La guerra judicial ante el Tribunal de la Libre Competencia (TDLC) entre la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), está subiendo de tono. Así queda demostrado en los últimos escritos que presentaron estas partes ante el TDLC hace algunos días.
Las presentaciones se producen en el marco de la investigación que lleva adelante la FNE en contra de la CCS por restricciones en el mercado de los buró de información comercial y que afectó, entre otras, a la empresa SIISA, lo que derivó en que el organismo perseguidor solicitara al TDLC una medida cautelar, con el fin de evitar un daño a la firma mencionada.
Mientras la CCS pidió al tribunal que ordenara la paralización de la investigación en su contra, la FNE insistió en que tiene todas las atribuciones para indagar a quien vulnere la legalidad y al mismo tiempo solicitó que el TDLC sancione a la entidad encargada de administrar el Boletín de Información Comercial (BIC) para que pague en dinero por la sola presentación del escrito.
La CCS, en tanto, replicó aduciendo que la FNE es juez y parte, argumentando que existe una situación de desigualdad y falta al debido proceso.
Sin embargo, más allá de la impugnación que hizo la CCS, el organismo fiscalizador interrogó, en calidad de imputado, a Felipe Argüello Barros, gerente de desarrollo de la primera. A partir de ese testimonio, la CCS insistió en impugnar la diligencia y allegó la declaración de Argüello, la que se encuentra en poder del tribunal.
