Opinión
Chile muestra hace tiempo un atraso en su capacidad de responder a las necesidades de la niñez. Si bien hace 34 años nuestro país ratificó la Convención de Derechos del Niño aprobada por la ONU, hasta marzo de 2022 éramos uno de los dos países en América Latina que no tenía una ley que garantizara sus derechos.
Ahora que nos estamos poniendo al día en los mínimos, a quienes trabajamos en la promoción del bienestar de la niñez, nos sorprende y preocupa la demora en nombrar a quién será el nuevo Defensor o Defensora de la Niñez.
La Defensoría de la Niñez existe en Chile hace sólo cinco años, gracias al trabajo comprometido de múltiples actores, entre ellos las organizaciones de la sociedad civil organizada y Unicef, quienes enfatizaron la relevancia de cumplir con las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño para instalar un órgano de esta naturaleza.
Sin lugar a dudas, el surgimiento de su institucionalidad autónoma en 2018 marcó un avance en la difusión, promoción y protección de los derechos de la niñez.
Ahora que se apronta un segundo período, el nombramiento oportuno de quien la lidere entre 2023 y 2028 adquiere especial relevancia: el que viene será un período clave para consolidar su instalación y rol en el ecosistema, por ser un momento país de importantes transformaciones institucionales asociadas al proceso constitucional y a la instalación de la Ley de Garantías y por la acentuada crisis en distintas dimensiones del bienestar infantil, al que una Defensoría sin una dirección consolidada tendrá muchas dificultades en responder.
Sólo por advertir que en este caso lo urgente coincide con lo importante: este año se espera la instalación de 90 Oficinas Locales de la Niñez en Chile, y esto implica, sin duda, un desafío inter sectorial sin precedente.
Por otra parte, es clave no dejar pasar las múltiples implicancias negativas que dejó la pandemia, cuyos coletazos estamos evidenciando ahora: según los datos del Simce -recién publicados- solo 40% de las niñas y niños de cuarto básico alcanzan los estándares de aprendizaje considerados suficientes (es decir, mínimos).
Pero más aún, es preocupante los efectos que la pandemia tuvo sobre la salud mental y desarrollo socioemocional de los niños, niñas y adolescentes.
Quien ocupe el cargo de Defensor o Defensora será quien vele por el interés de niñas, niños y adolescentes en todas las decisiones del Estado, contribuyendo a fortalecer una institucionalidad que acompañe la implementación de la Ley de Garantías y favoreciendo la instalación de una agenda para la niñez en todos los niveles de la política pública.
Esperamos que el Senado de la República esté atento a los desafíos institucionales, y designe de forma pronta a un representante que defienda los intereses de la niñez más allá de las agendas de corto plazo de un sector u otro, para que contemos con una Defensoría empoderada y vigorosa que ponga el bienestar de cada niña y niño en el centro de nuestras preocupaciones y compromisos.
