MERCADOS
Foto: www.elaconcagua.cl
La industria financiera selló el destino de la centenaria fábrica que cesó de inmediato sus operaciones en la última semana de diciembre. «No pudimos seguir dándoles la mano a los trabajadores y eso es lo que nos duele», comentó al momento del cierre Patricio Pentzke. El caso de la conservera que funcionaba en San Felipe no es aislado, pues se suma a la lista de empresas en regiones que, desde el año 2018 –cuando debió empezar a cumplirse la promesa electoral de los tiempo mejores–, bajaron sus cortinas, afectando directamente a las comunas donde operaban, como la naviera Maersk, la azucarera Iansa en Linares, Guante y Pastas Suazo, por mencionar algunas.
Más de cien años en San Felipe. Ese fue el tiempo que la conservera Pentzke operó en esa comuna de la Región de Valparaíso.
Casi el mismo día de Navidad y sin hacer demasiado eco en Santiago, salvo algunos lamentos nostálgicos en redes sociales, en el Valle del Aconcagua cundió el desanimo: después de 103 años de operación ininterrumpida, con un peak en que dio trabajo a cerca de 4 mil personas, la histórica fábrica quebró.
Desde hace unos meses, ya se rumoreaba entre los trabajadores –cerca de 400 de manera directa– que la empresa fundada por la familia Pentzke y dueña de la conocida marca de conservas Dos Caballos y no perecibles Bonanza, estaba en problemas financieros.
Para ser exactos, se trataba de una deuda sobre los $69 mil millones. La firma salió en la búsqueda de un socio y lo encontró. Justo la semana del estallido social del 18 de octubre, estructuraba un plan para mantenerse a flote y no dejar en la calle a las cerca de 1.600 personas que dependían de puestos de trabajo, contando a colaboradores y sus familias. La idea era asociarse con Agrocommerce. Hasta pidieron la autorización de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) –que les dio la venia– y organizaron un Procedimiento de Reorganización Judicial.
Pero no todos los acreedores de la compañía pensaban igual. Y el «milagro» navideño que esperaban se vio frustrado: los bancos no le creyeron y optaron por rechazar cualquier plan de pago. «Los bancos solamente pensaron en sus dineros. No pensaban en los trabajadores, no pensaban en nada», dijo el alcalde de San Felipe, Patricio Freire.
[cita tipo=»destaque»]La Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento está monitoreando de cerca qué sucederá los próximos meses, sobre todo en el sector pyme, pues reconocen que el efecto del estallido social solo será apreciable en unos meses. «Se ha hecho evidente que la coyuntura social que estamos atravesando ha perjudicado en el plano económico y financiero a empresas y sus trabajadores. Sin embargo, aún no se ha visto el efecto en la cantidad de solicitudes realizadas posterior al comienzo del movimiento social, solo se ha reflejado un aumento del total de procedimientos admitidos en tribunales, mayormente solicitados con anterioridad».[/cita]
Sin demasiados aspavientos en medio de otras preocupaciones económicas, la industria financiera selló el destino de la fábrica que cesó de inmediato sus operaciones en la última semana de diciembre. «No pudimos seguir dándoles la mano a los trabajadores y eso es lo que nos duele», comentó al momento del cierre Patricio Pentzke.
La noticia ha sido un golpe para la comuna de la V Región, debido a la alta estacionalidad de la demanda de esta fábrica. «San Felipe se muere», rezaban varias de las pancartas de protesta de los empleados afectados.
«El 70% de San Felipe alguna vez ha trabajado ligado a la conservera», comentó el dirigente gremial de la firma, Juan Astudillo. En sus mejores tiempos –recordó– de El Melón, Los Andes, La Ligua, Quillota, Petorca y todos los sectores rurales de la Región de Valparaíso se movían trabajadores a la empresa.
«Estamos en una ley de la selva. Esta Ley de Reorganizaciones beneficia a las empresas. Acá la media de los trabajadores llevaba 20 años trabajando y nos han ofrecido tres meses de sueldo como indemnización. A nivel de Gobierno, más que autoridades locales, nadie se ha acercado. Y nos ofrecen del Sence capacitarnos. Y uno se pregunta en qué, si en la zona no hay trabajo», denunció Astudillo en conversación con El Mostrador.
Agregó otro antecedente. Pentzke era la única industria que aún operaba en San Felipe. Hace unos años, la fábrica agroindustrial de Aconcagua, luego de un proceso de venta, también había cesado sus operaciones.
«Me di cuenta con qué frialdad se trata el tema, cuando todos los acreedores buscaban una continuidad, otorgando todas las facilidades. Pero los bancos, que eran mayoría, prefirieron pedir la quiebra. Eso nos tiene preocupados. Una empresa parte del patrimonio de la ciudad, una empresa que en temporadas peak emplea más de 4 mil personas. Hoy día con los dos dígitos de cesantía que tiene el Valle de Aconcagua y la comuna. Eso fue totalmente frío, una empresa que la dejan morir», comentó el alcalde de San Felipe.
La situación de Dos Caballos parecería secundaria ante los problemas económicos profundos a los que se enfrenta la economía local: un crecimiento negativo por segundo mes consecutivo y la amenaza de una crisis económica, han concentrado la atención de La Moneda. Pero la situación de Pentzke no es aislada, sino que se suma a la lista de empresas en regiones que, desde el año 2018 –cuando debió empezar a cumplirse la promesa electoral de los tiempo mejores–, bajaron sus cortinas, afectando directamente a las comunas donde operaban.
En 2018 y 2019, varios reportajes de El Mostrador Mercados evidenciaron la situación de varios miles de trabajadores afectados por el cierre o quiebra de sus compañías. Pasó con la naviera Maersk, con la azucarera Iansa en Linares, con Guante y Pastas Suazo, solo por mencionar algunas.
A eso se debe sumar un 2019 en el que debe quedar plasmado el cese de actividades tras el estallido social de octubre, que ya muestra un aumento del cierre de empresas. De acuerdo a las cifras del Informe Anual de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, los doce meses del año pasado, la cantidad de compañías y personas que se acogieron a la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento (que reemplazó a la Ley de Quiebras) aumentó un 26%. Se trata de un total de 7.750 procedimientos en todo Chile.
Para la superintendencia es mejor optar por la lógica del vaso medio lleno: «Si miramos lo que ha sucedido con las empresas en general, en 5 años 5.252 han logrado hacer frente a problemas financieros reorganizando sus deudas o bien dando un cierre formal para poder volver a reemprender y esto en un poco más de un año promedio, plazo significativamente menor a los que encontrábamos en el antiguo sistema de quiebra, donde los procedimientos tardaban en promedio 5 años en cerrar. Y aquí es importante destacar que un cierre informal, sin acogerse a los procedimientos de la ley, trae como consecuencia una serie de hechos negativos para las empresas: los intereses que se generan por los créditos impagos siguen aumentando, al igual que la deuda. Asimismo, se limita el acceso al crédito, al quedar registrados como deudores, se deterioran las relaciones comerciales con los proveedores, no se resuelve la situación laboral de los trabajadores y el no pago de los impuestos asociados a la empresa. El no término de giro de la misma, no permite reemprender».
Desde la señalada superintendencia agregaron que cuando «una empresa se somete al procedimiento concursal de liquidación, a los trabajadores la ley les resguarda una serie de derechos laborales, fundamentalmente en lo que tiene que ver con el pago de sus remuneraciones, feriados e indemnizaciones, esto por tener primera prioridad en el orden de prelación para el pago de sus acreencias».
Pero los trabajadores de Penztke han asegurado –a modo de ejemplo– que a cientos de ellos se les debían meses de cotizaciones de salud y AFP y, al parecer, nadie fue capaz de fiscalizarlo. «Firmamos finiquitos para poder hacer uso de los seguros de cesantía y nos encontramos con meses de deudas previsionales. Esta es una ley que favorece al empresario», reclamó Astudillo.
La superintendencia insistió en enfocar los números en perspectiva. «Efectivamente, comparando los años 2018 y 2019, se evidenció un incremento de un 23 por ciento en los procedimientos de liquidación de empresas. Es importante consignar que esta es la menor alza registrada en los últimos dos años, si se considera que entre 2018 y 2017 hubo un aumento de un 33 por ciento en las liquidaciones de empresas» y ello se explica, añadió el organismo, por el mayor «conocimiento que existe de esta ley, producto de la intensa difusión que año a año realiza la super».
Pese al optimismo, la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento está monitoreando de cerca qué sucederá los próximos meses, sobre todo en el sector pyme, pues reconocen que el efecto del estallido social solo será apreciable en unos meses. «Se ha hecho evidente que la coyuntura social que estamos atravesando ha perjudicado en el plano económico y financiero a empresas y sus trabajadores. Sin embargo, aún no se ha visto el efecto en la cantidad de solicitudes realizadas posterior al comienzo del movimiento social, solo se ha reflejado un aumento del total de procedimientos admitidos en tribunales, mayormente solicitados con anterioridad».
La autoridad explicó que, en general, «los emprendedores y empresarios no llegan y cierran sus empresas, dado el apego que generan a estas y porque, también, la decisión pasa por asesorarse e ir a tribunales, lo cual puede tomar un tiempo no menor. Si comparamos la cantidad de procedimientos desde 18 de octubre al 31 de diciembre de 2019, respecto de igual periodo de 2018, las solicitudes de liquidaciones de personas cayeron en un 27% y las de empresas en un 19%, mientras que las reorganizaciones aumentaron en un 118% y las renegociaciones en un 6%. Posiblemente a partir de marzo podría dejarse ver el impacto en la cantidad de procedimientos, tema que estamos monitoreando periódicamente», afirmaron.
