BRAGA
Créditos: Foto de Mariela Vásquez
El acceso a la vivienda digna es el sostén inicial para la estabilidad en otras esferas de la vida, tales como la salud (física y mental), educación, trabajo, recreación, acceso a la información, entre otros. En el caso de las poblaciones LGBTQAI+ este acceso se ve limitado por factores sociales que ponen barreras a la igualdad jurídica y al principio de no discriminación.
Durante este mes de diciembre, diversos/as académicos/as se unieron con SUR Corporación apoyados por la agrupación Organizando Trans Diversidades (OTD) para desarrollar el primer estudio sobre derecho a la vivienda y a un entorno adecuado para disidencias sexuales y de género.
El objetivo del estudio fue explorar la situación de la población LGBTQAI+ en Chile respecto de cómo viven y qué tipo de relaciones forman con su entorno. Los hallazgos principales del estudio dan cuenta que el 25,7% de la muestra declara tener una vivienda propia o en proceso de pago y un 38,6% arrienda, mientras que un 24,4% viven de allegadas y 10,1% tiene una vivienda cedida.
La mayoría de las personas participantes declaran habitar una vivienda construida de forma privada a través de inmobiliarias o por autoconstrucción (77%), mientras que sólo un 22% reside en alguna adquirida con ayuda estatal. En cuanto al costo de renta mensual, se observa que un 65,4% paga menos de $250.000 pesos y el resto paga más que dicho monto, lo que ejemplifica que, en general, las personas encuestadas pueden invertir un monto acotado, razón por la cual comparten vivienda con amistades, parejas y hasta con personas desconocidas.
Esto se refuerza al notar que una de las principales motivaciones para cambiarse de su casa, si pudieran hacerlo, es que su vivienda es muy pequeña (38,8%). El 93,3% opinan que la falta de acceso a la vivienda en Chile es un problema, mientras que el 96%, señala que el derecho a la vivienda adecuada y de calidad debe estar garantizado en la Nueva Constitución política del país.
Resulta preocupante que un 30,4% de las personas participes del estudio ha sufrido agresiones y/o discriminación en su hogar. Siendo víctimas, principalmente de agresiones verbales (68,1%), violencia psicológica (65,1%), el no reconocimiento de su identidad de género (24,2%), manipulación económica (22,7%) y la restricción de acceso a sus hogares (21,2%). Estas agresiones fueron perpetradas mayoritariamente por la familia directa de la víctima (61,2%) o con vínculos de esta, como personas sin parentesco, tales como visitantes de sus hogares (40,3%), familia extendida (22,4%) y otras personas cercanas a ella (13,4%).
Un 45,5% declara haber sufrido violencia y/o discriminación en espacios públicos, de las cuales el 81,1% corresponde a agresiones verbales. Al menos 2 de cada 10 personas han sufrido violencia psicológica (34,7%), física (28,2%) y sexual (20,7%). Estas agresiones han sido mayormente perpetradas por personas desconocidas (71,8%), seguido de habitantes del sector (41,2%) y vecinos/as/es (27,5%). Un 22,2% reporta agresiones por parte de fuerzas del orden público.
El acceso a la vivienda digna es el sostén inicial para la estabilidad en otras esferas de la vida, tales como la salud (física y mental), educación, trabajo, recreación, acceso a la información, entre otros. En el caso de las poblaciones LGBTQAI+ este acceso se ve limitado por factores sociales que ponen barreras a la igualdad jurídica y al principio de no discriminación.
“Se requiere una legislación que reconozca la diversidad en todos sus aspectos. Esto debe complementarse con temas económicos y redistributivos en el camino de obtener calidades dignas de vivienda para las disidencias sexuales y de género” señala el estudio.
Puedes leer el estudio completo aquí:
