La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos rechazó el dictamen del magistrado de la Corte Suprema, Héctor Carreño, que sobreseyó definitivamente la investigación sobre el homicidio del funcionario de Naciones Unidas chileno-español, Carmelo Soria Espinoza, asegurando que representa «una oscura mancha sobre los gobiernos civiles».
La organización planteó que aplicar el «Decreto Ley de Amnistía de 1978 viola flagrantemente todas las convenciones y los tratados de derechos humanos suscritos por nuestro país durante los últimos veinte años los que establecen que en los crímenes de lesa humanidad no está permitido la aplicación de amnistías ni prescripciones».
«Resoluciones como ésta muestran la falta de voluntad política y jurídica del Poder Judicial chileno de incorporarse plenamente a la comunidad civilizada internacional. También son una oscura mancha sobre los gobiernos civiles que han sido incapaces de pagar la deuda en Derechos Humanos a lo que se comprometieron frente al país al iniciar la transición», expresaron en un comunicado.
Según el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación que presidió Raúl Rettig Guissen, Carmelo Luis Soria Espinoza, «era español acogido al Decreto de doble nacionalidad con Chile. Era casado, tenía tres hijos y 54 años de edad. Funcionario de Naciones Unidas, desempeñándose a la fecha de su muerte en Celade (Centro Lartinoamericano y Caribeño de Demografía)».
El informe explica que el 15 de julio de 1976 Soria «fue detenido por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), después de salir de su oficina con destino a su hogar. Al día siguiente, 16 de julio, su cadáver fue encontrado junto al automóvil en que viajaba en el canal El Carmen en Santiago, siendo su muerte producto de la acción de agentes de la DINA, quienes desbarrancaron el automóvil para hacer aparecer la muerte como accidental».
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