Senador DC, Iván Flores: “Hay 11 proyectos del fast track de seguridad que siguen sin urgencia”

El próximo lunes 23 de septiembre la Comisión de Seguridad del Senado despachará el último proyecto del fast track alojado en esta instancia, referido a limitar los llamados “narcofunerales”. Ley que avanzaría en su tramitación, así como la iniciativa que busca crear el Ministerio de Seguridad –hoy en comisión mixta– donde, a juicio del senador DC Iván Flores, falta por destrabar cuál va a ser la figura que represente a esta nueva cartera en regiones. No obstante, señala que debería votarse en Sala durante el mes de octubre. 

De todos modos, el presidente de la Comisión de Seguridad señala que “de los 24 proyectos que quedan del fast track 2024, 12 están en la Cámara, 12 están en el Senado, y de todos ellos 11 no tienen ninguna urgencia”. 

Respecto al debate sobre la gran cantidad de iniciativas a discutir durante los próximos meses –donde a las tramitaciones en curso se suman las acusaciones constitucionales contra los ministros de la Corte Suprema–, Flores afirma que “no ve una sobrecarga”. Y que “es función del Gobierno y de las mesas equilibrar las cargas de acuerdo al tipo de proyectos”. 

-¿Cuál es su lectura de lo que va a pasar en la Cámara la próxima semana con la presentación de las acusaciones constitucionales contra ministros de la Corte Suprema?
-Bueno en particular sobre las acusaciones constitucionales yo no me puedo pronunciar dado que siendo la Cámara acusador y eventualmente pudiesen pasar al Senado donde yo soy jurado, y no quiero inhibirme en esto porque es demasiado importante lo que hay que resolver como para poder emitir una opinión que me inhabilite.

Lo que yo puedo decir, es que lo que hemos estado sabiendo a raíz de los chats de Hermosilla es que existe una una suerte de asociación rara, por no decir ilícita, entre algunas personas para poder ponerse de acuerdo, no solamente en el nombramiento de algunas altas autoridades de nuestro país, e incluso de distintos poderes, sino que además para actuar en consecuencia pagando favores. Esa es una cuestión extremadamente preocupante, por cuanto ya sabemos que el mundo el crimen organizado coloca su pie firme cuando hay corrupción y cuando hay impunidad, y aquí hemos visto las dos cosas.

Creo que lo que está pasando hoy día en la Corte Suprema y en el mundo que gira alrededor de la de la Corte Suprema -todos los que aspiran a llegar o el tema de los nombramientos- a mí me tiene mucho más que preocupado.

-¿Qué expectativas tiene sobre la reforma al sistema de nombramientos que ingresaría el Ejecutivo en octubre y la celeridad de su discusión?
-Yo espero que se haga, porque el Gobierno ha hecho una serie de anuncios que finalmente se dilatan y no se cumplen, y como ya es tradición, le echan la culpa al Congreso Nacional en cuestiones que son absolutamente inherentes al rol del Ejecutivo. 

El Ejecutivo es el que tiene la manija para poner las urgencias a los proyectos, es el único que tiene las atribuciones para presentar proyectos relativos a modificaciones institucionales o de financiamiento público, y la mayoría de los proyectos que tienen que ver con seguridad, así como una serie de otros materiales que hoy día son importantísimas para la ciudadanía. Por eso el Gobierno es el que pone el contenido y es el que pone la velocidad.

-Se ha comentado bastante sobre la sobrecarga legislativa a propósito de las acusaciones constitucionales, la Ley de Presupuesto, el fast track de seguridad, además de CAE y eutanasia. ¿Lo ve complicado?
-Puedo hablar desde mis comisiones, yo presido en la comisión de Seguridad, integro la comisión de Obras Públicas, y no veo que haya sobrecarga. Es función del Gobierno y de las mesas equilibrar las cargas de acuerdo al tipo de proyectos. En la comisión de Seguridad hemos estado trabajando tres, cuatro y cinco veces por semana, además de la mesa técnica que son todos nuestros asesores legislativos, más los del Gobierno que están trabajando casi a diario. No veo dónde está la sobrecarga, el Gobierno es el que tiene que mover las urgencias. 

La ministra del Interior señalaba que todos los proyectos del fast track tenían urgencia, y no es así. Revisé los datos cuando tuvimos reunión en Cerro Castillo, y de los 24 proyectos que forman parte del fast track 2024, hay 11 sin urgencia.

-¿Cómo ha visto ese tema desde la presidencia de la comisión de Seguridad? ¿Cuál es el estado de tramitación de los proyectos más emblemáticos, incluido el de narcofunerales, que se votaría el próximo lunes 23 de septiembre?
-Sí, en la comisión de Seguridad hemos despachado todos los proyectos que teníamos del fast track y algunos otros más. El de narcofunerales habría quedado despachado si hubiese ido la gente de Interior hace dos semanas cuando tuvimos sesión en Arica. 

El Gobierno pidió aplazamiento para el lunes 23, nosotros accedimos y por lo tanto tengo convocada la comisión hasta total despacho. En ese caso, a partir del lunes la comisión de Seguridad se queda sin ningún proyecto del fast track, quedarían todos despachados. 

De los 24 proyectos que quedan del fast track 2024, 12 están en la Cámara, 12 están en el Senado, y de todos ellos 11 no tienen ninguna urgencia. Por ejemplo, el de infraestructura crítica no está con urgencia, el que regula la facultad de resguardo de áreas zona fronteriza, tampoco tiene urgencia.

-¿Está conforme con el avance del proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública?
-Hasta el momento estamos avanzando bien. El Gobierno quisiera acelerar más las cosas, pero es un proyecto complejo. Es un proyecto delicado por cuánto involucra a un nuevo ministerio como el de Seguridad, pero además a otros dos ministerios existentes que se le van a cambiar algunas de sus funciones como es el Ministerio del Interior y el ministerio de la Segpres. Lo que hemos avanzado ha sido escuchando a todo el mundo, porque es mejor dar un buen debate y llegar a acuerdos amplios en la comisión, que llegar con un rebote en la Sala, como ya pasó en la Cámara de Diputados, donde el proyecto quedó convertido en un adefesio. 

Entonces un proyecto que llegue tensionado a la sala, es un proyecto que se arriesga a ser rechazado, y para los que creemos que es necesario un Ministerio de Seguridad he preferido dar todo el espacio para el debate en la Comisión y que llegue con el acuerdo transversal de distintos sectores políticos. Recordemos que estamos en comisión mixta, o sea, es el último trámite y la sala sólo se podrá pronunciar respecto si aprueba o rechaza, excepto alguna votación dividida que puede ser solicitada, pero ya no hay más trámites.

-¿Cuándo debería llegar a Sala para ser votado?
-Yo espero que en octubre, tenemos más de la mitad del proyecto ya resuelto. Espero que en lo que falta, respecto a las figuras regionales que tiene que ver con con algunas atribuciones de la Segpres y otras materias, tengamos la misma buena calidad de debate como el que hemos tenido. La mesa técnica está trabajando, el Gobierno se ha allanado a algunos de los planteamientos como la creación de un coordinador de policías, por ejemplo, que a mí me parece razonable, porque es una figura que existe en otros países.

Pero lo que más me incomoda de todo esto, es que el Gobierno no cumplió con eliminar la figura de la delegación presidencial y con ello mantener debilitadas las estructuras regionales. Iniciado el Gobierno el Presidente Boric ratificó que la figura de estas delegaciones, que pasan por encima de la democracia regional, tenía que ser eliminada, y hoy día se está fortaleciendo con la creación del Ministerio de Seguridad.

-Se ha hablado poco de ese tema…
-Sí, claro. Primero mantiene la figura del delegado presidencial y está en debate cuál va a ser la figura que represente al Ministerio de Seguridad en las regiones. Vamos en sentido contrario, vamos atomizando el poder de las regiones manteniendo lo que ya existe y creando nuevas figuras con nivel jerárquico más bajo. Yo creo que ese va a ser el debate más duro respecto al Ministerio de Seguridad.

-¿Cómo debería quedar a su juicio el tema de las potestades en orden público?
-Bueno, yo hace rato que habría eliminado las delegaciones y le daría muchas más atribuciones a los gobernadores regionales, esa ha sido mi postura siempre. Seguimos consolidando esa figura y a mí no me gusta, pero hay que buscar un sentido práctico y en esto tampoco me pierdo.  Tampoco vamos a rechazar la posibilidad de un Ministerio de Seguridad solo porque el Gobierno central no tiene ganas de descentralizar la institucionalidad en las regiones. 

Se están buscando figuras intermedias que son raras desde el punto de vista de las jerarquías y de la capacidad operativa. Pero mucho más allá de ponerle nombre, si va a ser seremi o comisionado, lo que importa es que se termine con la ola de homicidios, que podamos parar en el narcotráfico, eso es lo que a la gente le importa claro. Pero para que las policías puedan actuar bien necesitamos una figura regional potente, y para eso yo dejaría al delegado presidencial, ya que está a cargo de la función policial y punto. El problema está en que el delegado depende del Interior, no depende del Ministerio de Seguridad. En fin, tenemos un debate sobre eso que no está resuelto aún. 

-Además se viene la discusión del presupuesto en materia de seguridad…
-Lejos de cualquier diseño burocrático en materia de seguridad, muy por lejos está el problema presupuestario y de la capacidad de ejecución del gasto. Eso fue lo que le comenté al Presidente de la República en Cerro Castillo. Tenemos en materia de seguridad pública, tanto en inversión en ambas policías, como en la Agencia Nacional de Inteligencia, donde la ejecución en algunos ítems es cero a julio de este año. 

Podemos hacer todo tipo de diseños burocráticos, podemos crear todas las instituciones que queramos, pero si el presupuesto que hay no lo gastan es un problema. Y no lo gastan porque no están los proyectos, porque las vueltas burocráticas son horrorosamente largas. Entonces de qué sirve si el Gobierno no es lo suficientemente ejecutivo para que, dentro de la escasez presupuestaria, se termine gastando menos de la mitad de la plata. Es un problema.