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Foto: Pablo Ovalle/Agencia UNO
La oposición y el propio oficialismo llamaron al Gobierno a reconsiderar la indicación que plantea un “uso diferenciado” en el uso de la fuerza por parte de policías y militares. La ministra Tohá dijo que el Ejecutivo no tendría problema en aclarar que “esto no implica un trato privilegiado”.
La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, anunció que el Gobierno está dispuesto a “encontrar una solución”, luego de las críticas que recibieron las indicaciones de La Moneda al proyecto destinado a regular las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) para las policías y las Fuerzas Armadas, en el contexto del control del orden público y la lucha contra la delincuencia.
Una de las indicaciones del Ejecutivo generó incertidumbre tanto en la oposición como en el oficialismo. Específicamente, la parte que establece que “los reglamentos regulados en el presente artículo deberán considerar especificaciones para un uso diferenciado de la fuerza en los casos en que exista presencia de niños, niñas o adolescentes, mujeres, diversidades sexuales, personas con discapacidad, migrantes, indígenas o personas adultas mayores”.
“El Ejecutivo no tendría ningún problema, si hay ánimo de encontrar una solución, que esto dijera con todas sus letras; esto no implica un uso privilegiado o un trato privilegiado, sino un trato especializado dadas las características del grupo del que se está hablando. Es algo que las policías hacen todo el tiempo, lo que pasa es que a veces se equivocan, entonces es mucho mejor que las reglas sean claras”, declaró Tohá ante el Congreso.
Posteriormente, la ministra del Interior reiteró esta postura, expresando que “aquí se generó un malentendido gigantesco. La ley que regula las reglas de uso de la fuerza es la misma para todos los grupos. No hay grupos privilegiados, no hay grupos intocables, no hay grupos con los que se es más blando, es el mismo estándar para todos”.
Además, Tohá fue clara al decir que los parlamentarios no están obligados a votar a favor las normas del Ejecutivo.
Ayer, el Gobierno del Presidente Gabriel Boric presentó a los parlamentarios de las comisiones unidas de Constitución y Seguridad 19 modificaciones al proyecto de ley que tiene como finalidad actualizar las RUF. De acuerdo a lo planteado por La Moneda, estas indicaciones tienen por objeto mejorar la efectividad del derecho y garantizan el orden público y la seguridad.
La diferenciación planteada por el Gobierno ha sido cuestionada por la oposición, quienes piensan que la indicación afecta “un principio básico en nuestro país que es la igualdad ante la ley, sumado a que pone en riesgo a las FF.AA. y a toda la población, ya que se está dando una señal a organizaciones criminales extranjeras como el Tren de Aragua, porque se les dice que vengan a nuestro país porque a los migrantes se les va a tratar de forma bondadosa“, así lo comentó el presidente de la comisión de seguridad de la Cámara Baja, Andrés Longton (RN).
La medida no solo fue criticada por la oposición, sino que diputados del oficialismo llamaron al Ejecutivo a “reconsiderar la propuesta”, tal fue el caso del diputado Raúl Soto (PPD), quien acotó que uno de los principales problemas del crimen organizado en Chile es la utilización de migrantes irregulares.
Lo mismo hicieron exoficiales castrenses. En conversación con El Mostrador, el capitán de corbeta (r) Richard Kouyoumdjian y el general (r) John Griffiths dijeron estar de acuerdo en la importancia de tener un reglamento claro sobre uso de la fuerza, pero argumentaron que la distinción propuesta por La Moneda sobre género y nacionalidad no refleja la realidad en las calles.
La medida ha enfrentado un estancamiento desde septiembre de 2023 debido a la falta de consenso entre el Gobierno y la oposición. En aquel momento, el Ejecutivo decidió retirar el carácter de urgencia de su tramitación con el propósito de alcanzar un acuerdo técnico y político que dote a las Fuerzas Armadas de un protocolo para actuar con mayor seguridad en la protección de infraestructura crítica.
Ante la cuestionada indicación, el diputado Longton dijo que “es revelador el fanatismo ideológico de este gobierno que los lleva a estas irracionalidades absurdas, incomprensibles y que atentan contra un principio básico que es la igualdad ante la ley”.
Consultado por el tema, Ricardo Hernández, director del programa de Política y Sociedad del Instituto Res Publica, señaló que las indicaciones del Gobierno pueden ser calificadas de “identitarias”, debido a que a su juicio tienen un “componente ideológico propio de la nueva izquierda”.
“En instrumentos legales como la RUF, es imprescindible que se contengan prescripciones claras y objetivas para evaluar el uso de la fuerza, impidiendo así un riesgoso análisis subjetivo respecto a consideraciones especiales que deberá realizar el funcionario policial o militar”, comentó Hernández, abogado y magíster en Derecho Administrativo.
De lo contrario, advirtió, “se puede vulnerar gravemente la igualdad ante la ley, como es el caso del uso de la fuerza que diferencie a un nacional de un migrante y deja a los agentes policiales obligados a un imposible, debiendo distinguir ex ante percepciones, poco evidentes o categorías subjetivas para usar la fuerza legítima”.
Otro punto que fue criticado por la oposición, es la norma sobre eximente de responsabilidad penal. A juicio del diputado Henry Leal (UDI), la redacción propuesta derogaría la ley Naín-Retamal. Afirmó que esta ley es “el desde” y advirtió que si no se retira será un obstáculo para avanzar en este proyecto.
Frente a las nuevas modificaciones presentadas, algunos diputados y diputadas propusieron nuevamente invitar a exponer a representantes de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad.
