Renta básica de emergencia para Chile: urgente y necesaria

La pandemia ha azotado con fuerza a nuestro país y el pueblo de Chile está sufriendo las consecuencias de una actitud y respuesta gubernamental que han sido erráticas, mezquinas y lentas. La ausencia, por parte del Gobierno, de un diagnóstico correcto sobre la pandemia y su contención, junto a la implementación de una estrategia fracasada, ilustran sobre la racionalidad y lógica completamente equivocada del Presidente y sus equipos gubernamentales.     

Durante los años anteriores, la política pública en materia de protección social antes del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, avanzó considerablemente (no sin una férrea oposición de los sectores neoliberales) en buscar soluciones universales o abarcativas tendiendo a la universalidad, como fue la ampliación del 40% al 60% del subsidio único familiar (SUF) o la gratuidad universitaria (60%).

En el mes de mayo se presentó en el Parlamento el proyecto de ley de Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), con la pretensión de entregar alivio a las familias más vulnerables que habían sido afectadas por la pandemia. Este beneficio, se decía, llegaría a 1,9 millones de hogares. Sin embargo, el proyecto develaba un conjunto de inconsistencias entre el discurso y su materialización, y de insuficiencias en torno al monto de las ayudas y las coberturas. Esto porque, según la información del Registro Social de Hogares (junio, 2019), el tramo del 40% más vulnerable estaba conformado por más de 2,9 millones de hogares con un promedio de ingresos por hogar de 208 mil pesos.

En el proyecto de ley del IFE 1.0 y en su informe financiero, se mencionaba al Registro de Información Social (RIS) como la fuente sobre la que se calcula la población beneficiaria, sin embargo, el RIS no es el instrumento pertinente, porque no está orientado a detectar vulnerabilidad social de hogares, sino que cuantifica beneficiarios unipersonales de programas, como el subsistema de seguridades y oportunidades y todos los demás programas del sector social (Chile Crece Contigo, etc.).

La utilización de este registro explica por qué se contabilizó solo 1,9 millones de potenciales hogares beneficiarios siendo que más de 2,9 millones de hogares se encuentran,, a junio de 2019 en el 40% de vulnerabilidad, según la calificación socioeconómica del Registro Social de Hogares. Esta era la letra chica del proyecto. Sumado, además, que la utilización del Registro de Información Social genera dudas con respecto a la actualización de la información, porque puede presentar discontinuidad en los reportes de cada programa.

Así, aun cuando el IFE declaraba aumentar la cobertura, siguió siendo insuficiente para entregar una solución de renta básica a vastos sectores de la población. En efecto, al día de hoy ni siquiera se ha podido dar cobertura efectiva al millón y medio de hogares más vulnerables.

Se hubiese esperado entonces (marzo), considerando la situación más apremiante y ya con visos de catástrofe, que pudiera haberse implementado una política pública más rápida y oportuna, más extensiva y no hiperfocalizada. El argumento del ministro Briones al respecto, planteado en distintos momentos, en cuanto a que esto era una “película y no una foto”, para justificar las ayudas a cuentagotas, no es atinente, porque el tamaño de las ayudas, subsidios y bonos eran y son muy distantes a las necesidades de los sectores más vulnerables y no se condicen con los parámetros mínimos de suficiencia, ni por mínimos de ingresos del trabajo ni al mirarlo por la línea de la pobreza. Y, es más, esas necesidades son hoy más urgentes que antes.

Recientemente, tras el acuerdo entre el Gobierno y tres partidos de la oposición, se ha hablado de un paquete social y económico de 12 mil millones de dólares, en el que se incluye un «Ingreso Familiar de Emergencia 2.0», acuerdo que consideraría tres puntos centrales: 1) protección de los ingresos de las familias; 2) plan de reactivación económica y del empleo; y 3) convergencia fiscal de mediano plazo. El IFE 2.0 se presenta como el núcleo de una estrategia de protección reforzada para las familias.   

En los últimos días han surgido numerosos reclamos en redes sociales de personas que denuncian que han quedado fuera del IFE 1.0, y no entienden el por qué. Estas denuncias son de personas que refieren pertenecer al tramo del 40% más vulnerable del registro social de hogares. Durante la tramitación del proyecto, en el Congreso y en los medios de comunicación, el entonces ministro Sichel y el Presidente Piñera señalaron en diversas oportunidades que esta era una política pública que llegaría al 80% más vulnerable, para luego matizar, en un debate más técnico, cómo este universo en la práctica tenía una cobertura menor. Estos datos muestran que, en los hechos, comunicacionalmente se les mintió a las familias.

A tal respecto, es cuestionable un acuerdo extraparlamentario con un Gobierno que no tiene credibilidad, que permanentemente presenta iniciativas con letra chica, que distan de dar soluciones dignas y suficientes a nuestro pueblo, y que además privilegia el salvataje a grandes empresas por sobre instalar soluciones dignas y suficientes para los sectores más vulnerables o el apoyo sin segundos intereses (léase lucro de la banca) a las micro, pequeñas y medianas empresas.

El IFE 2.0 debe tener características de una renta básica de emergencia y no puede presentar los mismos vicios de hiperfocalización que el anterior ingreso. Tiene que entregar montos suficientes (no menores a la línea de la pobreza), no ser decreciente, no discriminar por tipo de ingreso (formal e informal). La renta básica de emergencia debe llegar íntegra al menos a los tres millones de hogares más vulnerables de nuestro país y abarcar con apoyos económicos a los sectores medios que también han perdido ingresos y que viven privaciones en sus hogares. El Estado debe dar una señal potente para que la cuarentena sea efectiva. No se saca nada con obligar discursivamente a la ciudadanía a permanecer en sus casas si no se entregan los recursos mínimos y suficientes para su manutención. La responsabilidad del Gobierno es ineludible en esto.

Los montos difundidos en los medios de comunicación, respecto al acuerdo entre el Gobierno y una parte de la oposición, permiten establecer con claridad que el primero podría haber desplegado ayudas sociales más robustas desde el mes de abril y no haber prolongado la ansiedad, incertidumbre y necesidad de las familias. Existiendo recursos públicos suficientes en las arcas fiscales, no se explica que el IFE 2.0 no alcance a la línea de la pobreza por hogar, máxime cuando dicho indicador, a la luz de las condiciones extranormales que vive el país, probablemente rápidamente quede obsoleto. No se puede olvidar que los precios de los alimentos y artículos esenciales están disparados.

Es particularmente sensible para la ciudadanía que se le ofrezcan beneficios sociales a través de los medios de comunicación, para luego percatarse que no es parte del universo de quienes lo recibirán. Esto es delicado, la suma de descontento social a un escenario de hambre e incertidumbre no traerá tranquilidad social. El Gobierno debe ser serio en sus propuestas y los partidos de oposición deben estar a la altura para resolver soluciones suficientes ante las necesidades y la dignidad de un Chile donde las mayorías cada vez son más excluidas.