nuevos integrantes del comité político, también se elevaron las expectativas de este tira y afloja, pues, tal como señalaron desde la interna del PS, una de las pruebas que tendría que sortear –para ellos– es que Alvarado demuestre cuánto realmente pesa como ministro con un sillón dentro del equipo político, porque una cosa es su calibre negociador y otra distinta es cuánto podrá hacer valer su voz cuando tenga al frente al Presidente Piñera, si logra o no “abrir» al Primer Mandatario y reducir sus resquemores ante cualquier propuesta opositora.

La tarea es compleja y mucho. La Moneda no solo quedó amarrada a la posición irrestricta de la UDI y Evópoli, que pusieron como condición para apoyar las negociaciones que se firme un solo documento y no iniciativas por separado, como buscan en la oposición. Desde Chile Vamos reconocieron que ese requisito inclaudicable le restó margen de negociación a las autoridades encargadas de lograr el pacto económico.

Con el pasar de los días y las horas, las cosas se han ido tensionando cada vez más. A la exigencia de la oposición de elevar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) en cerca el doble de los 70 mil pesos por integrante del grupo familiar ofrecido en la última propuesta gubernamental, por parte del Gobierno se introdujo en el mismo paquete la creación de un «Fogape plus, que permitiría a las grandes empresas emitir bonos o adquirir créditos con una garantía estatal hasta del 60%.  Y en medio de todo esto, se sumó la arremetida del Frente Amplio de pedir la renuncia del ministro de Salud, Jaime Mañalich, con lo que subió en un par de grados el clima de las negociaciones.

A pesar de estas tensiones, una fuente de Gobierno afirmó que la mirada es más optimista de los que algunos pueden creer e hizo hincapié en las señales que ha dado el ministro Monckeberg, quien el domingo afirmó que los montos sobre el IFE se pueden aumentar, lo que claramente fue una señal a la oposición. Desde la administración piñerista recalcaron que difícilmente el nuevo ministro de Desarrollo Social se tiraría públicamente a la piscina de esa manera sin tener un respaldo. “Hay sustento”, aclararon.

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, pieza clave del equipo negociador, también fue optimista, aunque más cauto, durante el comité político del lunes: señaló que había buenas perspectivas para llevar a buen puerto las negociaciones, pero recordó que los acuerdos “se ven en la cancha”.

Ese buen ánimo tiene directa relación con que el aterrizaje de Alvarado en la Segpres, ya que afirmaron que le habría cambiado «el aire» a la conducción política de La Moneda, un flanco muchas veces cuestionado y que, sumando el regreso del exsubsecretario Rodrigo Ubilla, se le habrían puesto los dos soportes que le faltaban a la estantería palaciega, que complementan el resto de la columna vertebral política de La Moneda, que integran el jefe de asesores del segundo piso, Cristián Larroulet, y el ministro del Interior, Gonzalo Blumel.

Ayer en la mañana hubo una nueva reunión, vía Zoom, del ministro Briones, economistas, los senadores de la comisión de Hacienda, más los diputados Marcelo Schilling (PS) y Giorgio Jackson (RD). En la conversación la oposición insistió, de manera unánime, en que el pacto económico sea por 12 mil millones de dólares frescos, que no se incluyan en el monto reasignaciones presupuestarias y que los puntos del acuerdo se voten por separado, no como un todo, como condicionó el gremialismo y Evópoli.

Estrategia arriesgada

En la oposición la desconfianza no solo esta instalada hacía el Gobierno, sino también puertas adentro, porque no pocos tienen frescos en la memoria los múltiples fracasos que han protagonizado durante los últimos dos años a la hora intentar negociar como bloque ante La Moneda de Piñera. Si bien la lista es larga, desde las bancadas del sector en el Congreso precisaron que uno de los episodios que más les ha costado olvidar es aquel del descuelgue de la DC en medio de la negociación por la reforma a las Isapres.

La apuesta en esta ocasión es clara, que el Gobierno asuma su derrota –porque se lo advirtieron hasta último minuto durante la tramitación del proyecto– al conceder un aumento considerable del IFE y que el nuevo monto se mantenga estable, sin gradualidad, por lo menos por tres meses.

El lunes los presidentes de los partidos de oposición hicieron público el piso de sus aspiraciones, lo que forzó a Hacienda a poner sobre la mesa la cifra de los 10 mil millones de dólares. En el conglomerado explicaron que la razón para haber hecho público el documento en medio de la negociación, fue que ya habían pasado dos semanas desde el inicio de las conversaciones y el Gobierno aún no bajaba sus cartas, por lo que la única manera de romper aquel cerco fue exponiendo el piso opositor y la convicción para sentarse a negociar. Era la única manera –agregaron– para que el Jefe de Estado dejara de “blufear” con el llamado al acuerdo y se amarrara públicamente con una cifra.

Pero en la interna del conglomerado fue considerada una jugada arriesgada y errada, a la que le faltó manejo e inteligencia –puntualizaron–, considerando que esta vez no se trata de una negociación cualquiera, sino que con el Gobierno y en un contexto ultracomplejo de crisis sanitaria y económica. Acusaron ansiedad y falta de profesionalismo, porque al exponer públicamente el piso, se obliga a la contraparte a retroceder, debido a que «ya no puede aceptar o acercarse mucho a tu propuesta”, porque aparecerá como haciendo caso, más que negociando, y en política –recalcaron– las cosas no funcionan de esa manera.

Hoy hay una nueva reunión entre el Gobierno, los expertos y los parlamentarios, un diálogo que giraría en torno a los mismos puntos expuestos ayer desde la oposición. Especialmente en el aumento del monto del Ingreso Familiar de Emergencia en el nivel de la línea de pobreza, que significa $369.205 pesos mensuales por tres meses para una familia de tres personas.

En esta negociación todos tienen mucho que perder. El Gobierno está contra las cuerdas, porque necesita herramientas para enfrentar la crisis económica –que en sus peores pronósticos se vaticina similar al desplome del año 29– y sustentar las medidas sanitarias de confinamiento para frenar la pandemia. La oposición no puede quebrar las negociaciones sin agotar todas las alternativas, porque, aunque la oferta gubernamental sea insuficiente, la gente necesita recursos y el costo de dejarlos sin los aumentos no es menor.

Sobre todo cuando, en el discurso público, la autoridad en más de una ocasión ha apelado a una suerte de chantaje comunicacional para sacar adelante sus proyectos, como sucedió con el primer IFE, que en los hechos no ha cubierto las necesidades básicas de un sector de la población.

En este complejo contexto, el recién afinado comité político debe hacer gala de todas sus habilidades para sacar adelante el acuerdo nacional, de lo contrario, ningún pergamino previo blindará a los ministros de una derrota política mayúscula.