BRAGA
Chile es el único país de américa latina que no cuenta con una ley integral de la niñez y la adolescencia. Asimismo, la explotación sexual comercial infantil no cuenta con una definición jurídica, por lo que no se encuentra tipificada en nuestra legislación. Según el consejo nacional de la infancia y ONG Raíces, las residencias de protección son un espacio que los explotadores sexuales tienen identificado como parte de sus estrategias de captación.
Esta semana, Fundación Niñas Valientes, la Red de Abogados por la Niñez, Fundación para la Confianza y más de 60 diputadas/os se unieron para generar y exigir una nueva comisión investigadora que se dedique exclusivamente a la investigación de las redes de explotación sexual comercial que tienen como principales víctimas a niñas y adolescentes que viven en residencias de la red del SENAME.
En 2017 ingresaron a la Fiscalía Metropolitana Oriente 45 casos de explotación sexual comercial infantil: 43 corresponden a niñas y solo 2 a varones. Todas/os habían estado en residencias del SENAME.
Entre agosto de 2019 y septiembre de 2020, se ingresaron 747 denuncias por abusos sexuales contra niñas, niños y adolescentes al interior de estas residencias. De hecho, según develó la Fiscalía Metropolitana Oriente en 2019, el 91% de las víctimas de explotación sexual comercial ya tenían ingresos previos a programas del Sename por delitos sexuales.
“Actualmente en Chile existen redes de explotación sexual infantil y sus principales víctimas son niñas en estas residencias del Estado. Es de vital importancia investigar, detener y entregar una respuesta oportuna, que garantice y respete los derechos de las niñas y adolescentes. Este tipo de delitos ponen de manifiesto la interseccionalidad de la explotación sexual: se ejerce contra ellas por el hecho de ser mujeres, menores de edad y por encontrarse en situación de pobreza y exclusión”, explican las entidades en sus redes.
Chile es el único país de américa latina que no cuenta con una ley integral de la niñez y la adolescencia. Asimismo, la explotación sexual comercial infantil no cuenta con una definición jurídica, por lo que no se encuentra tipificada en nuestra legislación.
Según el consejo nacional de la infancia y ONG Raíces, las residencias de protección son un espacio que los explotadores sexuales tienen identificado como parte de sus estrategias de captación.
Un ejemplo concreto de esta situación es el caso de la Residencia Ajllasga, ubicada en Arica. Allí, niñas de 13 y 15 años fueron víctimas de una red de explotación sexual comercial infantil, adquiriendo infecciones de transmisión sexual y cáncer cérvico uterino no tratado.
Tres hombres de 18, 21 y 39 años que ofrecían drogas o bajas sumas de dinero a las niñas a cambio de mantener relaciones sexuales, fueron detenidos por este caso. La residencia fue cerrada, pero ninguna de las vulneraciones que se informaron fueron abordadas y ninguna de las medidas jurídicas fueron adoptadas.
Tanto la residencia Ajllasga como Sariri, donde existían redes de explotación sexual infantil, habían sido visitadas siete meses antes por un equipo dependiente del Ministerio de Justicia: la Comisión Interinstitucional de Supervisión de los Centros de Protección de Derechos.
Según el Informe de la Comisión Jeldres, en aquellas visitas no se detectaron las redes de abuso sexual.
