Opinión
Algunos países han entregado la gestión del agua y el saneamiento a empresas privadas o asociaciones público-privadas, pero eso no tiene relación con la propiedad de la fuente del recurso, que pertenece a las naciones y no puede venderse a los privados. Obviamente, en nuestro modelo “neoliberal”, la gestión de las aguas también la entregamos a los privados (grupos españoles Agbar e Iberdrola), con la privatización realizada en el Gobierno de Frei Ruiz-Tagle, que abarcó bastante más que las aguas servidas, extendiendo la misma a la cobertura urbana en agua potable y alcantarillado, a pesar de que en manos estatales los índices de estos últimos servicios eran bastante buenos.
Es preocupante la actual sequía en buena parte de nuestro país. En el norte, la minería ha causado estragos no solo en el consumo de las aguas sino también en cuanto a su contaminación. En el centro de Chile, resultan dramáticas las zonas de Petorca o Tiltil, donde simplemente las aguas no existen para el consumo humano, pero sí para los paltos. O el caudal ínfimo del río Mapocho que cruza nuestra capital, existiendo reales posibilidades de que se seque definitivamente en los años venideros. La laguna Aculeo, otra fuente hídrica que ya no existe. Y el sur de Chile, las empresas forestales solo plantan pobreza hídrica con pinos y eucaliptus, cuyo alto consumo de agua incide en la escasez de este vital elemento.
Lamentablemente en nuestro Chile las culpas no solo las encontramos en el cambio climático, sino también en los dueños del agua. ¿Y cómo se hicieron dueños si el agua es un bien nacional de uso público? Gracias a la “maña” neoliberal de nuestra actual Constitución, que privatizó las aguas en Chile.
Nuestro Código Civil consagra las aguas como un bien nacional de uso público según su artículo 595. Por su parte, el artículo 5 del Código de Aguas dispone también que las aguas son bienes nacionales de uso público, es decir, están fuera del comercio humano. Pues bien, ambos artículos quedan en simples declaraciones de intenciones carentes de fuerza frente a la primacía constitucional del artículo 19 n°24, inciso final, de la Constitución que aún nos rige, que establece: “Los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos”. Esta última frase constitucional deja en nada las dos menciones legales anteriores, y da el “pasaporte” para que los privados se hagan dueños del agua de todos.
Lo anterior ha significado caer en el absurdo de que en la actual sequía el Estado de Chile deba comprar agua a privados, para repartirla a la comunidad en camiones aljibe. O también, aun cuando sea de interés nacional mantener los campos cultivados, quienes tienen derechos de agua constituidos para su regadío al final sucumben ante las fuerzas del mercado, vendiéndolos a enormes proyectos, por lo general mineros o de grandes grupos económicos agrícolas, que requieren un gran consumo de agua, favoreciendo los intereses privados empresariales frente a la necesidad social.
Tales intereses privados en los derechos de aguas se dividen en derechos consuntivos y no consuntivos. Los primeros facultan a su titular para consumir totalmente las aguas en cualquier actividad, los que –según datos de la Dirección General de Aguas (DGA)– se encuentran repartidos aproximadamente en un 77% en el sector agrícola y forestal (casi todos en empresas privadas chilenas agrupadas en la Sociedad Nacional de Agricultura que ha hecho reiterados llamados de “alerta crítica” ante cualquier intento de cambio legal a los derechos de aguas), el 13% en el sector minero (perteneciente a empresas como Escondida del grupo económico BHP, Zaldívar de Antofagasta, o el caso de SQM, dueña de casi todos los derechos de aguas del Salar de Atacama), el 7% en el sector industrial y aproximadamente 3% en el sector sanitario. Y los segundos, esto es, los no consuntivos, obligan al “dueño” a restituir el agua al caudal, un ejemplo de lo cual son las hidroeléctricas, tales como Endesa (pertenecientes a empresas italianas y españolas), AES Gener (de capitales estadounidenses y chilenos) y Colbún (familia Matte).
Algunos países han entregado la gestión del agua y el saneamiento a empresas privadas o asociaciones público-privadas, pero eso no tiene relación con la propiedad de la fuente del recurso, que pertenece a las naciones y no puede venderse a los privados. Obviamente en nuestro modelo “neoliberal” la gestión de las aguas también la entregamos a los privados (grupos españoles Agbar e Iberdrola), con la privatización realizada en el Gobierno de Frei Ruiz-Tagle, que abarcó bastante más que las aguas servidas, extendiendo la misma a la cobertura urbana en agua potable y alcantarillado, a pesar de que en manos estatales los índices de estos últimos servicios eran bastante buenos.
Es decir, pese a que el consumo humano es mínimo en relación con los sectores productivos, hay zonas en nuestro país donde ya se está racionalizando el agua y otras en que simplemente no existe, convirtiendo este vital elemento en un ejemplo de injusticia moral, económica y medioambiental.
La esperanza está radicada en el consenso mayoritario de nuestra actual Convención Constitucional para corregir en la futura Carta Magna tan enorme precariedad, otorgando al consumo humano el lugar primario que por el solo hecho de existir nos pertenece, sin que sean el mercado y sus dueños los que decidan el dónde, cuándo y el cómo de las presentes y lastimosamente futuras sequías.
