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Créditos: PPD
La crisis de seguridad abrió un flanco en el Gobierno y amenaza a la a ministra Tohá con un juicio político. La iniciativa de los diputados de centroizquierda que piden estado de excepción fue descartada por el presidente del PPD, Jaime Quintana.
El ataque a la carabinera con una granada, los secuestros de las últimas horas y otros hechos delictivos han exigido nuevamente que el Gobierno tome la seguridad como una prioridad en medio de la tramitación de la ley de presupuestos y en la campaña del plebiscito. Desde el Gobierno dicen que esperan no politizar el tema de seguridad, bajar la discusión a un plano técnico y así enfrentar la ofensiva opositora. Sin embargo, un grupo de diputados del Socialismo Democrático no sigue la línea del Gobierno e incluso sus propios presidentes de partido les quitaron el piso.
En medio de la ofensiva opositora por el caso de seguridad, en el que tanto Republicanos como Renovación Nacional, apuntaron a la ministra del Interior, Carolina Tohá, como la principal responsable y amenazaron con acusarla constitucionalmente, diputados del Socialismo Democrático ingresaron una Solicitud de Resolución para que el Gobierno decrete Estado de Excepción Constitucional de carácter nacional, focalizado en las zonas más afectadas a propósito de los últimos delitos de connotación.
Parlamentarios de centro izquierda flanqueaban al PPD Raúl Soto, quien lideró el anuncio. El ex presidente de la Cámara aseguró que “si bien el gobierno está haciendo el máximo de sus esfuerzos con todas las capacidades del Estado, y lo valoramos, todo lo que se está haciendo es insuficiente porque el Estado de Chile, más allá del gobierno de turno, estaba años atrasado, y estamos hoy día enfrentando un crimen organizado muy sofisticado, con mucho poder de fuego y con mucho poder económico”.
Soto indicó que “llegó la hora de actuar, llegó la hora de ponernos los pantalones para enfrentar con decisión y librar una batalla frontal a la delincuencia y al crimen organizado” y aseguró que “en seguridad no hay división ideológica que valga, debemos trabajar unidos. No es tiempo de diagnósticos, los diagnósticos ya están hechos, es tiempo de actuar”.
La iniciativa no solo se queda ahí. Los diputados Jaime Araya (IND-PPD), Cristián Tapia (IND-PPD), Héctor Ulloa (IND- PPD), Carlos Bianchi (IND), Felipe Camaño (IND-DC), Eric Aedo (DC), Tomas Lagomarsino (PR), Marcos Ilabaca (PS) y Soto, además, propusieron una “operación rastrillo” para llevar a la justicia o expulsar extranjeros irregulares que están cometiendo delitos, así como la creación de una cárcel de alta seguridad para el crimen organizado.
Sin embargo, luego de la reunión semanal que tienen los presidentes oficialistas los días viernes, el presidente del PPD Jaime Quintana, en el patio de la sede de Convergencia Social -que comparte con Revolución Democrática- le quitó piso a la propuesta liderada por Soto.
Quintana advirtió que los temas del estado de excepción aparecen cada cierto tiempo, “pero evidentemente no tienen ningún sentido”. El senador agregó que el oficialismo está alineado a nivel de presidencia, aseverando que “aquí hay una opinión colegiada por 10 presidentes de partidos de todo el oficialismo, que no solo creen que eso es completamente inviable, sino que las medidas excepcionales no resuelven los problemas permanentes”.
El presidente de RD, Diego Vela, confirma los dichos de su par. “El senador Jaime Quintana, presidente del PPD, ha sido muy claro: acá necesitamos medidas que sean efectivas que apunten al problema de seguridad”. Sobre la propuesta de los diputados, indicó que “no resuelve problemas que son permanentes y, en ese sentido, estamos coordinados todos los partidos en la misma postura de seguir colaborando en esto y el emplazamiento, sobretodo a la derecha, es que busquemos avanzar en estas medidas, a trabajar en conjunto y a responder a los problemas que tienen las personas”.
Desde el Gobierno esperan que el tema de la seguridad se trate de manera técnica. Un gesto de aquello fue la nueva invitación a los ex subsecretarios y ministros del Interior de distintos gobiernos a plantear soluciones que logren darle salida a la crisis.
Por parte de los partidos, en tanto, buscan emplazar los condicionamientos de la derecha, pues advierten la misma estrategia que se utilizó en marzo luego del asesinato a la carabinera Rita Olivares durante un operativo en Quilpué. Es por eso que la idea es desestimar sus ofensivas contra la ministra del Interior y llamarlos a un acuerdo amplio.
Esto se da en un contexto en el que la ministra Tohá ha sido muy criticada por algunos de sus dichos de las últimas semanas, como cuando opinó los atletas cubanos que habían huido de la villa Panamericana “pueden estar haciendo perfectamente turismo” (tras lo cual terminaron solicitando refugio en Chile) o cuando reveló que el empresario secuestrado en la VI región logró liberarse luego de que se pagara la fianza, algo que hasta el policía más bisoño sabe que no debe decirse.
Presidentes de partidos oficialistas mencionan bajo reserva que ese grupo de diputados tiende a actuar sin una alineación previa con sus colectividades y, sobre el diputado Soto, en particular, reconocen en él “una narrativa propia”.
Eso, por diferentes declaraciones que van a contramano de lo que el Gobierno propone. Por ejemplo, cuando se discutía la reforma tributaria, dijo que estaba cuestionando su “permanencia en el partido”, luego de rechazar la decisión del conglomerado de respaldar la idea de legislar sobre la reforma tributaria del Gobierno, advirtiendo que el proyecto tenía fundamentos “totalmente contrarios a los que debiéramos defender”.
Al ser consultado al respecto, Soto sostuvo que el mundo político “en general vive en una burbuja alejada de la realidad de las personas. Los chilenos están viviendo con temor por esta crisis de seguridad y requieren protección. Los invito a salir de esa burbuja”. Mientras el país atraviesa una crisis de seguridad y “son atacados con granadas y armas”, dice el diputado, “el Estado responde con informes, reuniones y medidas de largo plazo.Cuando secuestren o asesinen a un político quizás ahí recién van a reaccionar y ya va ser tarde”.
Una alternativa, para Soto, está en “una medida de shock para frenar esta escalada de delincuencia y crimen organizado y en lo inmediato lo más efectivo sería un estado de excepción a nivel nacional, donde los esfuerzos policiales y militares se vayan focalizando en las regiones y ciudades con mayor índice de delitos violentos”. Para él, “ se trata de una medida transitoria para normalizar la situación”.
Otro diputado de la bancada del PPD, pero independiente, es Jaime Araya. El parlamentario cree que “los presidentes de partido consideran que esta propuesta no tiene sentido, pero el problema es de ellos, porque estas ideas estoy convencido que le hacen mucho sentido a la gente que es víctima de sicariatos, secuestros, extorsiones, motochorros y otros delitos importados del extranjero”.
Araya solicita que “ojalá se interesaran más en los temas y los vieran con mayor profundidad, antes de descalificar la propuesta. Las medidas de excepción tienen que ver con habilitar la posibilidad de trabajo conjunto de policías y FFAA, utilizando la herramienta del control preventivo migratorio”.
Para el diputado, en definitiva, “se requieren medidas urgentes e inmediatas y paralelamente otras más estructurales y de largo plazo”, pero también critica duramente a las cúpulas del oficialismo, aseverando que “afortunadamente son presidentes de partido y no médicos de urgencia”.
