Yo opino
Crédito: Agencia Uno
Desde los primeros días del estallido social, ABOFEM manifestó su disconformidad con la respuesta represiva del gobierno y la incapacidad de comprender la protesta social como una manifestación de la desigualdad estructural en nuestro país.
Desde entonces, siguiendo la línea del trabajo realizado desde que nos organizamos como asociación, hemos enfatizado en la necesidad de una transformación en las estructuras de poder que sostienen la desigualdad, cambio que debe materializarse, entre otras cosas, en una nueva Constitución que recoja la perspectiva feminista. Ello significa que sus normas no pueden ser neutrales frente a la realidad desigual que vivimos las mujeres y las disidencias sexuales, sino contener mecanismos y resguardos que atiendan especialmente esas desigualdades para contribuir a eliminarlas.
Por supuesto, la forma en que dicha Constitución se construya es también relevante para desmontar estas estructuras que producen y reproducen desigualdad. Por esto, hemos también sostenido que la composición de una eventual asamblea constituyente debe ser paritaria en términos de género. Si bien es cierto que la participación de las mujeres en este espacio de decisión no asegura la incorporación de un enfoque feminista, pues las mujeres no tenemos una ideología homogénea, nuestro interés es que este debate se realice con la mirada de distintas mujeres, cuestión necesaria para considerar adecuadamente nuestros puntos de vista diversos.
[cita tipo=»destaque»] Si bien es cierto que la participación de las mujeres en este espacio de decisión no asegura la incorporación de un enfoque feminista, pues las mujeres no tenemos una ideología homogénea, nuestro interés es que este debate se realice con la mirada de distintas mujeres. [/cita]
Asimismo, hemos señalado que un espacio constituyente debe asegurar la incorporación de pueblos originarios, personas con discapacidad, personas adultas mayores, migrantes, y otros grupos que deben incidir en el debate para que este nuevo acuerdo social incorpore sus demandas y perspectivas. Incorporar la participación de niños, niñas y adolescentes, por ejemplo, parece del todo relevante para la formación política de nuestra sociedad, así como la incorporación de las personas privadas de libertad que mantienen su derecho a voto y que, por tantos años, se les ha privado por falta de mecanismos operativos para permitirles votar desde su lugar de reclusión. Resulta absurdo que Chile cuente con voto para personas en el extranjero pero no pueda disponer de mecanismos similares para el voto desde dentro de una cárcel.
Lamentablemente, hay sectores que se niegan a implementar estos mecanismos de paridad y cuotas porque serían “discriminatorios”, y otros, abogan por la utilización de los mecanismos electorales ya existentes para la incorporación de las mujeres, como si ello fuera suficiente para asegurar nuestra participación.
Sobre lo primero, la verdad es que desde el derecho internacional, una de las obligaciones que tiene el Estado es precisamente la de garantizar la participación igualitaria de las mujeres en la vida política del país, como establece el artículo 7 letra b) de la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Dicha garantía implica la remoción de obstáculos de facto, tomando “medidas de carácter temporal”, como las cuotas y reglas de paridad, las que “no se considerarán discriminación”, como señala el art. 4 de la misma Convención. Esgrimir que estos mecanismos son discriminatorios es contrario a derecho y, por tanto, un argumento improcedente para negar su implementación.
Sobre lo segundo, nos parece que mantener los mecanismos vigentes para un proceso constituyente es insuficiente porque ello no asegura la paridad. Debemos pensar en mecanismos que aseguren la participación paritaria de forma efectiva, como lo han propuesto las académicas que han presentado fórmulas que así lo permitirían.
Como feministas, exigimos que se respeten las obligaciones internacionales en esta materia, que se mantienen vigentes con carácter vinculante, independientemente de un cambio constitucional. Ello debe ser un elemento central del proceso constituyente, tanto en la forma en que se organiza, como en el fondo del texto constitucional. Chile cambió, aunque algunos aún se resistan. Y las transformaciones que se requieren para que seamos un país más justo y democrático no pueden ser sin nosotras. Nunca más.
