CULTURA
A un mes para la caducación anticipada de un convenio marco de ChileCompra, que afecta a libros, música y cine, varias editoriales piden reconsiderar la medida. El diputado Marcelo Díaz envió un oficio al Ministerio de Hacienda para reconsiderar la medida, que afecta a unos 200 proveedores. Solo en 2018, en esta plataforma se transaron productos por 13.100 millones de dólares.
Las editoriales y distribuidoras de libros están de muerte. Son el sector más afectado por el cierre anticipado de un convenio marco de ChileCompra, que también perjudicará al cine y la música, a partir del próximo 9 de julio.
Las pequeñas y medianas empresas del sector, ya golpeadas antes por el estallido social y ahora por el confinamiento en el contexto de la pandemia del coronavirus, piden al Ministerio de Hacienda –del cual depende ChileCompra– reconsiderar la medida, que permite al Estado comprar con un promedio de ahorro de 15% y donde el 92% de los productos cotizados presenta un precio menor al del mercado.
«La existencia del convenio logra reunir a oferentes y compradores en una sola plataforma, lo que es imposible de alguna otra forma. El ideal no es eliminar el convenio marco sino mejorar su eficiencia, con una gestión que permita al comprador acceder a la más amplia oferta en tiempo y forma», acota Arturo Infante, expresidente de la Corporación del Libro, que agrupa a las grandes editoriales.
Este lunes, el diputado socialista Marcelo Díaz envió un oficio a dicha secretaría por este tema, que afectaría a unos 200 proveedores.
«Las librerías y editoriales están cerradas en su gran mayoría a la atención de público en cumplimiento de las directrices dadas por la autoridad, transformándose las ventas al Estado a través de la plataforma de convenio marco en la única forma de seguir operando como industria, por lo que la mantención de este convenio marco es vital para la alicaída industria», puntualiza el documento.
«Que se mantenga la decisión de revocar el convenio implica abiertamente un contrasentido a todas las políticas que el Gobierno debiese tomar a fin de poder reactivar la economía y de proteger a las familias chilenas», reclama.
En el contexto del convenio marco, muchos proveedores habían invertido en stock, capacitación, bodegaje y contrataciones, que ahora parecen haber sido en vano.
El convenio fue cancelado en octubre. La Resolución Exenta N° 610-B, de fecha 9 de octubre de 2019, revocó el Convenio Marco ID 2239-11-LP14, aun cuando su vigencia comprendía desde agosto del año 2015 hasta el mes de agosto del año 2021.
«Cabe destacar que se procedió a ponerle término anticipado, sin consultar a las entidades afectadas, en nuestro caso, editoriales, y la notificación de dicha resolución se realizó través de la página web de ChileCompra, por lo que los afectados nos enteramos cuando ya se habían vencido los plazos para interponer algunos recursos», reclama la editora María Eugenia Lorenzini.
Ella acusa un «desconocimiento» por las autoridades de la realidad del libro en Chile y, por ende, una falta de sensibilidad, además de desinterés por la cultura.
Seis meses antes, en abril, ChileCompra había analizado la pertinencia del convenio. Un informe de la entidad señaló que «con respecto a la materia de compra (libros, discos, revistas) el convenio marco en análisis se ajusta completamente a la definición que se encuentra al principio del documento, pues se trata de bienes, y no de servicios».
«Sin embargo, lo que se muestra en este documento es que el Convenio en análisis concentra una gran cantidad de sus compras en montos que lo hacen susceptible de ser absorbido por otras modalidades de compra como la Microcompra, y que las compras de montos relevantes se concentran solo en 4 compradores, los que se verían más beneficiados (especialmente el Ministerio de Educación) si licitaran los 2 títulos principales que concentran el 73% del valor de sus compras».
«Por lo tanto, se recomienda la descontinuación del convenio marco de Libros, Revistas, Películas y Música 2239-11-LP14», concluyó.
Para Lorenzini, hubo problemas de gestión que ChileCompra no ha sabido corregir, aunque estos fueron una y otra vez informados por las entidades culturales a las autoridades. En vez de buscar una solución a problemas subsanables, se optó por el cierre anticipado del convenio, a pesar de que se reconoce que, gracias a él, se facilitó tanto el proceso de venta como el de compra, dice. De esta forma, los organismos públicos obtuvieron descuentos considerables, pues pudieron optar al mejor precio en el mercado sin recurrir a las tradicionales y onerosas licitaciones que, finalmente, se traducen en compras “a dedo”.
Hubo reclamos del sector, y varias reuniones entre funcionarios y representantes de entidades gremiales, como la Asociación de Editores de Chile.
Finalmente, solo lograron que la Dirección de Compras Públicas, a través de la Resolución Exenta N° 204-B, de fecha 25 de marzo de 2020, prorrogara el convenio hasta el 9 de julio de 2020, lo que ha permitido continuar su uso. Sin embargo, ya se encuentra a un mes de su expiración.
Este medio consultó al Ministerio de Hacienda respecto a si había posibilidad de revertir la medida, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
El citado convenio abarca 12.930 productos, pero la mayoría (12.210) se refiere a libros.
Otros abarcan ítems como libro digital (652), canasta de libros (34), audiolibro digital (12), música CD (10), audiolibro formato físico (6), revista impresa (2), película en soporte magnético (2) y otros (2).
Si una biblioteca, colegio o una universidad, que dependan del Estado, desean adquirir un libro, deben hacerlo a través de ChileCompra, donde sOlo en 2018 se transaron productos por 13.100 millones de dólares.
Eso explica que para muchos proveedores, incluidas las editoriales, se trate de un mercado clave, en el cual estar inscritos y poder ofertar sus productos. Cuando el convenio en cuestión venza, muchas perderán a un comprador clave, que deberá optar por otras modalidades, como trato directo.
En ese sentido, el cierre del convenio afectará no solo a las editoriales, sino también a los compradores del Estado.
Entre los primeros, las editoriales independientes son las más golpeadas.
Como el convenio marco es una plataforma que tiene un catálogo online, es una vitrina que permite visibilizar la diversidad de libros de las editoriales independientes, de modo que los organismos públicos puedan conocerlos y adquirirlos.
Lorenzini advierte que, sin este catálogo online, la adquisición de libros va a estar sujeta al marketing de las empresas, perjudicando a las más pequeñas, que no tienen posibilidades de pagar costosas campañas o de contratar vendedores que lleguen a todas las regiones de nuestro país.
«Todo esto atenta contra la democratización y el fortalecimiento del libro chileno, uno de los principios del convenio marco», alerta.
Aunque el expresidente de la Corporación del Libro entiende que la razón de cancelar el convenio es una relación negativa entre el volumen transado y los costos involucrados, explica que también hay otras razones.
Entre ellas, Infante cita unos procesos burocráticos, poco ágiles en el ingreso de productos y que desincentivan al proveedor a presentar una amplia oferta de títulos y precios; y dificultades para el comprador para visualizar la amplia oferta en el mercado, pues el ingreso está restringido a 30 nuevos títulos cada 15 días, y si es que están perfectamente ingresados.
«La existencia de errores menores –por ejemplo, ingreso de nombres de autores, cantidad de páginas– bloquean el ingreso de cada oferta en su totalidad. Esto significa atrasos importantes», ejemplifica.
También apunta a que no esta permitido el diálogo ni la comunicación entre oferente y administrador en la solución de problemas y mejoramiento de sistema, y la bajada de productos en forma unilateral, lo que afecta al comprador para acceder a una amplia oferta.
«Reintegrar un título por interés de compra de alguna institución es muy engorroso y afecta la fluidez en el proceso de compra», detalla.
«Los aspectos burocráticos del convenio incentivan a participar a los intermediarios que viven únicamente de las ventas al Estado, y que no realizan aportes ni a la comercialización ni a la producción. Sin embargo, desincentivan a participar a la amplitud de editoriales grandes y pequeñas así como a las librerías», remata.
Para el diputado Díaz, todo gobierno puede cancelar anticipadamente un convenio marco.
Sin embargo, en este caso, «dado el escenario que estamos viviendo, y el impacto de la pandemia en términos socioeconómicos en los ingresos familiares, esto puede dejar aún peor a muchas familias que viven de esta actividad, y por eso oficiamos al Ministerio de Hacienda para que revoque esta decisión».
Por eso, pide reconsiderar la medida.
También Infante opina en igual sentido.
«Definitivamente, sería positivo, dadas las dificultades de la comunicación en terreno con los diversos organismos del Estado, como municipalidades, bibliotecas, etc. En esta extensión de tiempo se debería considerar una revaluación con los diferentes actores del sector para no eliminar el convenio sino mejorarlo, o implementarlo en el nuevo modelo de convenio marco al que están accediendo otros rubros», plantea.
Aunque el cierre anticipado originalmente estaba programado para abril, debido a que no existe ningún plan ni estrategia de reemplazo, el Gobierno decidió correrlo para junio, acusa Paula Gaete, presidenta de la Cooperativa Editores de la Furia.
«Es impresentable que el Gobierno cierre un convenio marco sin presentar una alternativa a las pequeñas compras», critica.
«Ahora hay que volver al sistema de licitación. Pareciera que no entienden que el libro no tiene el mismo comportamiento que otros productos dentro del mercado. O tal vez no les importa. Como siempre, salen beneficiados los grandes distribuidores», lamenta.
De hecho, la gran mayoría de las editoriales, librerías y distribuidores no cuenta con los recursos necesarios para gastos de publicidad, marketing y difusión de sus obras, admite el distribuidor Cristian Valle.
Lorenzini lo menos que espera es no modificar las condiciones que ya estaban establecidas y para las cuales las editoriales se habían preparado. «De otra forma, en las actuales circunstancias es poner una lápida a un sinnúmero de microempresas justo cuando lo que más necesitamos es que se fortalezca la acción del Estado».
Además, advierte que el sistema de “compra ágil” para adquisiciones bajo las 30 UTM –actualmente vigente, pero escasamente usado–, que está proponiendo como reemplazo ChileCompra, no tiene el catálogo online del convenio marco y, al requerir cotizaciones, va a significar un aumento de compras a dedo de libros a empresas que hayan podido promocionarlos por sus propios medios.
A su parecer, en ningún caso la “compra ágil” debería reemplazar al convenio marco. En último término podrían coexistir ambos sistemas. «Sobre 30 UTM volvemos a las licitaciones clásicas con los mismos problemas por los cuales se creó el convenio marco», remata.
«Es solo un tema de voluntad política y se debería considerar especialmente la coyuntura a la hora de decidirlo», recalca Valle. «Por lo demás, solo estamos pidiendo que se respete un Convenio y sus bases, nada más», concluye.
