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Crédito: http://procesoconstitucional.cl
Distintas voces de la derecha comenzaron a bregar por incorporar en forma explícita el concepto en el nuevo proyecto de Carta Magna, pese a que ni siquiera se encuentra estampado como tal en la Constitución de 1980. El PC mira el tema no solo con distancia, sino que también anuncia desde ya que, si ello ocurre, sería un argumento de sobra para llevar el asunto ante la Comisión Técnica de Admisibilidad, pues se estarían franqueando los bordes que impuso la Comisión Experta al hablar de “Estado social”.
En los pasillos del ex Congreso Nacional vuelve a resurgir una palabra que ha estado en el foco del debate constitucional en los últimos años: la subsidiariedad. El quinto punto de las bases constitucionales confeccionadas por la Comisión Experta, que enmarcan la discusión del Consejo, indica que “Chile es un Estado social y democrático de derecho”, pero también agrega que “promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales (…) a través de instituciones estatales y privadas”.
Durante el trabajo de la citada Comisión, fue debatido el tratamiento que debería tener esta norma y si un Estado social era contrario al Estado subsidiario, que el oficialismo apunta como la mayor “camisa de fuerza” de la Constitución vigente, pese a que en esta el concepto nunca se menciona.
Así, durante la jornada de este lunes, la definición del “Estado social” se tomó las comisiones de Derechos y Principios del Consejo Constitucional.
En opinión de Ivonne Mangelsdorff (RN), “la subsidiariedad debe quedar explícita en el texto constitucional”, agregando que “el Estado actúa cuando la sociedad civil no se coloca de acuerdo”. Desde la misma bancada, la consejera Gloria Hutt (Evópoli) dijo que la incorporación del principio de subsidiariedad “puede quedar en el texto, pero es algo que está abierto a la discusión”, en concordancia con lo que plantearon en la misma comisión los expertos Máximo Pavez (UDI) y Carlos Frontaura (Republicanos), dos partidos para los cuales dicho principio de subsidiariedad es fundamental en su forma de concebir al Estado, a tal punto que forma parte de la columna vertebral de la Carta Fundamental de 1980.
Por cierto, tal noción –que fue completamente erradicada en el proyecto de la Convención Constitucional que resultó rechazado en el plebiscito de salida de 2022– encuentra una férrea oposición en la izquierda. Al respecto, el consejero Fernando Viveros (PC) indicó que “el Estado subsidiario ha disminuido al Estado en la participación del cumplimiento de los derechos sociales” y advirtió que “si se avanza en explicitar la subsidiariedad, sería uno de los argumentos para llegar al Comité Técnico de Admisibilidad, porque un Estado subsidiario, que mercantiliza los derechos sociales, va en contra de un Estado social y democrático de derecho, como dicen las bases”.
Hay que recordar que los llamados “árbitros” solo pueden referirse al cumplimiento de las bases constitucionales cuando exista una norma aprobada (en comisión o Pleno) y a requerimiento de 10 consejeros o 10 expertos.
Otra posición dentro del “bloque unitario” (es decir, el oficialismo) la entregó el consejero Yerko Ljubetic (Convergencia Social), quien sostuvo que “si entendemos la incorporación del principio de subsidiariedad como la incorporación de los negocios privados en asegurar derechos sociales, evidentemente estamos frente a una contradicción que no solo pone en cuestión las bases (constitucionales), sino que además constituye un tema complejo desde el punto de vista de los acuerdos para llevar adelante este proceso”. Sobre la posibilidad de que los consejeros de izquierda lleven esto al Comité Técnico de Admisibilidad, se limitó a decir que “es una posibilidad”.
Mayoría en el Consejo, con poder de veto y con una de sus filas en la presidencia del mismo, los republicanos, sin embargo, se han mostrado muy prudentes al respecto. La consejera Mariela Fincheira, por ejemplo, dijo que “el debate se tiene que seguir dando, pero un Estado social y democrático de derecho tiene que ir de la mano con un Estado subsidiario”.
Por su lado, su par Antonio Barchiesi afirmó que “un Estado que no es subsidiario no puede ser social”, aunque no se definió por ninguna solución o enmienda al anteproyecto en particular. Sobre la amenaza de que esta discusión llegue al Comité Técnico de Admisibilidad, se remitió a señalar que “no hay ninguna interpretación más válida que otra”.
