viernes, 27 de noviembre de 2020 Actualizado a las 17:57

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Protección laboral: la deuda pendiente

Protección laboral: la deuda pendiente
La vulnerabilidad social se vincula directamente con las precarias condiciones laborales existentes en Chile. La ausencia de contratos o la existencia de tratos a plazos, sumado esto a la falta de prestaciones previsionales y de salud, implican desprotección para un alto porcentaje de trabajadores, quienes se ven obligados a vivir de las ganancias del día o en empleos de corta duración, situación que es aun peor para el caso de las trabajadoras.
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La discusión de un nuevo retiro del 10% de los ahorros previsionales, para enfrentar la disminución de ingresos en los hogares del país producto del COVID-19, deja entrever la raíz de un problema latente hace décadas, pero lo aborda de forma reactiva y sin cambios de fondo: las precarias condiciones laborales que existen en Chile.

Volvamos a octubre de 2019. El estallido social visibilizó las dificultades cotidianas de un alto porcentaje de la población, siendo las demandas por mejores condiciones de vida una importante bandera de lucha. La fragilidad que presentan grupos como la clase media, describe a cabalidad el tipo de desarrollo experimentado por el país en los últimos 30 años.

La disminución de la pobreza se logró sobre la base de un mayor acceso al crédito y al consumo, sin una mejora en las condiciones laborales, manteniendo un alto porcentaje de la población en una grave situación de vulnerabilidad. La OCDE advertía que –a pesar de la reducción de la pobreza de un 39% en 1990 a 9% en 2017– en Chile hay un 11,3% de probabilidad de que una persona del segundo quintil de ingresos pase al quintil más pobre, frente al promedio de 4,6% que muestran los países OCDE.

Ante a este escenario y ad portas de un proceso constituyente, se vuelve cada vez más necesaria e imperativa la discusión sobre las condiciones laborales. El punto de inflexión que ofrece la actual crisis, cuestiona el modelo mediante el cual se sostendrá el desarrollo económico del país y releva la importancia del trabajo digno y empleo protegido, como claves para fomentar la equidad en la sociedad chilena.

Vulnerabilidad que se acentúa ante escenarios de crisis, donde la pérdida del empleo, la disminución de ingresos o la enfermedad grave de algún miembro del hogar, puede significar una reducción importante de la calidad de vida en corto tiempo.

Este fenómeno de vulnerabilidad social, se vincula directamente con las precarias condiciones laborales existentes en Chile. La ausencia de contratos o la existencia de tratos a plazos, sumado esto a la falta de prestaciones previsionales y de salud, implican desprotección para un alto porcentaje de trabajadores, quienes se ven obligados a vivir de las ganancias del día o en empleos de corta duración, situación que es aun peor para el caso de las trabajadoras.

Además, estas condiciones significan para las personas vivir con altos niveles de incertidumbre en su día a día, muchos sin poder llegar a fin de mes sin seguir endeudándose y anulando cualquier posibilidad de proyectarse a futuro. La encuesta CASEN de 2017 mostraba que el 21,5% de la fuerza laboral trabaja por cuenta propia.

La Encuesta de Percepción del Desarrollo Urbano Sustentable, elaborada por el Centro de Desarrollo Sustentable (CEDEUS), aplicada entre septiembre y octubre de 2019 en el Gran Santiago, muestra además que estas condiciones son diferentes dentro de esta ciudad. Por ejemplo, en el barrio alto las personas con contrato alcanzan cerca del 75% de la población empleada, en tanto, en sectores de menos ingresos, como en las zonas sur y poniente del área metropolitana, este valor representa menos de la mitad. Por otro lado, en estas últimas zonas, se estima que poco más del 40% de las personas trabajan por cuenta propia, mientras que en el sector oriente rondan el 20%.

En el contexto de la pandemia y el confinamiento, se han confirmado los escenarios más catastróficos asociados a la vulnerabilidad económica. Quienes trabajan por cuenta propia –al día y de manera informal en el espacio público o entregando servicios en casas y oficinas– han sido los más afectados, perdiendo muchos su fuente de trabajo. También lo han sido trabajadores independientes con mayor calificación o en régimen de boleteo, que al no contar con una relación formal que asegure su trabajo a un mediano plazo, han visto cesadas sus actividades.

Ante a este escenario y ad portas de un proceso constituyente, se vuelve cada vez más necesaria e imperativa la discusión sobre las condiciones laborales. El punto de inflexión que ofrece la actual crisis, cuestiona el modelo mediante el cual se sostendrá el desarrollo económico del país y releva la importancia del trabajo digno y empleo protegido, como claves para fomentar la equidad en la sociedad chilena.

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