La Corte de Apelaciones de Santiago validó este miércoles una resolución del Consejo de la Transparencia que determinó que la Policía de Investigaciones (PDI) debe entregar los antecedentes de un sumario administrativo realizado a un funcionario de la institución.
Fue el mismo funcionario indagado, Jorge Álvarez Torres, quien solicitó -invocando la Ley de Transparencia- conocer la investigación disciplinaria que se realizó en su contra y que la PDI le habría negado el acceso por considerar que se trata de gestiones reservadas.
La decisión fue adoptada de forma unánime por los ministros de la quinta sala del tribunal de alzada capitalino Mauricio Silva, Jessica González y la abogada integrante Andrea Muñoz. Los magistrados desestimaron el reclamo de ilegalidad presentado por la PDI ante la entrega de información solicitada.
Álvarez fue sumariado, indagatoria que terminó con un sobreseimiento a su favor, sin embargo de igual forma el funcionario de la policía civil quiso tener acceso a las diligencias realizadas.
«No existe ningún antecedente hecho valer que demuestre que con la vista del sumario se afecte alguno de los bienes jurídicos que protege el artículo 8º de la Constitución, esto es, los derechos de las personas, la seguridad de la nación y el interés nacional, ya que el debido cumplimiento de las funciones de los órganos no corresponde. Antes bien, atendido el estado de la investigación y el tiempo transcurrido desde su inicio, no se divisa cómo pudieran concurrir las causales constitucionales», sostiene la resolución.
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