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Créditos: Agencia Uno
126 expertos alertan sobre las consecuencias negativas de reformas precipitadas en el sistema penal, exigen participación en el Congreso y fundamentos sólidos en la legislación. Advierten sobre un proyecto deficiente que podría tener resultados contraproducentes en la persecución penal.
Profesores, profesionales y trabajadores del área del Derecho Penal y criminología manifestaron su preocupación sobre el trabajo que está haciendo el Congreso Nacional al abordar la crisis actual de seguridad. En particular, la alerta está sobre aquellas reformas que buscan modificar el sistema de determinación de penas, las reglas de salidas alternativas, los procedimientos especiales, las penas de multas y el aumento del presidio en su grado mínimo.
Son 126 especialistas que firmaron una carta en donde sostienen que son testigos de “cómo se legisla de manera precipitada, sin atender las profundas implicancias que pueden tener en el sistema penal las modificaciones que se proponen”.
Con solo leer el primer capítulo del proyecto, en donde se establecen los objetivos, justificación y fuentes, los especialistas son lapidarios: “Se trata de información incorporada de manera errónea, inexacta, incompleta, desactualizada y, en ocasiones, hasta tergiversada”. Por ejemplo, advierten que en el proyecto se utiliza malamente el concepto “reincidencia”.
Por eso lamentan el hecho de no haber sido invitados a las instancias de debate, “dejando la iniciativa legislativa sin el fundamento teórico y empírico que demanda un proyecto en materias tan complejas como las que allí se abordan”, afirman en la carta.
Otra arista que genera preocupación es que el Congreso legisle en materias de seguridad sin atender el proyecto de modificar el Código Penal que también está en tramitación, que, para los especialistas “además de contemplar parte de las materias incluidas en este proyecto de ley, lo hace desde un trabajo de largo aliento, sistemático, basado en evidencia y persiguiendo un objetivo de armonización legal”.
No así el proyecto de ley que están impulsando en el Congreso, puesto que “propone medidas que podrían aumentar la desorganización, agudizando la actual crisis del sistema penal y penitenciario. Con escasas posibilidades de responder de forma efectiva a las legítimas demandas de justicia que emanan de la ciudadanía, siendo más bien posible advertir resultados contraproducentes que acentuarán aún más los defectos de nuestro sistema penal”.
Un problema de perspectiva y contexto puede ser igual o más grave que la tramitación sin fundamentos. El polémico proyecto, según los firmantes, “omite la crítica realidad actual del sistema penitenciario nacional, tal como lo ha advertido recientemente el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, y como lo ha evidenciado en innumerables ocasiones el Instituto Nacional de Derechos Humanos y el Mecanismo chileno para la Prevención de la Tortura”.
Es que ya es de amplio conocimiento que el sistema carcelario se encuentra funcionando al límite de sus capacidades. La población penitenciaria aumentó a niveles cercanos al hacinamiento, lo que también afecta a la seguridad y bienestar de los funcionarios de Gendarmería y socava el objetivo principal, la posibilidad de reinserción de los internos.
Aparte de omitir esta información, los expertos alertan que el proyecto que se tramita rápidamente en el Congreso omite las consecuencias que podría generar en otros grupos más vulnerables como los adolescentes, mujeres, personas de origen extranjero, personas con discapacidad, personas pertenecientes a pueblos originarios, personas con identidad sexo-genérica diversa y otros.
Abogados, docentes y funcionarios dicen ser conscientes de que la mejora del sistema penal es urgente. Sin embargo, “creemos que es fundamental que dichas acciones tengan a la vista información fidedigna, actualizada, de calidad y que tengan cabida en la realidad de nuestro país, así como también un debate en el que converjan las experiencias, los conocimientos y los estudios que nuestros expertos y expertas han recabado”. De lo contrario, dicen, pueden obtener resultados contraproducentes respecto a lo que se busca alcanzar.
Por último, solicitan al Congreso abrir espacios para poder ser parte de las discusiones, debates y construcción de una ley que esté respaldada y actualizada por distintas experiencias y conocimientos de especialistas.
