Elecciones generales del Ecuador: una visión preliminar

El mes de febrero entrante se efectuarán las elecciones presidenciales y parlamentarias en Ecuador. En ellas se elegirá un nuevo presidente y vicepresidente y se renovará en su integridad la Asamblea Nacional, que es el órgano legislativo unicameral del país. A esta justa se han presentado 16 binomios. Aunque semejante cifra parecería dar cuenta de una extrema fragmentación política, esto podría ser un espejismo y ser más aparente que real.

Las normas electorales ecuatorianas son extremadamente permisivas a la hora de filtrar las posibles candidaturas, por lo que es muy fácil inscribir una postulación. Sin embargo, los aspirantes que realmente tienen posibilidades y que podrían obtener una votación significativa son muy pocos.

En este caso, de las 16 candidaturas, solo tres parecen tener posibilidades de alcanzar un caudal electoral significativo. Se trata de la candidatura de Andrés Arauz, que se presenta por el partido del expresidente Rafael Correa, “Unión por la Esperanza”; la del banquero Guillermo Lasso, que representa al partido de derecha CREO (“Creando Oportunidades”), y la del representante del partido indigenista Pachakutik, el prefecto de la provincia de Azuay, Yaku Pérez Guartambel. Incluso este trío podría ser -en realidad- un dúo, porque las encuestas preelectorales tienden a mostrar una creciente polarización entre Arauz y Lasso, con Pérez como un tercero algo alejado de los dos anteriores.

[cita tipo=»destaque»]De alguna forma, lo que ha ocurrido es un retorno al periodo anterior a 2007, que estaba caracterizado por un masivo desplome de la confianza ciudadana en las instituciones. Esta crisis de legitimidad fue uno de los principales factores que abrieron las puertas a la experiencia de la “Revolución Ciudadana”, la cual se presentó -precisamente- como un último y gigantesco esfuerzo por reconstituir el vínculo moral entre la población y el Estado y recuperar la legitimidad de las instituciones políticas. Al cabo de doce años, sin embargo, no solo se ha vuelto a fojas cero, sino que el desencanto ciudadano se ha hecho aun más profundo que entonces. Las cifras de aprobación de organismos tales como el Parlamento, los tribunales, la administración pública, los municipios eran extremadamente bajas en 2007 , pero en 2020 son incluso peores y la tasa de conformidad con el Gobierno saliente es de tan solo un 6% , que es históricamente de las más catastróficamente bajas que se hayan registrado.[/cita]

Aunque es problemático dar mucha fe a los sondeos de opinión en Ecuador -tienen serios problemas históricos de confiabilidad y todo lo que digan debe ser tomado cum grano salis-, el cuadro que podría estar dándose, a menos de tres semanas de los comicios, es el de una reñida decisión entre el candidato de la presunta izquierda correísta y el representante del sector empresarial. De todas formas, el abanderado del movimiento indígena (y de algunos grupos de la izquierda anticorreísta y del ambientalismo radical) obtendría suficientes votos como para tener el fiel de la balanza entre los otros dos candidatos mayoritarios. De antemano, si esta situación se confirmara en las urnas podría imaginarse que la coalición del movimiento indígena, los “verdes” y los herederos de los levantamientos de octubre de 2019, estarán en condiciones de imponer algunas importantes concesiones a los dos finalistas, a cambio de un apoyo en la segunda vuelta, apoyo que podría ser decisivo.

Esta batalla a tres bandas parecería expresar un triple sistema de clivajes: a) la oposición correísmo/anticorreísmo; b) desarrollismo/postdesarrollismo; y c) derecha/izquierda. Tanto Yaku Pérez como Guillermo Lasso se alinearían en el eje del anticorreísmo: el primero como expresión del anticorreísmo desde la izquierda, y el segundo, reclutando toda la votación de rechazo al expresidente, la cual es sobre todo significativa en los sectores burgueses, la clase media profesional y algunos sectores gremiales corporativistas.

En cambio, Lasso y Arauz expresarían el polo del desarrollismo más convencional contra una postulación -como es la de Pérez- que repudia las ideologías tradicionales del progreso “occidental” y se inspira en un presunto “ethos” indígena que apuntaría a un “alter-desarrollo” posmaterialista (una de sus banderas de lucha más importantes es la rechazo a la minería y a la explotación petrolera, la defensa de la economía campesina y comunitaria y de las causas identitarias más radicales). Por último, el clivaje izquierda/derecha, pondría en el primero de los dos bandos a Arauz y Pérez, mientras que Lasso expresaría una votación ideológica y socialmente conservadora.

Las elecciones ecuatorianas se realizan en un contexto extremadamente crítico y encierran grandes y graves amenazas para la estabilidad y continuidad tanto del régimen político como de la economía del país. El Ecuador llega a las votaciones afectado por al menos tres grandes calamidades que -de entrada- ponen, al Gobierno que emerja de las urnas, en una situación extremadamente delicada y frente a desafíos monumentales: 1) la crisis fiscal del Estado ecuatoriano; 2) la pandemia COVID-19 y el devastador impacto económico de las medidas implantadas por el Gobierno y los municipios para intentar frenarla; y 3) una renovada crisis de legitimidad y confianza en el sistema político, en los partidos y en el propio aparato del Estado.

Esta crisis va de la mano con una explosiva “viralización” de escándalos de corrupción que manchan no solo al anterior Gobierno de Rafael Correa, sino que al actual del presidente Lenin Moreno y a las administraciones provinciales y cantonales (municipales). En especial, las inversiones, compras, equipamientos para hacer frente a la pandemia, han dado pábulo a una demoledora cadena de actos corruptos, doblemente escandalosos por haberse tratado de ilegalidades realizadas con el objeto de profitar de la situación de catástrofe que enfrenta la salud pública del país.

De alguna forma, lo que ha ocurrido es un retorno al periodo anterior a 2007, que estaba caracterizado por un masivo desplome de la confianza ciudadana en las instituciones. Esta crisis de legitimidad fue uno de los principales factores que abrieron las puertas a la experiencia de la “Revolución Ciudadana”, la cual se presentó -precisamente- como un último y gigantesco esfuerzo por reconstituir el vínculo moral entre la población y el Estado y recuperar la legitimidad de las instituciones políticas. Al cabo de doce años, sin embargo, no solo se ha vuelto a fojas cero, sino que el desencanto ciudadano se ha hecho aun más profundo que entonces. Las cifras de aprobación de organismos tales como el Parlamento, los tribunales, la administración pública, los municipios eran extremadamente bajas en 2007 , pero en 2020 son incluso peores y la tasa de conformidad con el Gobierno saliente es de tan solo un 6% , que es históricamente de las más catastróficamente bajas que se hayan registrado.

Pero, peor aún, el desprestigio toca y hiere gravemente incluso a instituciones que habían logrado mantener su aprobación en el período “anómico” anterior: la confianza en las Fuerzas Armadas y en la Iglesia católica, aunque sigue siendo superior a la que beneficia a otras instituciones, ha caído -por primera vez en la historia- por debajo de un 50% de aprobación. Estas organizaciones que habían podido ufanarse históricamente de ser algo así como “la reserva moral última de la nación”, ahora se hallan también corroídas por el mismo desengaño que ha hundido el aprecio popular por las del gobierno civil democrático. Las FF.AA. han visto desteñirse su prestigio de antaño, en parte por haber también sido señaladas en escándalos de corrupción. Mientras que la Iglesia sufre del desgaste de sus posiciones en materia de sexualidad y de disciplina sexual del clero, así como de la creciente alienación de la juventud frente a sus posturas morales.

Aún antes que la pandemia COVID-19 estallara a principios de 2020, la situación de las arcas fiscales era extremadamente precaria. A pesar de todos los desesperados (y a veces torpes) esfuerzos de la administración Moreno por reducir el gasto público, la inversión estatal y el tamaño de la burocracia, los resultados habían sido siempre insuficientes. Peor aún, los intentos políticamente fallidos por eliminar algunas de las más onerosas fuentes de desequilibrio fiscal, habían incluso amenazado seriamente la estabilidad del Gobierno, como lo prueban los levantamientos masivos de octubre de 2019. Un Gobierno sin mayoría parlamentaria, con una aprobación en caída libre y carente de la fuerza política requerida, se veía gravemente maniatado y limitado en sus esfuerzos por sostener los compromisos fiscales y mantener el respaldo necesario para el sistema de dolarización, que -para la gran mayoría de la población y de los agentes económicos- era el único referente de estabilidad económica y de confianza en el sistema bancario del país.

Por cierto, la crisis financiera del Estado es reflejo de una serie de factores, entre los cuales deben destacarse dos: la imposibilidad del país de liberarse del modelo rentista-extractivista y la enorme y abrumadora dependencia de los ingresos de la exportación de petróleo (y, en menor grado, de otros productos de exportación: commodities). A ello se suma la gigantesca rigidez que la Revolución Ciudadana y la Constitución de 2008 impusieron en materia de obligaciones estatales respecto a subsidios, bonos, inversión y gasto corriente y administrativo.

En la época del presidente Correa, el sistema pudo sostenerse sobre la base de una coyuntura de bonanza inédita en los precios de los bienes exportables. Sin embargo, Correa rechazó siempre de plano cualquier intento de formar una reserva de contingencia o capitalizar al menos una parte de los excedentes (como por ejemplo al estilo de Noruega o de Chile). El expresidente confió (con un optimismo inmoderado y poco estratégico) en que la bonanza de las commodities sería perpetua o de muy largo aliento y que, por tanto, era un desperdicio de recursos el aprovisionamiento o el desarrollo de estructuras de gasto más o menos capaces de hacer frente a giros desfavorables de los términos de intercambio o de la balanza comercial.

Al terminar el ciclo de bonanza, obviamente, las cuentas y compromisos no se desinflaron al igual que los precios de las exportaciones, mientras que el Estado debía enfrentar una población empoderada por la internalizada promesa de la “progresividad de derechos”: el compromiso constitucional de una trayectoria siempre creciente de prestaciones y de redistribuciones que no podría tolerar ningún retroceso o repliegue. Asimismo, la estructura de gastos permanentes, de compromisos y de mantenimiento del aparato estatal había adquirido una rigidez enorme, que hacía extremadamente difícil cualquier recorte. Es por ello que muchas veces la administración Moreno optó por reducir el gasto, no donde era justo o eficiente hacerlo, sino tan solo donde era política y administrativamente viable.

Irónicamente, el autor de las políticas que desembocaron -mediatamente- en la crisis fiscal de los últimos 4 años, se retiró del Gobierno precisamente antes que los efectos de la contracción adquirieran plena fuerza o antes que los arbitrios y recursos cada vez más desesperados para mantener incólume el gasto fiscal se fueran agotando. De esta forma, el Gobierno sucesor fue el que debió “pagar la cuenta”, mientras que en grandes segmentos de la población solo quedó el recuerdo de la época de Correa como el “paraíso perdido” de la holgura. De hecho, si ha de darse crédito a las encuestas más recientes, la razón que más frecuentemente invocan los potenciales votantes de Andrés Arauz para decidir su voto en favor del candidato correísta, es la esperanza de “retornar a la prosperidad de aquella época”.

El estallido de la pandemia COVID-19 en Ecuador cogió a la economía y al Estado sin los recursos necesarios para hacer frente a la situación. Al contrario de lo ocurrido en países prósperos y desarrollados, premunidos de fuertes ahorros nacionales, al momento del inicio de los contagios el Ecuador careció de las más mínimas reservas materiales para hacerle frente. Esto ha incidido en la extrema violencia de los impactos económicos y sociales de las medidas epidemiológicas implantadas. Como en casi ninguna parte del continente, el Ecuador se ha visto atrapado por el dilema entre contener la expansión del virus o impedir una catástrofe social y económica mayor, resultante de las medidas más o menos estandarizadas de control. Es por ello, asimismo, que el Ecuador no ha tenido gran flexibilidad para implantar los confinamientos estrictos de la población, más allá del mes de junio de 2020. El impacto demoledor que sobre el empleo y la economía tuvo el primer confinamiento entre marzo y junio, ha hecho impensable e inaceptable repetir esta medida, cómo sí ha ocurrido en otros países.

Por otra parte, muchas de las normas restrictivas al movimiento, al trabajo y a las actividades corrientes, estaban basadas en supuestos derivados de las condiciones económicas y climáticas de otras latitudes y, en muchos casos, provocaron efectos no anticipados de una gravedad no pronosticada. Por ejemplo, en la costa ecuatoriana el confinamiento resultó ser un horrendo tiro por la culata, al obligar al encierro a poblaciones que viven en precarias viviendas hacinadas, sin servicios básicos y a temperaturas y humedades altísimas por razones ambientales. Las ciudades de la costa están hechas y diseñadas para que la gente desarrolle su existencia en la calle y, en los barrios de clase media y alta, la vida puertas adentro solo se concibe con el uso intensivo del aire acondicionado, el cual demostró ser un excelente potenciador de la circulación y trasmisión del virus puertas adentro.

Todo esto hizo que el colapso económico derivado de las medidas sanitarias fuese especialmente grave y con efectos sociales y sicológicos también muy serios en términos comparativos. Bajo condiciones usuales, se hubiese podido anticipar una explosión social muy fuerte. Sin embargo, el miedo y las precauciones frente a la pandemia han inhibido seriamente la acción colectiva y han desmovilizado a una clase pobre demasiado ocupada en sobrevivir en el sentido literal de la palabra.

Sin embargo, las elecciones podrían proporcionar una vía de salida al latente descontento, ante lo que -con o sin justicia- se ve como una pésima gestión gubernamental de la pandemia. Esta percepción contribuye, asimismo, a una crisis de credibilidad masiva en las instituciones gubernamentales, en el escepticismo ante los datos que fuentes oficiales proporcionan y en la proliferación de «pánicos” variados. Por ejemplo, la masiva contracción del empleo ha llevado a anticipar y, en algunos casos, a constatar una escalada de la delincuencia común. La perturbación de los canales habituales de tráfico de drogas, ha desencadenado una progresión de “batallas” entre redes de tráfico que luchan por sostener sus rutas y sus territorios en condiciones muy difíciles, con el consiguiente aumento de la violencia entre bandas. La población no sabe qué creer y a quién creer y, ello, da pie para la aparición y vertiginosa difusión de las más extremas “teorías de la conspiración” o a la sospecha que toda información oficial oculta o minimiza una realidad que se teme y se sospecha es mucho peor que la revelada. Toda cifra proveniente de las autoridades es virulentamente refutada y cubierta de denuestos en las redes sociales.

A pesar de esta violencia verbal dirigida contra los responsables de la política pública, esta no se ha traducido en violencia física, la cual se canaliza más bien en el plano de la sociabilidad inmediata, como entre familiares, vecinos y colaboradores. Por otra parte, a diferencia de lo ocurrido en otras latitudes, las políticas sanitarias mismas no se han politizado y -aunque sea de manera exterior- no han sido objeto de mayores cuestionamientos, a pesar de que estas están llenas de incoherencias, mala ciencia y demagogia (en muchos casos).

Lo que se ha politizado son los efectos económicos y laborales de las medidas, pero estas mismas no han sido materia de grandes discusiones (como, por ejemplo, la “guerra de las máscaras” en Estados Unidos). Ha sido la Corte Constitucional la que ha puesto algunos frenos a ciertas medidas que, a juicio de la magistratura, excedían los límites de lo que era lícito aplicar en un Estado de Derecho. Pero estos frenos no han surgido de una demanda ciudadana de respecto a derechos y libertades, sino del cuidado de expertos legales imbuidos de un sentido de su misión protectora.

Paralelamente, el proceso de descomposición de la presunta institucionalidad ha seguido su camino a pasos acelerados. No solo que los recurrentes escándalos de corrupción y la relativa impunidad de los involucrados ha contribuido a ello, sino que también han aportado al fenómeno las conductas y procedimientos confusos, contradictorios y amañados de actores tales como la Asamblea Nacional o las autoridades electorales, trenzadas en oscuros y sospechosos conflictos internos. El Tribunal Contencioso Electoral y el Consejo Nacional Electoral, se han visto envueltos en interminables batallas legales y en agrias controversias en torno a la validación e determinadas candidaturas. Muy especialmente, ha sido complejo el manejo de la postulación fallida del millonario Álvaro Noboa, quien ha aspirado permanentemente a la Presidencia y en un par de ocasiones ha logrado estar muy cerca del alcanzar la designación.

En 2020 inició los trámites para volver a presentarse, pero cuando las primeras encuestas indicaron que podría dividir seriamente el voto de la derecha y sabotear la postulación de Guillermo Lasso, súbitamente el Consejo Electoral descubrió una cadena de tecnicismos para impedir su postulación, llegando incluso a desacatar abiertamente los dictámenes de la justicia favorables a Noboa. Finalmente, la candidatura del millonario fue bloqueada mediante hechos consumados, pero dejando en el público la sensación de que finalmente las autoridades e instituciones siguen procediendo de maneras truculentas, amañadas, parcializadas y que las prácticas de la política corrupta siguen imperando tanto o más que nunca.

En todo caso, las elecciones de febrero entrante parten con el estigma de todas estas disputas y de una gran confusión procedural. Es posible que esta misma confusión pueda servir -llegado el caso- para impugnar sus resultados o, incluso, para objetar su misma validez, si llega a darse el caso que actores poderosos deseen impedir algún desenlace indeseado.

De hecho, es realista preguntarse sobre los escenarios que se abren si el candidato del correísmo, Andrés Arauz, gana la primera vuelta o amenaza con ganar la elección en una sola vuelta. Las normas electorales ecuatorianas establecen que si un candidato obtiene el 40,1% de los votos en primera ronda y tiene, además, una ventaja de 10% sobre su más inmediato escolta, será declarado ganador sin necesidad de ir al balotaje.

Si se ha de dar fe a las más recientes encuestas (lo cual en Ecuador no deja de ser problemático), no es inconcebible que Arauz pueda incluso aspirar a alcanzar la cota del 40% y, dada la extrema fragmentación de la papeleta, en esa circunstancia sería muy difícil que su presunto adversario, Guillermo Lasso, lograra más del 30% de las preferencias. Pero incluso, sin llegar a ese extremo, una victoria de Arauz por casi cualquier margen abriría la puerta a un triunfo del candidato correísta en la segunda vuelta.

En efecto, hay indicios que los votantes de Pachakutik y de la izquierda tradicional difícilmente podrían vencer su repugnancia a votar por un banquero presuntamente neoliberal. Por otra parte, las manipulaciones de las autoridades electorales y las alianzas previas de la derecha empresarial (el retiro de cualquier postulación social cristiana, para dar vía libre a Lasso), han derivado en que la mayor parte de la votación de ese sector ya esté aglomerada con Lasso y que ya queden pocos segmentos, potencialmente favorables, por integrar al caudal electoral de este último.

En otras palabras, Arauz tiene más espacio para crecer en la segunda vuelta que el candidato empresarial. Finalmente, su posición puede haberse fortalecido aún más con el anunció del sector indígena más radical abandonando el apoyo a la candidatura de Yaku Pérez y traspasando su sostén a Andrés Arauz. Aunque no puede saberse con precisión qué porcentaje de la votación de Pachakutik podría defeccionar hacia el bando correísta, la sola adición de una parte del 12% o 13% que la encuestas le asignan al prefecto de la provincia de Azuay, podría hacer una importante diferencia en el cómputo final.

Ante la perspectiva esbozada en el párrafo anterior, cabe preguntarse qué reacción podría tener el actual Gobierno. En la práctica y de manera creciente, todo indica que Guillermo Lasso ha funcionado como un implícito candidato “oficialista”. La administración del presidente Moreno se ha ido rodeando de manera abierta por personal técnico y político más ligado a la derecha empresarial y al propio partido CREO de Lasso. Asimismo, un triunfo de Correa (por interpósita persona) será calamitoso para Moreno y para su equipo de Gobierno.

Teniendo en cuenta la personalidad y las ideas políticas de Correa, parece inevitable que su retorno al primer plano (no se espera que Andrés Arauz sea otra cosa que una figura decorativa para abrir paso al retorno del verdadero líder) será el inicio de un proceso de feroz vendetta política, de purga masiva y de “vuelta de tortilla”. Más aún, es casi seguro que el correísmo interpretará su cuatrienio de exilio y caída en desgracia como resultado de su previo fracaso en controlar aquellas instituciones y palancas de poder que, durante la década de la Revolución Ciudadana, no se quiso o no se pudo poner bajo el estrecho control del expresidente y de sus seguidores. Es casi seguro que, una vez logrado al retorno al centro de la escena política, Correa y sus seguidores se abocaran a buscar un modelo político que no deje fisuras a la oposición, sin contar con un masivo programa de revancha y roll back de las políticas de la administración Moreno.

En efecto, existen varios cortafuegos a las aspiraciones concentradoras de poder que, presumiblemente, animan a Correa: en primer lugar, las FF.AA. y la policía nacional; en segundo lugar, el sector empresarial; en tercer término, los medios de comunicación tradicionales; y en cuarto lugar, los gobiernos locales que no estarán en control de su partido (en su mayoría). Todos ellos saben que estarán en la mira y todos ellos saben que su supervivencia independiente (o su simple y llana supervivencia), estaría en gravísimo peligro en caso de una restauración de la “Revolución Ciudadana”. Es también digno de mencionar que todas las simulaciones realizadas hasta la fecha, respecto a los resultados posibles de las elecciones parlamentarias, que se realizan simultáneamente con las presidenciales, permiten anticipar que el partido de Correa tendrá un bloque numeroso, pero no mayoritario de Asambleístas y que, por tanto, una posible futura Administración Arauz debería hacer frente a un congreso opositor.

Es importante resaltar un tema que no ha sido debatido públicamente (nadie está interesado en abrir ese avispero en los actuales momentos): la situación y la actitud de las FF.AA. ecuatorianas. Bajo Correa, estas últimas sufrieron un significativo embate desinstitucionalizador. Si bien en un inicio la nueva Constitución de 2008 y las propias políticas de la administración, tendieron a corregir los saldos pendientes de la autonomía militar heredada de la Revolución Nacionalista de los años setenta, con el andar del tiempo fue claro que la Revolución Ciudadana no tenía ninguna simpatía hacia ni interés en preservar la institucionalidad del profesionalismo militar republicano.

Aunque el amotinamiento policial-militar de 2010 puso un freno a futuros intentos abiertos de copar y controlar a las FF.AA. desde un aparato partidista o desde el caudillismo presidencial, esto no fue óbice para que gradualmente y pertinazmente el presidente y sus seguidores de confianza esbozaran políticas y planes que golpearon reiteradamente la normativa y la institucionalidad castrense. Aunque incluso dentro de PAIS no se cristalizó nunca un modelo único y acabado de las FF.AA. que se deseaba construir, las alternativas que terminaron primando en el imaginario de PAIS fueron, o un modelo al estilo nicaragüense o venezolano de unas FF.AA. partidizadas o, incluso, de unas “FF.AA.-ejército de liberación popular” o un simple y llano modelo caudillista de control subjetivo presidencial (la primera alternativa preferida por los sectores de la izquierda más “doctrinaria” y “tradicional”, el segundo por el propio Correa y su círculo de confianza personal).

El resultado fue una serie de políticas que apuntaron a disminuir las prerrogativas militares, su autonomía profesional, sus estructuras de mando e, incluso, la lealtad de los subalternos con los superiores. Peor aún, el desarrollo de un servicio de inteligencia civil (la SENAIN) bajo directo control presidencial, derivó en que una buena parte del esfuerzo de esta agencia se terminó volcando a vigilar y espiar a los militares, concebidos como organismo a priori sospechoso.

Como es fácil colegir, este período resultó traumático para las FF.AA. profesionales ecuatorianas. Como resultado, los actuales mandos abrigan una profunda animadversión hacia la “Revolución Ciudadana” y creen saber que, si el expresidente volviera al poder, no se detendría esta vez hasta no anular cualquier independencia militar y poner a las Fuerzas Armadas bajo un control parecido al que ejerce el chavismo venezolano o el sandinismo sobre sus propios cuerpos castrenses. Para la abrumadora mayoría de los oficiales en servicio activo, esta es una amenaza existencial de primer orden.

Se abre, pues, la interrogante sobre cuál sería la actitud militar frente a un inminente triunfo electoral del correísmo. Por cierto, parece muy difícil una simple y llana intervención “gorila”, pero es seguro que las FF.AA. darían un respaldo y una anuencia tácita a cualquier salida civil que buscará neutralizar este escenario, sea antes de la segunda vuelta o de una eventual transición del mando.

El sector empresarial es otro actor que se siente profundamente alarmado ante la posible reedición de la “Revolución Ciudadana”. No solo está de por medio la aversión ideológica que le produce el estatismo centralizador y la agresividad simbólica de Correa contra esta clase. Está de por medio un temor rayano en el pánico frente a la posibilidad de que Andrés Arauz implante políticas que tengan el efecto de desmoronar la dolarización vigente.

La doctrina económica de Correa asume que la máxima eficiencia en el uso de recursos se consigue acelerando al máximo la velocidad de circulación del dinero. De esta manera, lo que se procura es aumentar todo lo posible la liquidez de la economía, en la idea que el ahorro debe reducirse al gasto, entendido como inversión. Correa nunca ocultó su desdén por los Fondos de Reserva o de Contingencia, con cualquier forma de uso del dinero que no pudiese aumentar la demanda agregada.

La receta correísta para salir de la recesión o del estancamiento se basa en inyectar recursos en la economía en la mayor cantidad posible. Es por ello que cuando las ganancias extraordinarias de la bonanza de las commodities llegaron a su fin, buscó hacer flotar toda una serie de propuestas que evitaran como la peste cualquier medida de austeridad fiscal. Una de ellas fue la de crear una “moneda electrónica” que sirviera como medio de pago al Banco Central (que bajo su Gobierno se convirtió básicamente en banco de inversión del Ejecutivo). Con ello se pretendía liberar el gasto de un vínculo estrecho a la disponibilidad de dólares físicos en el sistema financiero. De esta manera, lo que se buscaba era multiplicar la liquidez sin multiplicar la base monetaria “real” requerida para ello.

Para los críticos y para los sectores de la finanza privada, esta medida implicaba de hecho crear una especie de “moneda subrepticia” que, además de descontrolada, implicaba el fin de la dolarización y de la disciplina monetaria que este modelo había obligado a mantener al país.

En su campaña, Andrés Arauz ha resucitado estos temores. En su afán por distanciarse de las políticas ortodoxas de austeridad fiscal implantadas por la administración Moreno (los correístas sostienen que esta lo único que hace es profundizar la recesión económica, amén de los efectos redistributivos regresivos que entraña), el candidato de la Revolución Ciudadana ha hecho públicas una serie de ideas destinadas a “fabricar” dinero para poder inyectar recursos en la economía y potenciar la demanda agregada. Esto implica, por ejemplo, la promesa de nuevos y cuantiosos subsidios a los sectores más afectados por el impacto de pandemia.

El problema es que Ecuador no tiene ni reservas ni ahorros con que cubrir esas trasferencias. Su capacidad de endeudamiento se halla prácticamente agotada y los acuerdos con las multilaterales implican condicionamientos que van más por el lado de las medidas de disciplina y austeridad fiscal, que por las de aumento del gasto. En una economía colapsada, el financiamiento por medio de mayores impuestos parece política y económicamente inviable. El problema del correísmo está en descubrir alguna manera de generar liquidez gubernamental que permita compensar a las capas populares más golpeadas por las varias crisis simultáneas que enfrenta en país.

Es de esta manera que Arauz ha vuelto a poner en el tapete la idea del “dinero electrónico” y, con ello, el espectro de un bimonetarismo que daría paso al desmontaje de la dolarización. Para las capas medias y empresariales, así como quienes viven de salarios fijos, esto es equivalente al espectro aterrorizante de una inmediata hiperinflación y de una “venezuelización” del país. Peor aún, entre las propuestas de Arauz está la de utilizar las reservas de encaje del Banco Central para financiar subsidios a los estratos más pobres. Esto significa lisa y llanamente imponer un empréstito forzoso a los depositantes de la banca (el encaje son fondos de los bancos que se forman con los depósitos de los ahorrantes). Este préstamo, por cierto, se haría a un acreedor insolvente, y con un pésimo récord de honrar sus compromisos. Nada impide que, como ya ha ocurrido, el Estado ecuatoriano denuncie sus obligaciones y traspase las pérdidas a los infortunados prestamistas. La perspectiva de una licuefacción de los ahorros de la banca privada es sentida y vista como un proyecto de confiscación liso y llano.

Aunque en días más recientes la campaña de Arauz se ha esmerado por calmar estas aprensiones y ha insistido en su compromiso de proteger la dolarización, el daño ya está hecho, sin olvidar que aun si no hubiese hecho estos planteamientos en campaña, la sola vinculación del candidato con su mentor y “patrón” (Rafael Correa) es más que suficiente para hacer temblar al más estoico de los inversionistas.

Los medios de comunicación comerciales, despectivamente tildados de “prensa mercantilista” por Correa y sus seguidores, son otro grupo que tiene todas las razones del mundo para temer un triunfo de Arauz. Al igual que en el caso de las FF.AA., el correísmo no pudo o no quiso terminar con la llamada prensa “independiente”. Durante la década de la Revolución Ciudadana está última mantuvo una feroz disputa y hostilidad recíproca con Correa y su movimiento. Un retorno de Correa representa para este sector una amenaza existencial tan grave como lo es para las FF.AA. o para los ahorristas. Aunque hoy en día las redes sociales han tomado buena parte del lugar de los medios de comunicación convencionales, los estudios respectivos muestran que, entre los segmentos del público con más poder de decisión, los medios tradicionales siguen teniendo mucho peso. Es de suponer que estas empresas mediáticas estarán también a la cabeza de cualquier maniobra para impedir que se materialice un retorno al poder de la Revolución Ciudadana.

Los casos presentados no agotan la lista de los grupos de poder que se verían gravemente afectados por un Correísmo 2.0. No puede dejar de mencionarse, de paso, a las autoridades de control y judiciales que fueron instrumentales en la persecución y sanción a los seguidores de Correa que no pudieron ponerse a buen recaudo, a las dirigencias de la ONGs que perdieron su autonomía y fueron acosadas administrativamente por un Gobierno hostil a cualquier manifestación de sociedad civil independiente e, incluso, las Universidades que temen perder lo poco que han ganado en autonomía e independencia bajo la administración actual.

Cabe, entonces, preguntarse si será posible que las elites y grupos de poder fáctico se dejen derrotar mansamente y entreguen sin chistar el poder a un grupo que representa una mortal amenaza para sus intereses y hasta para su misma existencia. La política ecuatoriana ha sido testigo de la fértil imaginación leguleya y táctica de sus actores para actos de prestidigitación política impensados. Después de todo, en una ocasión no muy lejana en el tiempo, el Congreso ecuatoriano hizo “desaparecer” a un presidente que estaba físicamente presente gobernando desde el palacio presidencial, a fin de destituirlo por “abandono del cargo”. Si se puede hacer esto con una persona que nunca dejó de estar en cuerpo y alma en su lugar de trabajo, no hay muchos límites a lo que se podría intentar para torcer una voluntad mayoritaria “inadecuada”. No está de más mencionar que en las últimas semanas han empezado a aparecer en la prensa convencional (“mercantil”) una serie de artículos de opinión expresando críticas sesudas al “Gobierno de la turba” y a las miserias de la dictadura de las mayorías “ignorantes”.

Ahora bien, todo lo anterior parte de la base que las percepciones, las encuestas y otras herramientas de medición demoscópica están dando una visión, aunque solo sea aproximadamente veraz, de las intenciones del electorado. De acuerdo a esas mismas mediciones, más de un tercio de los electores se manifiestan “indecisos” o se rehúsan a revelar sus preferencias. El récord de las encuestas locales en los últimos años es muy malo y no es imposible que se den sorpresas.

Desde el punto de vista de cierta “estabilidad”, un triunfo del candidato de derecha le ahorraría al Ecuador escenarios de enfrentamiento y polarización externos, aunque desde ya los correístas se aprestan a denunciar un fraude masivo en su contra ante cualquier resultado desfavorable. El problema es que, en Ecuador, cualquier reclamo de este tipo goza de cierta credibilidad “prima facie” y, con toda certeza, los seguidores de la Revolución Ciudadana activarán sus planes poselectorales en torno a una “resistencia” en contra del fraude, del neoliberalismo y de la opresión de los usureros internacionales (banca multilateral, imperialismo, etc.). Seguramente, ello los llevara a legitimar crecientemente una estrategia insurreccional y de desobediencia ciudadana que pude tener cierto aliento en las experiencia y recuerdo de las jornadas de octubre de 2019.

De esta manera, incluso una elección de Guillermo Lasso (no importa si legítima o fraudulenta) no comprará sino un respiro político, muy pronto comprometido por la creciente facilidad de movilización que el declinar de la pandemia COVID-19 permitirá y que tendrá también sus apoyos institucionales en un Parlamento fragmentado y donde seguramente el movimiento correÍsta tendrá una de las más poderosas, si no la más poderosa, bancada.