Ni útiles ni convenientes: personas sujetas de derechos

Hace exactamente un año escribíamos una columna recordando a Joane Florvil y su muerte en circunstancias no esclarecidas. Hoy se cumple un año más. Aún no tenemos claridades. Aún no hay justicia. Decíamos allí, entre otras cosas, que su muerte, y la de tantos y tantas más, no era otra cosa que el resultado esperable de la promoción de discursos racistas de parte del Estado y los medios de comunicación. Hoy lo reiteramos, con más certezas y fuerza.

Parece una terrible coincidencia que en este mes, donde organizaciones migrantes y pro migrantes han estado promoviendo actividades y campañas antirracistas, hayamos vivido hechos como los ocurridos en Iquique, donde familias debieron huir y resguardarse de la persecución en su contra, como si no hubieran atravesado ya suficiente dificultad. Al respecto afirmamos, a modo de punto de partida e idea indiscutible, que cualquier marcha que se manifieste contra un grupo de personas, en función de su situación o condición, debería ser ilegal: un llamado de ese tipo no es otra cosa que un llamado antipersonas. Una marcha contra la migración no es libertad de expresión, es inhumanidad.

Luego, parece interesante revisar los hechos sucedidos el último año y ver cómo ha cambiado, o no, la disposición estatal frente al tema:

1. Hemos visto cómo se realizan expulsiones colectivas, catalogadas por el sistema judicial como ilegales y arbitrarias, sin debido proceso y sin revisión de casos, llegando incluso a incluir en estas a personas que tienen hijes en el país, causal de no expulsión. 
2. Frente a las expulsiones mismas, hemos visto a autoridades de Gobierno argumentando sin pudor que se trata de narcotraficantes y abusadores de menores, cuando tenemos certeza y data para demostrar que la mayoría de expulsados en esos vuelos han cometido la única falta de recurrir, de manera desesperada, al ingreso por paso no habilitado.
3. Se desalojó a 200 personas de la ex Plaza Brasil en Iquique, sin escuchar a autoridades locales ni a la sociedad civil, que manifestaron que una medida así debía acompañarse de una solución para esas familias, y que previno las implicancias que esto tendría en la respuesta ciudadana.

Y, lejos de avanzar, vemos cómo los procesos que desde la normativa se han definido están vulnerando el espíritu de la ley y el rol del Estado para con las personas migrantes:  

1. Hace un mes recibimos respuesta a la solicitud de regularización de una persona, presentada tras la revocación de su orden de expulsión por parte del Poder Judicial (Poder del Estado que dictaminó que esta persona no debía ser expulsada), y la respuesta del Ejecutivo fue la no otorgación de la regularización, porque, de acuerdo al oficio firmado por el jefe de Extranjería,  regularizarla “no resulta conveniente ni útil para el interés nacional”. Así, las personas son condenadas a la irregularidad, toda vez que no deben ser expulsadas ni pueden acceder a la regularización, esgrimiendo el argumento señalado. ¿No es suficiente ser persona y contar con la documentación necesaria para obtener una visa? ¿Hay personas que sí son convenientes y útiles, y otras que no? ¿Qué condiciones hay que cumplir para ser considerada persona útil por el Estado de Chile?

El Estado, y este Gobierno en particular, no pueden desmarcarse de lo sucedido el pasado sábado, en tanto es el resultado natural de un discurso institucional que ha sido sistemática y planificadamente racista, estigmatizador y criminalizador.

Valoramos las medidas anunciadas ayer miércoles, desde el Gobierno, para dar respuesta a esta crisis humanitaria. Es un paso más acorde a lo que se necesita, pero estamos llegando tarde: es fundamental que cambiemos el relato que se construye en torno a la migración y a quienes migran, especialmente si queremos avanzar hacia la inclusión de las personas y la promoción de una sociedad intercultural. Aún nos queda mucho por avanzar, partiendo por permitir y promover la regularización de las personas que cumplen con los requisitos para ser consideradas refugiadas.

Hace un año, decíamos que la migración se utilizaba como chivo expiatorio de los problemas de nuestra sociedad y que la única alternativa para superar esto era transformarla y construir un país distinto, donde todas las personas podamos desarrollarnos libres e integralmente, sin importar el lugar donde nacimos. En la conmemoración de un nuevo Día Contra el Racismo, lo decimos con más fuerza y convicción, y llamamos con esperanza a funcionarios y funcionarias públicas, y a la sociedad en su conjunto, a reflexionar sobre lo que motiva a personas a migrar en estas condiciones, a empatizar con su experiencia y con su deseo, que no es distinto al que tenemos todas las personas, es decir, asegurar una vida digna y más segura para nuestras familias, y a tender puentes que permitan la construcción conjunta de una sociedad más justa, acogedora e intercultural, donde tengamos cabida no por nuestra utilidad, sino por el solo hecho de ser persona.