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NUEVA CONSTITUCIÓN

Constitucionalista Javier Couso y plebiscitos dirimentes: “Parece una mala idea, porque probablemente en un año recargadísimo de elecciones participará muy poca gente”

por 1 octubre, 2021

Constitucionalista Javier Couso y plebiscitos dirimentes: “Parece una mala idea, porque probablemente en un año recargadísimo de elecciones participará muy poca gente”

Crédito: ATON

En cuanto a los plebiscitos dirimentes, lo que aún debe ser votado en el Reglamento de Participación que se verá la próxima semana en el pleno de la Convención Constitucional, el abogado constitucionalista Javier Couso aclaró, en conversación con El Mostrador en La Clave, que "solo van a ocurrir en la medida que se reformen los cuerpos normativos pertinentes (…) y eso implica, y ha sido claro en la historia del establecimiento de esa regla, que la Convención deberá ser autorizada por el Congreso Nacional". Asimismo, sobre la indicación sobre negacionismo aprobada en el Reglamento de Ética, el experto subrayó que “la buena noticia es que no prosperó la sanción de privar de voto y voz a los sancionados por negacionismo (…) y la mala noticia es que se perdió, fue derrotada una indicación promovida por parte del Frente Amplio, Independientes No Neutrales y el Colectivo Socialista para acotar la definición, de manera que no tenga la actual reacción que una acción que, si fuera de derecho penal, sería denominado ley penal en blanco”.
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"Ayer hubo una buena y una mala noticia", destacó el abogado constitucionalista Javier Couso. A lo que hace referencia el profesional es a la votación en la Convención Constitucional que definió el Reglamento de Ética con el que se regirán los 155 constituyentes. Entre esas normativas, está la sanción al negacionismo y a las fake news.

"La buena noticia es que no prosperó la sanción de privar de voto y voz a los sancionados por negacionismo, discurso de odio o difundir noticias falsas. La mala noticia es que se perdió, fue derrotada una indicación promovida por parte del Frente Amplio, Independientes No Neutrales y el Colectivo Socialista para redefinir, para acotar la definición de negacionismo, de manera que no tenga la actual reacción que una acción que, si fuera de derecho penal, sería denominado ley penal en blanco", señaló en conversación con El Mostrador en La Clave.

"Esto es una definición amplia que las personas pueden incurrir, a veces involuntariamente, en aquella conducta que es sancionada. Voy a ser específico. Se sanciona el negacionismo por omisión y por minimización. Y tú comprenderás que por omisión podría ser que simplemente yo escucho a un negacionista y no lo callo, no lo desmiento, no lo acallo o, por minimización, es de una ambigüedad absoluta, yo puedo estar tratando de dar una explicación histórica de por qué se produjo una violación incluso grosera de derechos humanos y podría ser acusado de minimizarla. A mí me parece que cuando uno está en un ente eminentemente deliberativo, que eso es una Convención, un lugar donde los representantes del pueblo concurren a discutir nada menos que los marcos que van a definir las relaciones políticas, sociales y culturales en una nación, en un país, en un grupo de naciones. Me parece que es sumamente importante que nadie tenga el más mínimo viso de autocensura y eso es lo que es lo más negativo que genera un Reglamento de Ética que es tan vago en la definición de las conductas que va a considerar infracciones. Para los que creen que hay que sancionar el negacionismo, yo tengo otra filosofía ante este tipo de cuestiones, yo creo que la mejor forma de derrotar el negacionismo es confrontando a los negacionistas y demostrando que están equivocados. Y yo creo que es muy peligroso cualquier norma que sancione negacionismo, porque lo he visto en los países donde esto ocurre, normalmente los negacionistas dicen 'me silencian porque tengo la razón'. A mí me produce ira que personas tan primitivas, tan básicas que pueden negar violaciones groseras, genocidios y otros, por decirlo así, se den el lujo de decir que los acallan porque tienen la razón", afirmó.

"El problema es que esto crea subcultura. Grupos que van a decir que fueron callados porque tenían la razón. Esa subcultura al final terminan generando fanatismo y luego del fanatismo verbal se pasa al fanatismo, digamos, de las acciones violentas. Yo creo que esto son filosofías. Yo tengo la idea de que el negacionismo hay que combatirlo con ideas. Hay otras personas y otros países, hay una decena de países en el mundo democrático que han optado por sancionar al negacionismo, pero cuando lo han hecho, si vamos a entrar en eso, tiene que estar extraordinariamente bien definido el contorno de lo que es el discurso negacionista, no como lo que se acaba de aprobar, que es vago", agregó. "Hay incluso violaciones a derechos humanos, ocurridas en el contexto del estallido y posteriormente, señala el reglamento. Hay algunos hechos que están siendo investigados, entonces que se niegue algo que todavía no hay una verdad judicial es delicado. Pero insisto, a mí lo que me preocupa más es que esto genere autocensura o que nuevamente les dé herramientas a los enemigos del proceso constituyente que van, yo lo pronostico, a decir discurso negacionista, a objeto de buscar ser sancionado para poder victimizarse y desprestigiar aún más a la Convención".

En cuanto a las sanciones a este tipo de situaciones como las fake news, y luego de aclarar que "nunca estuvo en duda que podían votar. Las sanciones eran que no podían tener derecho a voz. Ni siquiera eso. Ellos van a poder seguir hablando, pero van a tener que tener otras sanciones que aparecen en el Reglamento", Couso afirmó que es "alguien escéptico de ese tipo de sanciones", y que él prefiere el "juicio social".

"Ni siquiera está precisado de que sea con dolo. Es muy difícil probar el dolo en la difusión de una noticia falsa. Esto es un proceso muy dinámico. Estas semanas hemos estado viendo la aprobación de 1.128 indicaciones, de cuatro reglamentos distintos. Ha habido momentos en que se han difundido cosas que no eran ciertas, pero no porque tuvieran la voluntad, sino que porque el flujo de información es muy fuerte", comentó.

"Yo creo que el mejor antídoto aquí es lo que Louis Jenkins, un gran abogado derecho humano norteamericano, llamaba la movilización de la vergüenza. Yo creo que en una sociedad abierta, democrática, libre, donde no se puede exigir ni siquiera los periodistas, en las sociedades democráticas se le exige decir la verdad, porque si no estarían caminando sobre huevos todo el tiempo. Por miedo a difundir una información falsa, no dirían informaciones verdaderas. Yo creo que aquí hay que movilizar la vergüenza, hay que denunciar a la persona que sistemáticamente dice cosas falsas, por negligente si no hubo dolo o por mentiroso si es que hubo dolo. Yo creo que en ese sentido las sanciones debieran ser de tipo social. No digamos judicializaría esto, aunque sea en el ámbito reglamentario, con una comisión que ahora va a tener que tomar estas determinaciones. Me parece a mí que la prensa hace un buen trabajo denunciando a las personas, a los constituyentes, incluso a la convencionales que sistemáticamente faltan a la verdad buscando desprestigiar. Y me parece que ese es el camino. Ahora entiendo que haya otra mirada respecto de esto, pero si hay sanciones, tienen que ser siempre sanciones que no lleven a la autocensura", apuntó.

Plebiscitos dirimentes

Sobre los plebiscitos dirimentes, Couso afirmó que para "tranquilidad de la ciudadanía, efectivamente los plebiscitos dirimentes solo van a ocurrir en la medida que se reforme los cuerpos normativos pertinentes, señala el artículo 51 del Reglamento de Participación Popular y Equidad Territorial, que ese es otro reglamento. Y eso implica, y ha sido claro en la historia del establecimiento de esa regla, que eso implica que la Convención deberá ser autorizada por el Congreso Nacional, que por dos tercios debe aprobar que se pueda implementar este plebiscito, que en realidad es uno solo que está contemplado un mes antes que termine su trabajo la Convención".

"Pero más allá del juicio que uno tenga del plebiscito dirimente, parece una mala idea, porque probablemente en un año recargadísimo de elecciones participará muy poca gente. Si finalmente es de los procesos constituyentes, donde más participación ciudadana ha habido en casi ninguno que yo conozca, ha ocurrido lo que se le pregunta a la ciudadanía, si quiere o no una nueva Constitución. Luego, que elija democráticamente a cada una y cada uno de los convencionales y que luego además pueda ratificar si le parece o no el texto que ellos presentan. O sea, estamos hablando de tres instancias de democracia directa, de elección directa por parte de todo el electorado, y acordémonos que el último plebiscito va a ser con voto obligatorio. Entonces, a mí me parece que esta idea de que hay que plebiscitar constantemente todo... entiendo de dónde viene, de una muy antigua sensación de traición por parte de los representantes en el Congreso Nacional en las últimas dos décadas, la Ley de Pesca, en fin, una serie de escándalos que han llevado a desconfiar. Pero esta Convención Constitucional tiene una composición con paridad de género, con una representación inédita en la historia de Chile de los pueblos originarios, con una participación independiente mayoritaria, que a mi juicio debieran hacer que este recurso permanente de los plebiscitos no fuera necesario", cerró.

Esta semana, dentro de la votación de las indicaciones aprobadas por el Pleno de la Convención, fue aprobado el concepto de “plebiscito dirimente”, en el artículo 95, relativo al rechazo de las propuestas de normas constitucionales. Sin embargo, ello no significa que haya sido aprobado el mecanismo, como reclamaron Marcela Cubillos y otros convencionales de Vamos por Chile en redes sociales.

Esto, porque el mecanismo se encuentra en el Reglamento de Participación Popular, cuya votación en particular aún no se realiza, y recién se vería desde lunes. Además, ese texto señala expresamente que “para la convocatoria a plebiscito deberán llevarse a cabo las reformas a los cuerpos normativos pertinentes. La Convención requerirá a las instituciones públicas, organismos y a los poderes del Estado pertinentes para que el plebiscito se realice en conformidad a lo establecido en este reglamento”, o sea, una reforma constitucional, es decir, vía Congreso.

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