Han transcurrido siete meses desde la filtración del audio en que la excanciller Antonia Urrejola conversaba con su equipo más cercano, en términos “demasiado coloquiales”, acerca del embajador argentino Rafael Bielsa. El escándalo, que le costó el puesto a la exjefa de Comunicaciones del ministerio y empañó la visita del Presidente Boric a Buenos Aires –en el contexto de la Celac–, fue denunciado ante el Ministerio Público, por decisión de la entonces directora Jurídica del Minrel, María Cecilia Cáceres, además de iniciarse el sumario administrativo de rigor. Ambas investigaciones siguen en curso, lo que implica que, para estos efectos, la Fiscalía tiene sus narices dentro de la Cancillería, hecho inédito y sobre el cual muchos se preguntan si era realmente necesario.
A comienzos de marzo, la fiscal Lorena Parra, de la Fiscalía Metropolitana Oriente, citó a declarar a la excanciller Antonia Urrejola –entonces aún en el cargo–, en el marco de la investigación sobre el llamado caso Audios de la Cancillería. La citación también incluyó a su equipo más cercano. La persecutora, que indaga la existencia de ilícitos penales en la filtración de audios, buscaba que la exministra y sus colaboradores entregaran todos los antecedentes que tenían al respecto.
Los hechos ocurrieron en enero pasado, cuando desde la propia Cancillería se filtró a varios periodistas, por error –según se dijo–, el audio de una reunión privada “al más alto nivel” en el gabinete de la entonces ministra Urrejola, donde se discutió la respuesta que se daría a la opinión pública ante las críticas del embajador de Argentina en Chile, Rafael Bielsa. El funcionario trasandino había lamentado y comentado la decisión del Comité de Ministros por el rechazo del proyecto portuario Dominga. Además de algunos garabatos y habla vulgar, se menciona en la conversación la procedencia de recordarle al embajador Bielsa el “gesto” de Chile sobre el “buque inglés”, orquestado por la Cancillería. Todo pasaba en momentos en que el Presidente Boric estaba de gira en Buenos Aires, en el contexto de la VII Cumbre de la Celac.
Con lo del buque inglés se hacía referencia a un “gesto” hacia Argentina, consistente en haberle negado servicios, en el astillero ASMAR Magallanes, a un buque patrullero británico, cuestión que el senador Alejandro Kusanovic y el diputado Christian Matheson pidieron, mediante oficio al actual canciller, aclarar y, junto con ello, determinar al responsable de esa decisión.
Los integrantes de la reunión, además de la exministra, fueron: el secretario general de Política Exterior, Alex Wetzig; el director de Planificación Estratégica, Andrés Villar; Carola Muñoz, la entonces jefa de gabinete de Urrejola; y Lorena Díaz, quien era en ese momento jefa de Comunicaciones. Esta última renunció a las pocas horas de ocurrida la filtración, echándose la culpa, arguyendo que quiso enviar otro audio.
Tras el escándalo, la excanciller presentó una denuncia ante el Ministerio Público –asesorada por la exdirectora de Asuntos Jurídicos, María Cecilia Cáceres, quien entendió que era exigencia legal, asunto que muchos cuestionan– y ordenó un sumario administrativo para determinar responsabilidades, trámite que quedó a cargo de la hoy exsubsecretaria de Relaciones Exteriores, actual asesora de la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado (Difrol), Ximena Fuentes. El sumario está en curso, confirman desde el ministerio.
Por su parte, la investigación de la fiscal Parra se centra en una posible vulneración del artículo 161 A del Código Penal –que se introdujo después del llamado caso Kioto, en 1992, que involucró a Sebastián Piñera y Evelyn Matthei–, el que castiga hasta con 500 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) a quien divulgue, sin autorización del afectado, conversaciones o comunicaciones, además de otros elementos realizados en recintos particulares o lugares que no sean de libre acceso al público. Esta investigación también se encuentra en curso.
El audio filtrado a fines de enero por la exdirectora de Comunicaciones de la Cancillería, Lorena Díaz, no solo selló la caída de ella y de Antonia Urrejola, también dejó en una posición muy debilitada al equipo de asesores de la exministra, especialmente al titular de la Secretaría General de Política Exterior, Alex Wetzig, y la jefa de gabinete de la otrora canciller, Carola Muñoz.
Con el nombramiento de Alberto van Klaveren como ministro de Relaciones Exteriores, ambos funcionarios fueron confinados a labores de segunda línea, “especialmente en el caso de Wetzig, quien a pesar de continuar como secretario general, en la práctica fue sumergido mientras se le encuentra nuevo destino”, señala una fuente. Esto, dicen, “porque Van Klaveren no está cómodo con él, no solo por lo del audio, sino porque no es de ‘su lote’. De hecho, en la práctica cambió a Wetzig por Carlos Portales, quien ahora es su asesor principal”.
En las oficinas de Teatinos se bromea diciendo que el canciller “está llamando a jugar a cracks de los 90…”. En todo caso, agregan que es difícil que Wetzig pueda ser redestinado antes de que se termine el sumario por “la cuestión” del audio.
