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Foto: Francisco Longa/Agencia UNO
Acusan al empresario y otros de realizar contratos simulados que habrían provocado un vaciamiento patrimonial de más de 164 mil millones. Los abogados de Saieh defienden la legitimidad de las operaciones, mientras que los demandantes apuntan a un daño financiero considerable.
La investigación liderada por la Fiscalía Metropolitana Oriente en contra del empresario Álvaro Saieh ha dado un nuevo giro con la instrucción de nuevas diligencias. Según información obtenida por Radio Bío Bío, el fiscal Felipe Sepúlveda, al mando de la Fiscalía Local de Las Condes, ha ordenado a la Brigada de Delitos Económicos (BRIDEC) de la Policía de Investigaciones (PDI) realizar indagaciones en las sedes de varias empresas vinculadas a Saieh en busca de datos contables relevantes.
La instrucción específica dirigida a la BRIDEC apunta a obtener información financiera de manera voluntaria de diversas entidades, entre ellas CorpGroup Interhold SpA., CG Financial Chile Dos SpA., SMU S.A., Inversiones SAMS SpA. y Retail Holding III SpA. La solicitud abarca estados financieros, balances generales, libros contables, auditorías y registros bancarios correspondientes a los años 2015 y 2016.
De acuerdo al citado medio, este movimiento se produce después de que a fines de enero dos exbonistas de CorpGroup Banking (CGB), respaldados por Carlos Cortés Guzmán del estudio legal Cortés & Rodríguez, presentaran una querella contra Saieh y otros individuos. La querella acusa a los demandados de llevar a cabo contratos simulados entre 2015 y 2020, en los cuales se habría perjudicado a los bonistas del bono CGB 13/23 con un presunto vaciamiento patrimonial.
Según los querellantes, durante ese período se ejecutaron una serie de contratos de suscripción y compraventa de acciones con sociedades vinculadas, con el objetivo de trasladar liquidez desde CGB a empresas relacionadas, provocando un daño patrimonial estimado en más de $164.735.000.000.
La querella también menciona la emisión de un bono por valor de US $500.000.000 en mayo de 2013, denominado “bono 13/23”, y señala que las operaciones cuestionadas involucran a varias empresas del grupo CorpGroup Holding, incluyendo CGB, SAGA y otras entidades financieras.
Los abogados defensores de Saieh han respondido a estas acusaciones, argumentando que las operaciones cuestionadas son legítimas y beneficiosas para el grupo empresarial y los bonistas. Además, destacan que la validez de estas transacciones fue ratificada en el Tribunal de Quiebras de Delaware en los Estados Unidos.
Sin embargo, Sergio Rodríguez Oro, socio de Cortés & Rodríguez Abogados, señala que ha habido una dilación por parte de los demandados en el proceso investigativo, así como una falta de colaboración con las autoridades chilenas. Rodríguez sostiene que se trata de un caso complejo de delitos financieros, con perjuicios superiores a los US $500 millones, y que la Fiscalía está actuando de manera objetiva en busca de la verdad.
El desarrollo de esta investigación continúa, mientras los abogados de Saieh insisten en la legalidad de las operaciones bajo escrutinio y los demandantes buscan justicia por lo que consideran un daño patrimonial significativo.
