Rompe paga en la polémica: ¿Deben pagar los padres los destrozos tras las tomas en los colegios?

El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, está en pie de guerra contra los supuestos destrozos realizados por las alumnas del Liceo 7 Teresa Prats, por la toma que realizaron en mayo. La reacción de la autoridad municipal fue querellarse en contra de los padres de las estudiantes que convocaron la movilización.

El municipio se ampara en el artículo 2320 del Código Civil que establece que «toda persona es responsable no sólo de sus propias acciones, sino del hecho de aquellos que estuvieren a su cuidado”. Además, anunció dos medidas: apuntar a quienes inciten las tomas o movilizaciones y si son menores de edad serán los padres los que se responsabilicen costeando los daños que se generen en los establecimientos ocupados.

El abogado de familia Carlos Durán explica que “efectivamente la ley establece que el padre y en su defecto la madre (distinción anacrónica en todo caso) responden económicamente por los hechos de sus hijos menores que vivan bajo su cuidado. Pero también la ley señala que las autoridades de los colegios son responsables por los daños que provoquen los alumnos cuando estén bajo su cuidado salvo que no puedan impedir el hecho”. Durán señala que “al explicitar tanto la responsabilidad de los padres, lo veo primero como una forma de hacer que descartemos la responsabilidad de las propias autoridades educacionales y que la ley establece en el mismo artículo del Código Civil chileno (2320).  Por otra parte, el criterio de ‘rompe paga’ es indirectamente validar los daños en la medida que se paguen, criterio que no creo que corresponda a la esfera educacional escolar”.

La demanda civil de indemnización de perjuicios realizada este lunes fue contra los apoderados de cinco integrantes del centro de alumnas, ya que “ellas no pueden llamar a realizar un acto que tenga connotación delictual”, dijo el abogado jefe del Departamento Jurídico de la Dirección de Educación Municipal (DEM), Christopher Gotschlich. Según explicó, el departamento de catastro del organismo municipal determinó que el establecimiento no se encontraba en las mismas condiciones antes de la toma.

Los costos de los daños corresponden a la suma de $3.300.000 y corresponderían, según informó el municipio, a puertas, ventanas, y chapas.

Sin embargo, las alumnas aseguran que los destrozos no los realizaron ellas, si no que se deben a daños que dejó un sismo. Kimberly Corona, presidenta del centro de alumnas afirmó en entrevista con radio Cooperativa que “el costo que se nos está culpando a las compañeras que estábamos participando de la toma fue excesivo, eran cosas que tenían que ver con la red de electricidad, daños que provocó el temblor que hubo a principios de año”. Además, la dirigente estudiantil explicó que “incluso esto estaba en nuestro petitorio, poder solucionar estos problemas de infraestructura” y explicó que las mismas cosas que estaban pidiendo solucionar las terminaron cuestionando.

El jefe comunal valoró la iniciativa judicial. «Hoy lo que estamos haciendo es tomar medidas de sentido común, que beneficiarán a toda la comunidad, porque no podemos seguir gastando millones en reparar daños que fueron causados por un pequeño grupo», afirmó.

El motivo para utilizar esta medida es porque «el alcalde nos pidió al equipo jurídico darle un reconocimiento legal a la política ‘rompe, paga’ y la que encontramos fue esta, la responsabilidad de los padres. Uno debe entender que legalmente los adultos son responsables por la actuación de sus hijos».

¿Cuáles son las exigencias de los liceos?

De manera global, los alumnos piden el fin de la PSU y el ranking de notas, la gratuidad universal, no más CAE, pase escolar gratuito, terminar con el Simce y condonar deudas del CAE.

En el detalle cada institución tiene petitorios distintos, pero corresponden en general a regulación del acoso, mejorar talleres de PSU y para la vida en general, educación sexual, que no haya evaluaciones ni entrega de nuevos contenidos durante las marchas autorizadas, que puedan participar en diseño de mallas curriculares e incluso piden que en los menús del casino se incluya dieta celiaca, vegana o dietética.

Pero, no sólo el Liceo 7 está siendo cuestionado, también el lunes Confederación Suiza fue desalojado y se acusa a los alumnos de sustraer de la sala de música una guitarra eléctrica, un bajo, un amplificador y dos micrófonos. Hasta el lugar llegó personal de la DEM para constatar los daños causados durante la ocupación. Según Juan Antonio Abarca, hubo 16 detenidos; de ellos, siete son mayores de edad. “Se hizo un catastro y ya estamos en la evaluación final. En la sala de música hubo robo de implementos, rayados y destrozos en el patio”, dijo Abarca. Desde el municipio, hicieron un llamado a los alumnos “a que dejen estudiar a quienes quieren ir al colegio, así podemos avanzar en solucionar los problemas”.

Valeska Madriaga, apoderada de Confederación Suiza, no está de acuerdo con el ‘rompe, paga’: «Es una medida mañosa puesta a propósito de la coyuntura de los chiquillos, pero no es una medida que le corresponde a una autoridad que se hace responsable de los establecimientos que tiene a su cargo. De hecho, los chiquillos realizaron un petitorio que tenía reivindicaciones sobre la infraestructura que está en muy malas condiciones, de eso soy testigo, y la autoridad nunca contestó, por eso se movilizan”.

Además, expresó como apoderada que “no estaba de acuerdo con que se fueran a toma porque me parece que no es mucho lo que se gana, pero sí estoy de acuerdo con la movilización. No estoy de acuerdo con la respuesta de las autoridades porque me parece que ellos se aprovechan de una coyuntura para desprestigiar la movilización y los petitorios reales de los estudiantes. Finalmente, si yo voy a ser demandada para que pague un daño que tenga la escuela, la verdad es que me importa poco, si tengo cómo pagar me da lo mismo, el punto es que la autoridad no se hace responsable y eso me parece que es grave, entonces que están aprendiendo nuestros niños. Están aprendiendo que nuestras autoridades no asumen los problemas de fondo, solamente parches sobre situaciones que surgen frente a una solicitud de los chiquillos”.

Muchos de los padres consultados sobre la responsabilidad que deben asumir sobre los daños provocados en las tomas señalaron que a ellos no se consultaban sobre las tomas, por lo tanto, no se les podía responsabilizar. Al preguntarle a Valeska Madriaga, ésta señaló que, “creo que es una manera de dividir a la comunidad educativa con las medidas que propone el alcalde Alessandri. Ponen a los papás en contra de sus propios hijos y no genera dialogo ni soluciones colectivas, donde la comunidad entera se ponga al servicio de resolver los problemas que hay. De verdad me parece una medida poco adecuada, súper poco pedagógica para los jóvenes, castigadora para los padres. Para él es súper liberador porque todos los daños que tiene la escuela donde tiene que responder la municipalidad se los achaca a los apoderados. Entonces, estamos frente a un círculo vicioso que me parece dañino para la comunidad educativa».

Nos intentamos comunicar con los establecimientos involucrados, pero nos señalaron que tienen prohibición de hablar o entregar información por solicitud del DEM.