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PDI
Siete detenidos dejaron operativos realizados por la PDI. En el primero, se detuvo a cinco personas –varias de ellas integrantes del Ejército–, quienes vendían lanzacohetes. En el otro, hubo dos detenidos, vinculados a robos de camiones, que tenían explosivo plástico C4.
Los dos procedimientos policiales que se efectuaron la penúltima semana de octubre en Santiago, en los cuales se incautaron lanzacohetes y explosivos de origen militar, dejan de manifiesto no solo un problema en los controles internos de las instituciones afectadas, sino también la existencia de un mercado interno, que está dispuesto a adquirir este tipo de elementos y que tiene que ver con el crimen organizado, según indican fuentes expertas en la materia, consultadas por El Mostrador.
Por cierto, no se trata de los primeros dos casos de este tipo que salen al tapete este año. En julio pasado, el Tribunal Oral en lo Penal de Valparaíso condenó a dos personas, toda vez que en mayo de 2020 la policía encontró, en un domicilio de Rodelillos, casi un kilo y medio de explosivo plástico C4, dividido en tres porciones, además de un rollo de cordón detonante, disparadores, iniciadores y una camisa de fragmentación de granada.
Los hechos quedaron al descubierto cuando uno de los acusados filmó los materiales con su teléfono y, acto seguido, comenzó a ofrecerlos por medio de Facebook y WhatsApp. Al menos en este caso funcionó la contrainteligencia de la Armada, puesto que desde dicha institución avisaron al OS7 de Carabineros, que mandó a un agente encubierto a comprar los explosivos, por los cuales pagó 400 mil pesos, tras lo cual el vendedor (Alejandro Vargas Bernal) fue detenido.
Tanto este como un segundo imputado resultaron condenados a cinco años y un día, como autores de tráfico de material de uso bélico. Los explosivos se encontraban inicialmente en el domicilio de los padres de un sargento segundo de dicha institución, pero en el juicio no se pudo probar que el funcionario los hubiere sustraído, por lo que fue absuelto.
Un modus operandi semejante, en cuanto a la forma de venta, fue el detectado por la Brigada Investigadora del Crimen Organizado (Brico) de la PDI, en un trabajo en conjunto con la Fiscalía Occidente, que dejó a cuatro hombres y una mujer detenidos, luego de que se descubriera a un sujeto que también ofertaba material bélico por Facebook, aunque en este caso se trataba de lanzacohetes.
Al igual que en el caso anteriormente descrito, en esta investigación la PDI dispuso de un agente encubierto, aunque virtual, gracias a lo cual –explicó el jefe de la Brico, el subprefecto Juan Pardo– “logramos realizar una posible transacción de este elemento que era ofrecido”. Como consta en los pantallazos de WhatsApp, el sujeto vendía “el tubo” en 2.5 millones, mientras que “las piedras” o “los huevos”, como se refería a los cohetes, eran ofertados en 1.5 millones.
En los pantallazos se ve cómo el agente encubierto virtual le regatea y finalmente consigue que le dejen “el tubo” en dos millones de pesos, ante lo cual quedó de juntarse con quien pensaba que era un comprador. Sin embargo, fue arrestado y en ese momento entregó antecedentes relativos a sus cómplices, lo que permitió a la Brico la incautación de otros dos lanzacohetes, “además de munición que está prohibida también y armamento que no estaba regulado y que mantenían en su poder”, refiriéndose a los demás detenidos, entre ellos dos cabos y un teniente.
Respecto del origen de las armas, “ellos libre y espontáneamente declaran que efectivamente los han sacado de dependencias del Ejército”, indicó el subprefecto. Aunque el oficial no quiso precisar la unidad exacta desde la cual robaron los lanzacohetes, dijo que estaba ubicada en el sector norte de Santiago.
Al respecto, el subcomisario Roberto Manríquez, de la brigada especializada en explosivos de la PDI (cuya sigla es TEDAX), señaló que “los elementos incautados corresponden a tres lanzacohetes AT-4 que son de origen sueco, su calibre es de 84 milímetros, su distancia efectiva es de 300 metros y esto consiste en que traen una munición al interior que es HIT, que es un acrónimo en inglés que significa que es contrablindaje, que es antitanque o antibúnker”. Según detalló, cada proyectil de los incautados puede atravesar hasta medio metro de blindaje.
Por su parte, el fiscal a cargo del caso, Daniel Contreras, de la Fiscalía Regional de Pudahuel, precisó que luego de que el agente encubierto virtual acordara una reunión con el sujeto, acordó reunirse con él en el camino a Melipilla. Tras ello, detalló que los policías se constituyeron en La Reina, en el domicilio del cabo primero que le había entregado el lanzacohetes, quien a su vez señaló que a él se lo había pasado un teniente, confesando también haber entregado el mismo tipo de material a una pareja, compuesta por otros dos cabos del Ejército.
“Se llegó hasta el domicilio de este teniente y además de declarar y señalar que era efectivo que él había entregado estos lanzacohetes del Ejército a estas dos personas, se pudo verificar que mantenía una escopeta sin inscripción de una persona fallecida, sin haber hecho ningún papel para su correspondiente regularización y, además, dicha persona fallecida no guardaba ningún parentesco con él. O sea, toda la situación era absolutamente irregular”, explicó el fiscal Contreras, añadiendo que además el oficial “mantenía municiones de guerra en su domicilio”.
Un par de días después, la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI de Peñaflor, en el marco del proyecto de persecución de prófugos que lidera el fiscal Patricio Rosas, detuvo a dos sujetos en la comuna de Padre Hurtado, en cuyo poder se encontraron “seis bloques de explosivos, los que al ser periciados por la unidad especializada de nuestra institución, se estableció que corresponden a explosivos de alto poder destructivos clasificados como C4”, según detalló el subprefecto Juan Urbina.
Desde la brigada TEDAX, en tanto, el subcomisario Jorge Muñoz Contreras detalló que “cada uno de estos bloques mantiene un peso aproximado de 570 gramos, por lo tanto, nos encontramos ante la presencia de 3,4 kilogramos de este tipo de explosivos, situación que representa un inminente riesgo para la ciudadanía, toda vez que este explosivo en manos inadecuadas o situaciones no controladas, podrían causar daños graves o mortales”.
Por su parte, el fiscal Rosas explicó que ambos imputados fueron puestos a disposición del Tribunal de Garantía respectivo, el cual “ha estimado peligrosa para la seguridad de la sociedad la libertad de los dos imputados detenidos y formalizados por la tenencia de este peligroso explosivo C4, corroborando la línea investigativa de que estos prófugos de la justicia mantenían este explosivo en la red de protección que los protegía, como asimismo las órdenes de detención que mantenían vigente a su respecto en el caso de robos bajo la fenomenología del asalto a camiones, que mantenía a su respecto”.
La pregunta que subyace a todo esto es, sin embargo, cuál es el destino de este tipo de elementos. Una fuente consultada al respecto, que forma parte de un equipo policial especializado en crimen organizado, señaló que “no debería extrañarnos que pronto comencemos a ver uso de explosivos en medio de delitos comunes, dado que en países como México, Brasil o Colombia es frecuente que, cuando un comerciante no quiere pagar la ‘mordida’, como denominan a los cobros extorsivos, ataquen su local con explosivos industriales, como el C4, o con granadas”.
En ese sentido –detalla–, “los casos recientes son, por supuesto, la punta del iceberg, pero permiten visualizar la existencia de un mercado para este tipo de elementos, y ello es un fenómeno que se ha producido en todos los países donde ha ido penetrando el crimen organizado, como ha sucedido con Ecuador, que hace 15 años era un país muy tranquilo y que hoy, producto de la acción de diferentes megabandas de crimen organizado, posee frecuentes atentados con explosivos, granadas y coches bomba”.
Otra fuente que también tiene una amplia experiencia en materias de crimen organizado puntualizó que, más allá del uso real que se les dé a los explosivos, las granadas, por ejemplo, son propias de la criminalidad organizada venezolana, explicando que constituyen un símbolo de poder, “pues rompen el equilibro común en lo que se refiere al poder de fuego”, sobre todo en cuanto a grupos rivales, pero también tienen un sentido práctico: ante un allanamiento policial, por ejemplo, permiten destruir evidencia rápidamente, puntualiza.
Al mismo tiempo, agrega que hace tres años ya hubo un atentado con un coche bomba en el sur (en el puente Lleu Lleu, comuna de Tirúa) y que solo este año hubo tres atentados explosivos en contra de torres de alta tensión, en distintas regiones del país.
Operativo de detención de implicado en venta de lanzacohetes:
