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El nombramiento de la hermana del diputado Raúl Leiva y del notario Francisco Leiva en la Primera Notaría de Lo Espejo, ha despertado las críticas de parlamentarios y de la Fundación América Transparente. Acusan “nepotismo” en el Gobierno del Presidente Gabriel Boric.
La elección de María Elena Leiva Carvajal, hermana del diputado del Partido Socialista (PS) Raúl Leiva Carvajal y del influyente notario Francisco Leiva Carvajal, como titular de una codiciada notaría en la región Metropolitana, ha generado controversia debido a la estrecha relación entre esta familia y diversos cargos influyentes en el sistema notarial.
María Elena Leiva, abogada de la Universidad de Las Américas, se graduó en octubre de 2020, según los registros del Poder Judicial. Sin embargo, según consignó una nota de radio BioBio, apenas tres años después, el gobierno del Presidente Gabriel Boric, quien ha criticado el nepotismo y el “pituto” durante su campaña y respaldado iniciativas para reducir la influencia de los notarios, la designó como la titular de la Primera Notaría de San Miguel, con sede en la comuna de Lo Espejo.
De acuerdo al citado medio, el Ministro de Justicia, Luis Cordero, firmó el Decreto Nº 113 para su nombramiento el 23 de octubre pasado. A diferencia de otros procesos de designación, este trámite, que por lo general demora meses, se completó en tan solo siete días, o tres días hábiles.
“Esto sigue pasando porque las reformas apenas avanzan y el sistema judicial y político siguen operando sin pudor“, comentó la Fundación América Transparente en sus redes sociales.
María Elena Leiva Carvajal, de 52 años, ocupaba previamente el cargo de notario interino en la Primera Notaría de San Miguel desde noviembre de 2020. Hoy asume la posición de titular, que quedó vacante tras el nombramiento de Pablo Hales como notario de la Décimo Tercera Notaría de Santiago en diciembre de 2021.
La influencia de la familia Leiva Carvajal en el Poder Judicial es ampliamente conocida en los círculos judiciales, ya que numerosas nominaciones han evidenciado el interés de los miembros de la familia Leiva por acceder a cargos en la institucionalidad judicial.
Cabe mencionar que Francisco Leiva Carvajal, hermano del parlamentario, ha sido titular de la Segunda Notaría de Santiago desde 2009, una notaría que atiende a una clientela de alto patrimonio. Francisco incluso ocupó la suplencia en el cargo de Conservador de Hipotecas y Gravámenes del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, con la aprobación de las respectivas cortes de apelaciones.
Incluso la segunda generación de la familia Leiva ya ha entrado en el sistema notarial. El sobrino del notario y del diputado, Felipe Leiva Ilabaca, ocupa el cargo de titular en la Primera Notaría de Ovalle.
Sin embargo, la relación de los Leiva con las notarías no comenzó con los Leiva Carvajal. Su tío y también padre de Leiva Ilabaca, Raúl Leiva Uribe-Echeverría, es el titular de la Notaría, Conservador y Archivero en Quirihue.
Además, como informó BioBio, la esposa del diputado Leiva y cuñada del notario Leiva, se desempeña como jefa de recursos humanos del Registro de Propiedad y Comercio del Conservador de Santiago, un cargo al que accedió cuando Francisco Leiva ocupó la suplencia en ese mismo lugar.
El diputado del Partido Republicano, Luis Sánchez, cuestionó el nombramiento de María Elena y emplazó a su par del PS. “Justo al diputado que dirige la comisión de Constitución, donde pasan todas las leyes del Ministerio de Justicia, ese mismo ministro le nombra a su hermana notario”, cuestionó el parlamentario en su cuenta de X.
En una presentación ante la Corte de Apelaciones de Santiago en agosto de 2020, la notario Valeria Ronchera Flores acusó a su colega Francisco Leiva Carvajal de intentar vulnerar el sistema de autenticación de identidad que ella había implementado. Según consignó una nota del diario La Segunda, Leiva, conocido por ser el titular de la Segunda Notaría de la capital y hermano del diputado Raúl Leiva, habría utilizado una máscara con su rostro para lograr que la plataforma informática reconociera su máscara como el rostro de una persona viva.
La presentación de la Asociación de Notarios, que buscaba paralizar la implementación de la firma electrónica y reconocimiento facial, fue revisada por la Corte, que inicialmente prohibió el uso de sistemas computacionales para autorizar instrumentos privados. Sin embargo, posteriormente, la Corte reconsideró su decisión y permitió al menos el sistema de firma electrónica.
Francisco Leiva Carvajal, en respuesta a las acusaciones de intento de vulnerar el sistema de verificación de identidad mediante biometría facial, alegó en dicha instancia que no está activamente involucrado en la Asociación de Notarios que impugnó el uso de tecnología y afirmó que la Corte no inició una investigación formal sobre su conducta. Además, Leiva afirmó que realizó personalmente una prueba del sistema de autenticación y encontró una vulnerabilidad al validar indebidamente una fotografía de su rostro. Además, señaló que las firmas autorizadas se calificaron erróneamente. Sostuvo que informó a la colega Valeria Ronchera sobre sus acciones por preocupación por la integridad de las actuaciones notariales. En su respuesta, Leiva criticó a Ronchera por reconocer implícitamente la fragilidad del sistema al dejar de utilizarlo y aseguró que siempre ha actuado de manera recta y conforme a la legalidad.
En septiembre del año pasado, el exdiputado, exconvencional y expresidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín, reconoció a CIPER su “imprudencia” en la venta de una propiedad de ese partido, ubicada en avenida Macul, que se vendió por un valor significativamente más bajo que su tasación. Se reveló que Chahín vendió la propiedad en $366 millones, a pesar de que una tasadora estimó su valor en $620 millones. Además, la promesa de compraventa se firmó en mayo de 2021, pero correos electrónicos sugieren que la firma se realizó al menos diez días después de que Chahín dejara la presidencia del partido, lo que planteó cuestionamientos sobre la fecha de la transacción.
El caso de Macul es uno de tres en los que la directiva de Chahín enfrentó críticas por ventas de propiedades que generaron menos ingresos de lo esperado. El segundo involucró la venta de una propiedad en Talagante, tasada en $1.762 millones y vendida en $838 millones. La propiedad fue adquirida por el archivero judicial Julián Miranda y por el notario Francisco Leiva y su esposa, la jueza de familia Paola Zigante.
