Opinión
Será necesario redefinir la misión, la gobernanza, la relación con la sociedad y las modalidades de financiamiento de la futura TVN. Algo más de dos años parece un plazo suficiente para tramitar y aprobar la nueva ley que resuelva sus problemas estructurales. También es tiempo suficiente para dotar al país de un modelo de televisión pública adecuada a los vertiginosos cambios tecnológicos y sociales y que se constituya en un medio que fortalezca los valores de los Derechos Humanos, la democracia y el pluralismo.
La decisión del Gobierno de otorgar un aval del Estado para que Televisión Nacional de Chile contrate un préstamo por 70 mil millones de pesos, le permite resolver una crisis financiera que, de no mediar esta decisión, habría llevado a la empresa a una situación de cesación de pagos en abril o mayo del presente año, y a su eventual quiebre.
La contratación del nuevo crédito permitirá pagar la abultada deuda acumulada, liberar la hipoteca de sus activos, disminuir los costos del servicio de la deuda y sostener los déficits operacionales previstos por al menos dos años. El canal podrá funcionar por ese periodo con una estabilidad financiera que no ha tenido desde 2014 y, mediante una adecuada gestión, mejorar tanto la calidad de su programación como su gestión comercial.
Sin embargo, esta decisión no resuelve los problemas estructurales del financiamiento de la televisión pública. El déficit operacional estimado para 2020 es del orden de 10 mil millones de pesos (unos 12 millones de dólares) y ninguna previsión razonable de futuro permite sostener que TVN sea viable económicamente financiándose exclusivamente mediante la inversión publicitaria y la venta de servicios, sin perjuicio de que existe un margen para mejorar su gestión comercial y para disminuir costos.
El alivio financiero le permitirá seguir operando durante un periodo en el que es políticamente crucial mantener un canal de alta audiencia con el mandato legal de promover el pluralismo informativo y, a la vez, da un tiempo suficiente, aunque acotado, para definir y sancionar legislativamente un nuevo modelo de TV pública.
La crisis de TVN no es solo financiera. Se refleja también en una pérdida del liderazgo que ejerció entre los canales de televisión abierta desde los noventa hasta 2010, en un empobrecimiento paulatino de su programación y en un desperfilamiento sustantivo de su misión como televisión pública. Hoy día solo su área de prensa es competitiva. El modelo de televisión pública establecida en la ley aprobada por el Congreso en 1992 y modificada parcialmente en 2018 se encuentra agotado. Debe ser sustituido por otro, que redefina su misión en función de las transformaciones ocurridas en el país y en la industria de las telecomunicaciones a nivel mundial.
La crisis de TVN se ha precipitado por evidentes errores en su conducción, particularmente a partir de 2013, pero se desarrolla en el cuadro de una crisis general de la industria de la televisión abierta en el país y en el mundo.
Varias son las razones que explican dicha crisis. La principal es la profunda transformación tecnológica que está en la base de la producción, emisión y recepción de contenidos audiovisuales de todo tipo: informativos, recreativos, culturales, deportivos, infantiles, etc. La televisión abierta ya no solo compite con la de cable, como hace algunos años, sino con un conjunto variado de plataformas que utilizan internet y que son recepcionadas en diversos soportes, incluida la telefonía celular.
A ello se agrega la creciente importancia de las redes sociales como instrumentos de comunicación, información/desinformación y debate público, lo que modifica profundamente el hábito de consumo de los contenidos audiovisuales. Las audiencias de la televisión abierta tienden a disminuir, aunque a un ritmo lento, pero aún se mantienen altos, y sigue siendo este el principal medio informativo y de transmisión de contenidos locales, tendencia que no solo se verifica en Chile sino a nivel mundial.
Estas profundas transformaciones obligan a las empresas cuyo objeto principal ha sido producción y transmisión de contenidos audiovisuales mediante la TV abierta o su oferta a las empresas de cable, a convertirse en empresas de comunicación multimediáticas con la utilización de todas las plataformas de emisión –incluida la radio– y las distintas modalidades presentes en las redes sociales. Ello las obliga a un complejo ejercicio de reingeniería institucional y a la adquisición de diversas y nuevas capacidades y talentos, con la consiguiente necesidad de nuevas inversiones.
Las transformaciones tecnológicas en curso en el área de las comunicaciones audiovisuales han tenido un impacto directo y relevante en la distribución de la inversión publicitaria. En la década que termina, en Chile esta se ha mantenido básicamente constante, pero a partir de 2013-14 su distribución se ha modificado sustancialmente. El sector más castigado ha sido el de la prensa escrita, seguido por la televisión abierta, a favor de internet. En el caso de TVN, por ejemplo, si en 2013 se vendieron 78 mil millones de pesos en publicidad, en 2018 esta cifra alcanzó 44 mil millones, es decir, una disminución de la fuente principal de sus ingresos de un 43,5% solo en cinco años.
Salvo Megavisión, los otros tres grandes canales han enfrentado severos problemas financieros los últimos años, especialmente el 13 y TVN. Los privados han resuelto sus problemas mediante programas de reestructuración y reducción de costos y con el apoyo financiero decidido de sus controladores. TVN recibió en 2018 un aporte de capitalización de 25 millones de dólares mediante la ley aprobada en 2018, que ha sido de dificultosa ejecución, debido a la exagerada intromisión de la Dirección de Presupuesto en su administración, e insuficiente para resolver su crisis financiera.
La Ley 19.136 de 1992, que dio origen al modelo de televisión pública vigente, fue producto de un complejo acuerdo entre el Gobierno y la oposición de la época.
TVN a comienzos de la transición democrática enfrentaba un grave problema de audiencias y de credibilidad pública, debido a su incondicionalidad editorial con la dictadura y un déficit financiero del orden de los 2.500 millones de pesos de la época. Sectores importantes de la derecha cuestionaban la necesidad de contar con una TV pública, teniendo en cuenta que desde su nacimiento se concibió como un canal de Gobierno, como ocurrió con Frei, Allende y Pinochet. No querían entregarle un canal a Aylwin. El Gobierno planteó la necesidad de un canal público que tuviera como función principal asegurar pluralismo informativo y transmisión de valores democráticos, autónomo de los Gobiernos de turno y con una dirección que diera cuenta del pluralismo del sistema político de la época. El proyecto gubernamental inicial proponía un financiamiento mixto, con un aporte estatal justificado por la imposición de una misión pública que los canales privados no tenían.
Finalmente, el acuerdo no incluyó el financiamiento mixto. La derecha solo concedió que el Estado se hiciera cargo de la deuda de arrastre. Se estableció un estatuto que no asimilaba a TVN al resto de las empresas públicas sino al de las sociedades anónimas y un directorio integrado por seis miembros propuestos por el Presidente y aprobados por el Senado y un presidente de designación presidencial. Se entendía que, de los seis directores, tres corresponderían a partidarios del Gobierno y tres de la oposición.
Se inauguró de esta manera un modelo de televisión estatal único en el mundo: dotado de obligaciones de servicio público y financiado mediante el mercado publicitario en competencia con los otros canales privados.
Hay que convenir que el modelo funcionó durante un periodo prolongado, particularmente en la década de los 90. La virtuosa combinación de un sólido y plural departamento de prensa, proyectos culturales novedosos y un área dramática de calidad, le permitieron ocupar una posición de liderazgo en materia de audiencias, superando al rival del momento, el Canal 13. Desde el punto de vista comercial, fueron años de bonanza que permitieron invertir en programación e instalaciones.
El liderazgo en materia de audiencias se mantuvo, en lo esencial, hasta 2010. Sin embargo, la competencia por el rating –estimulada por la aparición de nuevos canales con sólido respaldo empresarial– hizo que prácticamente desapareciera una programación cultural de calidad, que aumentaran los espacios de carácter farandulesco y que prácticamente se eliminaran los de debate político, con lo que la discusión respecto de hasta dónde TVN estaba cumpliendo su misión adquirió nueva fuerza. Con todo, la fortaleza de sus áreas de prensa y dramática le permitió disputar el liderazgo de audiencias –esta vez con Megavisión– hasta 2010.
Existen sobradas razones para cuestionar hasta dónde TVN ha cumplido su misión de canal público, especialmente en los últimos años. En todo caso, a mi juicio, es indispensable rescatar y valorar su aporte indispensable para configurar una pauta informativa que tiene el pluralismo como un objetivo editorial mandatado por ley. Este mandato nunca se cumple a cabalidad, incluso a veces se puede distorsionar, pero siempre se puede exigir. Cuando un canal de alta audiencia tiene una pauta informativa que tiene la exigencia del pluralismo, ello condiciona también la línea editorial de los otros canales, si no por convicción, por la imposición de la competencia.
Este hecho fundamental tiende a ser desconsiderado por una buena parte de la opinión crítica del desempeño de TVN. Cuando escucho decir “para qué se justifica una TV pública, cuando sus noticieros son casi iguales a los del resto de los canales privados”, respondo que efectivamente son casi iguales precisamente porque existe uno público. Si no fuera así, la línea editorial de los privados sería impuesta sin contrapeso por sus controladores. Fui testigo durante cuatro años en Brasil de una televisión abierta dominada por un gran conglomerado –O Globo–, cuya línea informativa excluía completamente a todas las expresiones políticas y sociales contrarias a su definición política, obviamente conservadora.
En TVN, el inicio del desplome en materia de rating se inicia en 2013, cuando debido a un torpe manejo del presidente del Directorio del momento, renunció la directora del área dramática y se fue a Megavisión, con la mayor parte de su personal: guionistas, directores, actores y técnicos. Se perdió así una de las mayores fortalezas de TVN construida en 20 años. De este golpe, a pesar de algunos esfuerzos posteriores, la empresa no ha podido recuperarse, lo que la ha relegado al cuarto lugar en materia de ranking los últimos años, a una distancia no irremontable del tercero. En 2019 el rating promedio anual de TVN fue de 5.1 puntos y el del Canal 13 de 5.6.
Simultáneamente se produjeron crisis en la dirección: en 2014 se sucedieron varios directores ejecutivos.
A la disminución del rating se sumó, en el mismo periodo, la brusca caída de ingresos publicitarios, lo que provocó una espiral de déficits operacionales a partir de 2014 y del consiguiente endeudamiento bancario en un periodo de intereses relativamente altos. Ello explica la crisis financiera terminal que enfrentó la empresa a comienzos de 2020.
Durante el Gobierno de la Presidenta Bachelet se tramitó la Ley 21.131, con el propósito de enfrentar las dificultades de TVN, la que fue aprobada recién ya instalado el Gobierno de Piñera. En dicha ley se amplió el giro de TVN, permitiéndole desarrollar, además de los servicios de televisión establecidos en la ley original, “la producción, emisión y transmisión de contenidos audiovisuales y de radiodifusión en cualquier formato o medio”.
Es decir, se le permitió adecuarse a las nuevas exigencias de la industria. En materia de financiamiento, no se modificó el estatuto original, pero se estableció, por una sola vez, un aporte del Estado con finalidades y montos específicos: US$ 22,3 millones para el proyecto de digitalización que deberá concluirse en 2024; 18 millones de dólares para implementar una segunda señal abierta de carácter cultural; y 25 millones de capitalización para solventar el déficit.
En el Congreso de la época se desperdició la oportunidad de un debate de fondo sobre qué modelo de televisión pública debe darse el país para el futuro, redefiniendo su misión, su gobernanza y las modalidades de su financiamiento. Ya en ese periodo era evidente que el esquema de gobierno corporativo, y particularmente la composición del Directorio de TVN –nacido en el contexto de un sistema político organizado en dos grandes bloques– es incapaz de expresar la diversidad política y cultural de la sociedad, y que el financiamiento basado casi exclusivamente en el mercado publicitario simplemente hacía inviable una televisión pública
La contratación del nuevo préstamo y el alivio financiero que la empresa tendrá por un periodo acotado de unos dos o tres años, abre un período de transición en el que simultáneamente se deberían realizar mejoras sustantivas en su gestión y en la calidad de su programación y abrir en el Congreso Nacional un amplio debate sobre el modelo de TV pública del futuro, que se cristalice en una nueva ley.
Durante este período de transición debería exigirse a la dirección de TVN, por lo menos:
Será necesario redefinir la misión, la gobernanza, la relación con la sociedad y las modalidades de financiamiento de la futura TVN. Algo más de dos años parece un plazo suficiente para tramitar y aprobar la nueva ley que resuelva sus problemas estructurales.
El Gobierno debería comprometerse a enviar un proyecto de ley que reforme en profundidad la aprobada en 1992. Su discusión en el Congreso debería ser acompañada de un amplio y abierto debate con una activa participación de las organizaciones de la sociedad civil. Particularmente importante será el aporte de la comunidad de los creadores y productores audiovisuales, que en Chile son muchos y de probada calidad.
Dos años es tiempo suficiente para dotar al país de un modelo de televisión pública adecuada a los vertiginosos cambios tecnológicos y sociales y que se constituya en un medio que fortalezca los valores de los Derechos Humanos, la democracia y el pluralismo.
