PAÍS
Francisco Paredes/AgenciaUno
Junto con recordar que en el pasado la Corte Suprema tuvo una actitud complaciente frente a las violaciones a los Derechos Humanos, el titular de Justicia destacó en una entrevista que parte importante de lo que se ha logrado avanzar hoy en la materia se ha conseguido gracias a los distintos ministros en visita, destacando también el aporte de la sociedad civil, en especial el de las organizaciones de familiares de víctimas. Respecto de la información, Cordero enfatizó que es evidente que hay personas que aun manejan información y que no las han revelado.
Con evidente emoción y reconociendo la falta de actuación del Estado en la búsqueda de los cuerpos de los Detenidos Desaparecidos (DDDD), el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, indicó durante el lanzamiento del Plan Nacional de Búsqueda, que este “no hubiese sido esto posible sin, primero, la organización de la sociedad civil”.
En el entendido que este plan figura como uno de los elementos centrales de su agenda de gestión -que se suma a la ley de delitos económicos y la creación de nuevas cárceles- Cordero recordó que en el Ministerio de Justicia se encuentra “la sábana”, como se denominaba a la gran planilla que se fue llenando durante la época de la dictadura con los datos de los detenidos y los desaparecidos en la Vicaría de la Solidaridad, información que “fue clave para los procesos de investigación judicial posterior, forma parte de los archivos de memoria del país”.
Cordero indicó que, respecto de los familiares de las víctimas, “yo represento al Estado para todos los efectos (y) es el Estado del que he hablado hoy día frente a ellos y el Estado al que he asumido un compromiso. Durante largo tiempo, los familiares han tenido desesperanzas aprendidas. Nosotros hemos desarrollado un diálogo con ellos, no sin diferencias, pero lo hemos desarrollado”. En el mismo sentido, indicó que durante mucho tiempo fueron ellos (los familiares) quienes sostuvieron las búsquedas, pero “el Estado es el que cometió esos crímenes, es el Estado el que tiene que hacerse cargo. Eso que pareciera para cualquiera de nosotros algo muy trivial hace toda la diferencia”.
En cuanto a la implementación del plan, aseguró que este posee objetivos, metas y acciones, por lo cual “se ha diseñado de un modo tal, que sea posible ir estableciendo indicadores de verificación por cada etapa”. La primera fase, especificó, es la de “incorporación y de integración de toda la información. Este es un trabajo que estamos realizando conjuntamente con el equipo coordinador de la Corte Suprema, que es la que tiene toda la información que está vinculada a los expedientes”, respecto de lo cual calificó como “abrumadora” la cantidad de información que existe en las distintas causas judiciales. Sin embargo, precisó que “lo que es bien increíble es que hasta el día de hoy el Estado chileno no tiene recopilado en un solo lugar toda la información que permita ordenar y sistematizar”, por lo cual la primera tarea es escanear todos los documentos y cruzar los datos de ellos, a fin de seguir avanzado en la búsqueda.
Al respecto, precisó que, además, “las Fuerzas Armadas y de Orden han entregado información específica en el contexto de esas investigaciones judiciales” y que “en el país existen personas que tienen información. El Plan Nacional de Búsqueda tiene por propósito integrar la información que es pública, pero también es una invitación a aquellas personas que disponen de esa información a entregar y así facilitar las indagaciones”.
En cuanto a la derecha y su ausencia del acto de lanzamiento, detalló que “durante el proceso de diálogo para la elaboración del Plan Nacional de Búsqueda yo me reuní con personas de la oposición. Yo lo he dicho en otras oportunidades. Ninguna persona de la oposición representó u objetó nada en relación al Plan Nacional de Búsqueda”.
La permanente desconfianza
Como él también lo admitió previamente, en una entrevista con radio Cooperativa, la relación con las agrupaciones de familiares ha sido “dura” y en ello han intervenido muchos factores, entre los cuales mencionó que “durante la primera parte de la década de los ’90 nosotros tuvimos un Servicio Médico Legal que estaba desmejorado y se produjeron los errores de identificación en el caso del patio 29. Eso generó una gran desconfianza en ese período, eso provocó entonces que las indagaciones que estaban haciendo los jueces de dedicación exclusiva en la primera parte del 2000 llevaran a que las custodias de los hallazgos que tenían, de las excavaciones, fueran destinadas a otro lugar. Entonces fue una cadena de errores que en el tiempo ha sucedido”.
Una forma de reparar aquello, informó, es que hoy “el Estado de Chile está haciendo una inversión muy significativa en infraestructura y tecnología para el nuevo edificio del Servicio Médico Legal”, refiriéndose a las nuevas instalaciones de Santiago, ubicadas detrás de centro de Justicia, el, que en la ciudad de Santiago está exactamente detrás del Centro Justicia de Santiago, el cual es un edificio dotado de tecnología de punta, que estará listo en 2025.
Asimismo, destacó en forma especial el capítulo de Derechos Humanos del libro del excomandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez Menanteau, el cual invitó a leer, pues dijo que “el general Martínez llama las cosas por su nombre y lo dice tal cual: que en el caso de la desaparición forzada (..). es un crimen que ha terminado por perjudicar no solo a los familiares, sino que también al ethos militar. Y me parece que esas palabras, yo ayer acompañé al general Martínez en el lanzamiento de su libro, creo que dicen mucho de un ejército comprometido con la Constitución”.
En cuanto al costo del plan, no entregó montos, pero dijo que hay varios tipos de presupuestos involucrados: “uno que tiene que ver con el equipo multidisciplinario. El segundo es el que está vinculado a inversión en tecnología (algunas de esas inversiones ya las estamos desarrollando con presupuestos de este año) y el tercero tiene que ver con todos los peritajes, con el financiamiento de peritajes que solicitan o ejecutan los jueces de dedicación exclusiva. Además, existe un presupuesto separado para el Servicio Médico Legal que, de hecho, el presidente ya lo anunció en su cuenta pública”. Al respecto, indicó que esperaba tener un monto consolidado a fines de septiembre.
Más temprano, en la mencionada entrevista con radio Cooperativa, el secretario de Estado había manifestado su convicción absoluta de que aún quedan victimarios que manejan antecedentes acerca del destino final de los detenidos desaparecidos. En el mismo sentido, indicó que en función de las mismas investigaciones, donde varios victimarios han entregado información por distintos motivos, “es evidente que hay personas que tiene información” que aún no han entregado. “No cabe ninguna” a ese respecto, precisó, puntualizando que “a 50 años del golpe, las investigaciones judiciales siguen arrojando resultados”.
De las víctimas, señaló Cordero, el 96% eran hombres y su promedio de edad era de 29 años. Más del 50% eran obreros o campesinos y casi el 40% de ellas no tenía militancia política alguna. Sin embargo, precisó que, de quienes buscan a sus seres queridos, el 96% son mujeres, aseverando que la búsqueda se ha sostenida fundamentalmente en la persistencia de los familiares, en especial de las mujeres.
Consultado acerca del papel de la judicatura en el plan, aseveró que en el pasado “tuvimos un Poder Judicial que se resistió muchísimo” a cooperar en la resolución de las violaciones a los DDHH, y recordó el discurso “muy incendiario” (como lo calificó) del presidente de la Corte Suprema en 1973, Luis Urrutia Manzano y la posterior complacencia de ese tribunal, luego del golpe de Estado. También rememoró que “cuando apareció el informe Rettig, una de las instituciones, además del Ejército, que reaccionó en forma más negativa, fue el Poder Judicial”, para también mencionar que, sin embargo, al cumplirse los 40 años del golpe, el presidente de la suprema en 2013, Rubén Ballesteros, “reconoció los errores del Poder Judicial y dijo explícitamente que los jueces debieron haber hecho mucho más de lo que hicieron”, algo que el secretario de Justicia explicó en el sentido de que “el propio Poder Judicial tuvo como una redención en sí mismo” y hoy, a 50 años de la interrupción violenta de la democracia, “el mecanismo de búsqueda en Chile son los jueces de dedicación exclusiva”.
En el mismo sentido, destacó la decisión de muchos magistrados, a partir del año 2000, en orden a tipificar las violaciones a los DDHH como delitos de lesa humanidad, lo que impide que sean prescritos por medio de la ley de amnistía, aseverando que “hoy día, la justicia y la verdad que tenemos es, en buena parte, por lo que ha estado desarrollando el Poder Judicial en los últimos años”.
En la misma entrevista, se le preguntó sobre los dichos del presidente Boric respecto en orden a que “otros mueren de manera cobarde para no enfrentar la justicia”, en una evidente alusión al suicidio del general Hernán Chacón, condenado a 25 años por los crímenes de Víctor Jara y Littré Quiroga.
Al respecto, señaló que a él no le corresponde calificar las declaraciones del mandatario. Pese a ello, comentó que “yo creo que el presidente reveló en eso, probablemente, la impotencia de muchos familiares de las víctimas, que después de muchos años obtienen sentencias y se producen circunstancias como esa”.
