PAÍS
Víctor Huenante/AgenciaUno
Estadísticas oficiales evidencian que los ingresos de causas desde 2006 a 2022 aumentaron en 50%, que los homicidios se incrementaron en 40% en los últimos seis años y los secuestros en 140% en 10 años.
La política chilena se securitizó en las últimas semanas, como consecuencia de una serie de hechos criminales muy violentos, incluyendo varios secuestros en distintas partes del país, homicidios, el ataque con granada a una carabinera y el hallazgo de restos humanos en una playa de la Región de Coquimbo, entre otros hechos, todo lo cual llevó a la oposición a iniciar una embestida frontal en contra de la ministra del Interior, Carolina Tohá.
Ante ello, el debate también se ha dado en términos de si existe un alza objetiva de delitos –lo que todas las autoridades niegan con distintos énfasis– o si es solo un problema de percepción, alimentado por las redes sociales, la prensa y políticos de derecha, pero hoy también de izquierda. De hecho, la última Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) confirma que Chile llegó a sus índices más altos en cuanto a la percepción de inseguridad en una década: 90.6%
Sin embargo, más allá de las percepciones, las cifras más comprehensivas al respecto son las que maneja el Ministerio Público, que a contar de 2005 comenzó a actuar en todo el país –pues cabe recordar que, a partir de 2001, se fue implementando gradualmente, en distintas regiones–. Como solo inició sus operaciones a mitad de ese año en la Región Metropolitana, su primera estadística completa de ingresos de causas anuales a nivel país data de 2006. Se trata de informes completamente públicos, que cualquier persona puede consultar desde la web, en esta dirección.
En 2006, dicha institución –que centraliza prácticamente todas las denuncias por hechos constitutivos de delito en el país (salvo los cometidos en algunos aspectos de la esfera militar)– registró un ingreso al sistema de 944.547 casos.
Al año siguiente los ingresos (es decir, las denuncias, que pueden ser por uno o más delitos) crecieron en forma relevante, pues llegaron a 1.078.307. Luego, hubo un nuevo salto importante, pues los ingresos fueron 1.219.797 en 2008 y a partir de ese momento siguieron creciendo, pero en 2012 hubo una disminución respecto del año anterior: 1.323.645 ingresos vs. 1.378.873. En 2013 bajaron de nuevo, esta vez a 1.301.138.
En 2014 los ingresos fueron 1.348.985 y desde ahí hasta 2017 (año que cerró con 1.323.324 delitos) hubo leves bajas, estabilizándose las cifras en órdenes ligeramente superiores a 1 millón 300 mil.
Sin embargo, en 2018 hubo un aumento respecto de ello (1.379.642) y al año 2019 Chile por primera vez superó el millón y medio de registros delincuenciales: 1.508.350, para ser más exactos.
Al año siguiente, con la pandemia, la cifra bajó, pero no regresó a los niveles previos a 2018, pues hubo un total de 1.430.960 ingresos, los que bajaron fuertemente en 2021 (1.289.255), pero volvieron a ascender en 2022, cuando hubo 1.425.712 causas.
Entre enero y septiembre de este año, el Ministerio Público registra un total de 1.146.572 causas ingresadas a su sistema. Si eso se proyecta en forma mecánica, el total de 2023 debería ser, de nuevo, igual o superior al millón y medio de ingresos.
Por supuesto, en todas estas cifras influyen fuertemente una serie de factores, entre ellos, la creación de nuevos cuerpos legales –y, por ende, de nuevos delitos–, la exigencia de denuncias para cursar seguros en muchos casos y también situaciones estacionales, como sucedió, por ejemplo, con el estallido social, la pandemia y las infracciones al Código Sanitario.
Independientemente de los motivos por los cuales aumentaron los ingresos, la estadística evidencia que en 16 años estos se incrementaron en un 50%, aproximadamente, lo que no guarda relación con el crecimiento de la población, pues esta, en 2006, era de 16.432.672 habitantes, de acuerdo con las proyecciones del INE.
Hoy en día no hay una cuenta exacta de cuántas personas viven en el territorio nacional, pues el último guarismo que existe es el del censo de 2017, según el cual había en Chile 17.574.003 habitantes. Sin embargo, además del crecimiento natural de la población, existe una cantidad aún no contabilizada de migración, aunque las últimas estimaciones del INE cifran a los migrantes en cerca de 1.5 millones de personas. En otras palabras, Chile tendría un poco más de 19 millones de habitantes, por lo cual el crecimiento de los ingresos de delitos alcanzaría proporcionalmente casi el doble del aumento de la población entre 2006 y 2022.
Con todo, los reyes de los delitos en Chile son más bien menores: robos no violentos, hurto y lesiones, los que en 2006 correspondieron al 19.3%, 13.3% y 14%, respectivamente, de todos los delitos ingresados al sistema. En 2022 los porcentajes no variaron mucho: los robos no violentos constituyeron el 14.1% de los ingresos, las lesiones el 12% y los hurtos el 8.4%.
Lo que sí cambió notoriamente fue la comisión de delitos de mayor cuantía, es decir, crímenes, como se denomina en Chile a aquellos hechos que tienen asignada una pena en abstracto superior a los cinco años y un día. De estos, dos son los que quizá causan mayor conmoción pública: el homicidio y el secuestro.
La información que maneja al respecto el Ministerio Público, sin embargo, no está desagregada en sus boletines anuales, donde en la categoría de “homicidios” incluye todos los casos de este delito, independientemente de su grado de ejecución, es decir, allí consideran todos los casos de homicidios, ya sean aquellos que efectivamente culminaron con la muerte de una o más personas, como también los homicidios frustrados y las tentativas de homicidio.
Desde ese punto de vista, quizá la información más cercana a la realidad que se puede revisar, en cuanto a personas asesinadas en Chile, es la del sistema STOP de Carabineros, cuyos datos también son públicos, pero solo están a disposición desde 2017, cuando se creó.
Ese año, Carabineros (que es la policía a la cual habitualmente se llama cuando sucede algún hecho en la vía pública) registró 593 casos, los que bajaron a 540 en 2018. Al año siguiente subieron levemente, a 561, y en 2020 hubo un incremento notorio: 718. Luego, quizá nuevamente debido al efecto de la pandemia, se registraron 585, pero en 2022, en coherencia con las cifras globales del Ministerio Público, hubo una explosión de casos: 832 homicidios registrados solo por Carabineros. En 2023 van 696 casos, por lo que es probable que el año cierre con cifras un poco menores que las de 2022.
En otras palabras, en solo seis años (de 2017 a 2022) los homicidios cuantificados por la policía uniformada aumentaron en 40%. Por cierto, no se trata solo de un incremento en cuanto a cantidad, sino también en lo relativo a la metodología: cada vez son más frecuentes los sicariatos (homicidios cometidos por personas que no tienen relación entre ellas, lo que dificulta la investigación), además del uso de armas de alto calibre, los homicidios cometidos en movimiento (es decir, desde un vehículo hacia un blanco también móvil o fijo) y la desaparición forzada de los cuerpos.
Un ejemplo de ello es que hoy, en el caso de “Los Gallegos” –la facción del Tren de Aragua que actúa en Arica–, si bien se ha logrado esclarecer una decena de asesinatos vinculados a esa organización criminal, se estima que existen varios más que no registran avances, debido a que los cadáveres de las víctimas fueron sepultados en el desierto.
Pese a ello, es cierto lo indicado por distintas autoridades, en orden a que la tasa de homicidios en Chile sigue siendo de las más bajas de todo el continente, pues fue de 4.7 por cada 100 mil habitantes en 2022, según indican los datos de la Subsecretaría de Prevención del Delito. De hecho, según Insight Crime, el año pasado, luego de Chile, estaba Nicaragua, con 6.7% y en el tope de la tabla se hallaban Venezuela (40.4), Honduras (35.8), Colombia (26.1), Ecuador (25.9) y México (25.2). Curiosamente, los únicos tres países sobre los que no hubo cifras oficiales al respecto fueron nuestros vecinos: Perú, Bolivia y Argentina.
Sin embargo, también es cierto que la tasa de homicidios en Chile se ha ido incrementando con el paso de los años.
En 2005, según la Subsecretaría de Prevención del Delito, era de 3.5, cifra que se mantuvo estable hasta que en 2020 subió a 4.6. En 2021 bajó a 3.5 (como toda la estadística) y se disparó nuevamente en 2022. Este año, a la fecha, según la misma fuente, la tasa va en 2.5, lo que no se condice con lo que indican las números consignados en STOP, si se proyectan proporcionalmente.
El delito que quizá mayor conmoción ha causado en Chile en los últimos años ha sido el secuestro, siendo considerado el “caso cero” de esta nueva oleada el secuestro con homicidio del empresario Nelson Murúa, ocurrido en Iquique, a inicios de 2022.
Antes de ello, el secuestro con fines netamente extorsivos, como fue ese caso, o el de las personas cuyos cuerpos sin vida fueron hallados en un desagüe camino a Valparaíso, o el secuestro de un empresario de Rancagua, eran hechos tan extraños en el país que ni siquiera se consideraban en las estadísticas anuales del Ministerio Público, donde dicho delito se contabiliza aún dentro de una categoría más amplia (la de delitos contra las personas).
La Policía de Investigaciones (PDI), que posee brigadas especializadas en todos los ámbitos, destinaba a las Brigadas de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) –que solo existen en Santiago, Concepción, Los Ángeles, Angol, Temuco y La Unión– para indagar los secuestros que se producían hasta antes de 2022 y que, generalmente, decían relación con problemas entre bandas de narcotraficantes. Sin embargo, debido al impacto público que estos hechos causan en la actualidad, la PDI renombró a las BIPE y ahora estas se llaman “BIPE Antisecuestros”.
De acuerdo con un reporte sobre el delito de secuestro, preparado por la División de Estudios de la Fiscalía Nacional, existen diversos tipos: extorsivos, con fines políticos, entre grupos delictivos (por distintos motivos), vinculados a disputas familiares, con fines de explotación sexual, simulados (cuando la víctima finge estar secuestrada para obtener un beneficio material), los “exprés”, los virtuales (en que el secuestro no se materializa, pero se le hace creer a alguien que fue plagiado un ser querido, para cobrar un rescate) y algo que suena incluso peor que todo lo demás, como lo dice el informe: “La venta de la víctima de un secuestro a otro grupo, igualmente motivado, que luego negocia el pago de un rescate”.
De todos ellos, la mayor cantidad (20%) son los relaciones con disputas familiares o domésticas, pero en segundo lugar (16.5%) aparecen los secuestros con fines extorsivos. Estos son los principales en la criminalidad organizada, a la cual también se atribuyen los secuestros entre grupos delictivos o dentro de estos, aquellos por ajustes de cuentas y los que dicen relación con explotación sexual. Como detalla el reporte, se trata del 23% del total y, desde ese punto de vista, en 2022 uno de cada cuatro secuestros ocurridos en Chile estuvo relacionado con crimen organizado, es decir, más de 200 casos, pues el año pasado ocurrieron 826 secuestros en el país.
Según la misma estadística, en 2012 los casos totales fueron 343, por lo cual el aumento de los secuestros en el país (de todo tipo) fue de 140% en 10 años.
Cabe mencionar que en 2021 la PDI de la Región Metropolitana investigó 26 casos de secuestros reales, cifra que en 2022 llegó a 46. A la fecha, según antecedentes recopilados por El Mostrador, ya van más de 46.
