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Crédito: Agencia Uno
En una nueva jornada de El Mostrador en La Clave, el abogado constitucionalista, Tomás Jordán, se refirió a algunas de las normas que integran la propuesta de nueva Constitución. En detalle, sobre los derechos de aprovechamiento del agua y cómo estos se entenderán autorizaciones administrativas. «Hay dos reglas generales. Una institucional y otra de los derechos de aprovechamiento que hoy día existen. La regla institucional es que se crea la Agencia Nacional de Agua en la Constitución y se debe enviar un proyecto entre los próximos 12 meses para que la cree y, mientras eso no ocurra, la Dirección General del Agua cumplirá esas funciones», sostuvo. «La otra, tiene que ver con una indicación que se presentó, que con la entrada en vigencia de la nueva Carta Magna, y mientras no se dicte la nueva ley, los derechos de aprovechamiento de agua se entenderán autorizaciones administrativas», complementó. En la misma línea, llamó a la calma a las empresas sanitarias, quienes se habían mostrado contrarios por la normas aprobadas. En ese sentido, Jordán indicó que no tienen mucho de que preocuparse, «porque el consumo humano, que es a lo que ellos se dedican, es la prioridad número uno constitucional. Si uno lo traslada a la autorización administrativa y las prioridades constitucionales, no hay ningún margen para que estas empresas no puedan realizar su labor».
Uno de los temas que más ha concitado la atención nacional en las últimas semanas, es la escasez hídrica y el uso del agua.
En ese sentido, durante la jornada de ayer, el pleno de la Convención Constitucional autorizó a que el Presidente de la República tendrá un año para enviar un proyecto de ley que cree la Agencia Nacional de Aguas y que adecue la normativa sobre las autorizaciones de uso de aguas que imperarán, en remplazo de los derechos de agua que existen actualmente.
«Todos los derechos de aprovechamiento de aguas otorgados con anterioridad, se considerarán para todos los efectos legales, autorizaciones de uso de agua según lo establecido en esta Constitución», indica el artículo transitorio aprobado ayer.
Ante esto, y en conversación con El Mostrador en La Clave, el abogado constitucionalista Tomás Jordán, se refirió sobre estos derechos de aprovechamiento del agua y cómo estos se entenderán autorizaciones administrativas.
“Hay dos reglas generales. Una institucional y otra de los derechos de aprovechamiento que hoy día existen. La regla institucional es que se crea la Agencia Nacional de Agua en la Constitución y se debe enviar un proyecto entre los próximos 12 meses para que la cree, y mientras eso no ocurra, la Dirección General del Agua que hoy día existe cumplirá esas funciones. Esa es la regla institucional», señaló.
«La otra tiene que ver con los derechos de aprovechamiento, que se aprobó ayer una indicación que se presentó que con la entrada en vigencia de la nueva Constitución y mientras no se dicte la nueva ley, los derechos de aprovechamiento de agua se entenderán autorizaciones administrativas. Es decir, hoy día existen derechos de aprovechamiento de aguas y todo eso automáticamente pasan a ser autorizaciones administraciones. Esa es la regla uno», complementó.
En la misma línea, el coordinador del observatorio Nueva Constitución manifestó que «la regla dos, que como requiere todo esto una nueva legislatura de agua, mientras no se dicte esa nueva legislatura va a seguir vigente el Código de Agua. Por lo tanto, podemos ver que todas las personas que tienen derecho de aprovechamiento, si se aprueba la Constitución y entra en vigencia entre los 10-15 días posteriores, van a hacer autorizaciones de uso de agua y ahí se establece una regla también de qué hacer, si se pueden o no transferir estos derechos de aprovechamiento».
Por otro lado, Jordán detalló que «la lógica del estatuto del agua en el borrador de texto es una lógica de que hay prioridades constitucionales y sociales para el uso del agua, que básicamente son el consumo humano, el saneamiento, la disponibilidad de agua y también la mantención del equilibrio ecológico. Y, por lo tanto, el uso del agua, a través de estas autorizaciones, siempre tiene que tener a la vista esta priorización.
Un sector que se había mostrado preocupado por este nuevo proceso, fueron las empresas sanitarias, por lo que Jordán llamó a la calma y señaló que no deben preocuparse, ya que ellos se dedican al consumo humano del recurso.
«Yo creo que las sanitarias no tienen mucho que preocuparse, porque el consumo humano, que es a lo que ellos se dedican, es la prioridad número uno constitucional. Ellos son empresas privadas que, a partir de los derechos de aprovechamiento, ocupan esa agua para consumo humano», enfatizó.
«Si uno lo traslada a la autorización administrativa y las prioridades constitucionales, no hay ningún margen para que estas empresas no puedan realizar su labor», concluyó.
