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Los descargos los hicieron desde la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados de Chile, y desde el Instituto Nacional de Jueces de Policía Local. Los reparos apuntan a la falta de garantías de independencia interna del Poder Judicial y la eliminación de los tribunales comunales.
El proceso constitucional sigue su curso, de cara al plebiscito del 17 de diciembre, y mientras el “En Contra” se posiciona en las encuestas como la opción con más preferencias, continúan los reparos al contenido del eventual texto final. Esta vez, gremios del Poder Judicial hicieron sus descargos y preocupaciones frente al contenido de algunos articulados.
La Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados de Chile emitió un comunicado en el que expresaron “extrema preocupación por las significativas falencias técnicas y conceptuales” en relación al Poder Judicial. Específicamente, señalaron el artículo 25, argumentando que este “interfiere con la labor de aplicación e interpretación judicial en materia de derechos constitucionales y arriesga erosionar profundamente la tutela judicial efectiva”.
Los magistrados han subrayado que tanto la Comisión Experta como el Consejo Constitucional han llegado a un consenso sobre la necesidad de separar las funciones de gobierno judicial de las actividades jurisdiccionales, una condición esencial para una magistratura orgánica e independiente. Sin embargo, han advertido que “las propuestas del Consejo se alejan de este propósito en lo que respecta a la Corte Suprema, otorgándole funciones significativas en la gobernanza, lo que no solo afectaría la independencia interna del Poder Judicial, sino que también tendría un impacto en el papel de la Corte Suprema como órgano jurisdiccional y uniformador de jurisprudencia”.
Además, han cuestionado que “la fórmula propuesta se distancia de las directrices de las Naciones Unidas y del Consejo de Europa en cuanto a la independencia judicial, que establecen que estos órganos deben estar mayoritariamente integrados por jueces y juezas elegidos por sí mismos. La propuesta, en el caso de los representantes de los jueces y juezas, establece un sistema de designación por sorteo, a diferencia de lo propuesto para los ministros y ministras de cortes de Apelaciones y la Suprema, donde sus representantes pueden ser elegidos entre sus pares. Esta distinción, exclusión o restricción para todos los jueces de primera instancia carece de toda justificación razonable”.
Este rechazo se debe a que “el sistema de sorteo excluye a más del 60% de jueces y juezas de Chile, sin justificación más allá de la ubicación geográfica donde ejercen sus funciones, ya que solo considera ‘sorteables’ a los jueces y juezas que han ocupado su cargo por más de 10 años. Este diseño solo reproduce la jerarquía actualmente existente, la cual ya ha sido señalada por la Corte Interamericana y esta Asociación como una amenaza para la independencia interna”, concluyen los magistrados.
La inquietud en el Poder Judicial se mantiene mientras el proceso constitucional avanza hacia su conclusión.
Molestia también existe en el principal gremio de jueces y secretarios abogados de los Juzgados de Policía Local, luego que el Consejo Constitucional y la Comisión Experta rechazaran una propuesta -que estaba incluida en el borrador del anteproyecto- que creaba los Tribunales Comunales y establecía el camino para el traspaso de los JPL a esta nueva institucionalidad.
Durante la última semana, desde la cúpula de los JPL -que reúne a más de 360 asociados perteneciente a casi el 70% de los 379 Juzgados de Policía Local en el país- se envió una nueva carta, esta vez a los comisionados, reiterando sus inquietudes y colocando sobre la mesa una alternativa para que puedan ser considerados en la redacción de la Carta Magna.
A diferencia de lo que se trazó en el borrador del anteproyecto, en esta nueva propuesta se señalaba que “en cada comuna del país habrá Tribunales Comunales con las competencias que determine la ley (…) Procurará la adopción de medios alternativos de solución de conflictos”.
También, en una disposición transitoria, se proponía que “el Presidente de la República, dentro del plazo de cinco años contado desde la promulgación de esta Constitución, presentará un proyecto de ley que regule la organización, el funcionamiento y las competencias de los tribunales comunales a que se refiere el inciso 4 del artículo 159, los que serán los continuadores de los Juzgados de Policía Local”.
Sin embargo, esta alternativa de redacción de inciso no prosperó, situación que ha decepcionado a la directiva nacional del Instituto Nacional de Jueces de Policía Local, que esperaban de este nuevo proceso constitucional la oportunidad de avanzar en una real modernización en los JPL y terminar con la doble dependencia.
Al respecto, la presidenta del INJPL, Carola Quezada, sostuvo que con esta nueva redacción se buscaba asegurar “el acceso uniforme a una tutela judicial efectiva que, no solo resuelva los asuntos de interés comunal, sino que, también evite que pequeños conflictos escalen a problemas mayores, con resolución alternativa de conflictos y un catálogo actualizado y sistematizado de competencias jurisdiccionales que, por supuesto, deben ser discutidos en sede legislativa”.
“Pero, la decisión del Consejo Constitucional y de la Comisión Experta, de excluir respecto de la creación de los Tribunales Comunales, que reemplazarían la labor que actualmente realizamos los Juzgados de Policía Local, es darle la espalda a la ciudadanía, a las regiones y a las comunas rurales y con menos recursos en Chile”.
En este sentido, Quezada enfatizó que esta decisión de no incluir a los JPL en la nueva Carta Fundamental se traducirá “en que su nivel y calidad de servicio en el ámbito judicial local dependerá directamente del presupuesto comunal respectivo, lo que en la práctica mantendrá la precariedad institucional, con juzgados de primer y segundo nivel”.
Finalmente, la presidenta del INJPL precisó que “seguiremos como gremio buscando las instancias respectivas, con el Gobierno, con el Parlamento y con el Poder Judicial, para resolver las diversas demandas que hemos planteado estos últimos años para modernizar y digitalizar la nuestra judicatura, como también para fortalecer las capacitaciones de los JPL en todo el país”.
