Opinión
En Chile también tuvimos un proceso constituyente que fracasó hace no mucho. No hay que olvidar que durante el segundo Gobierno de Bachelet se dio inicio a una etapa participativa no vinculante, se entregó un borrador de nueva Carta Fundamental, pero las reformas para permitir el reemplazo de la Constitución de 1980 no se materializaron por falta de apoyo legislativo dentro de la propia coalición oficialista y por no contar con los votos de la oposición, sumado esto a la ausencia de compromiso del Gobierno siguiente para continuar con el proceso. En otras palabras, las fuerzas del statu quo frenaron el avance del proceso constituyente.
En los días recientes hemos sido testigos de la posibilidad de implementar una tercera vía para el plebiscito de salida, gatillado principalmente por el poco tiempo restante para concluir la redacción de la nueva Constitución y por la supuesta falta de acuerdos al interior de la Convención Constitucional (CC).
Esta tercera vía, más allá de un rumor, carece de una propuesta concreta, la que probablemente –en caso de crecer el número de adherentes– podría ser el dejar en manos del Congreso el cierre de la redacción de la nueva Constitución, “perfeccionando” los contenidos emanados de la CC.
En el caso de que esta propuesta avance y se hable seriamente de incorporar en la papeleta del próximo plebiscito una tercera opción, esta constituye una mala idea, principalmente para el mundo del Apruebo, por dos motivos: a) la división del voto; y b) la experiencia internacional y nacional.
Desde el punto de vista de la división del voto, el mundo del Apruebo podría segmentarse en dos bloques (aunque no necesariamente de igual tamaño): uno llamando a votar directamente lo que provenga desde el órgano constituyente versus otro grupo que defienda la posibilidad de entregar el documento a otra instancia revisora. La división del voto sin duda favorecería a la opción del Rechazo, ya que la diferencia a remontar contra la opción Apruebo sería bastante menor si comparamos la brecha establecida con el plebiscito de entrada de 2020. Por esa misma razón es que la división del mundo del Apruebo pondría en amenaza la promulgación de la nueva Constitución.
La segunda razón probablemente sea la más importante y tiene relación con la experiencia internacional y doméstica. Desde el ámbito internacional, el caso de Islandia es sumamente ilustrativo sobre lo eficaces que son las élites del statu quo para frenar un proceso constituyente cuando estas toman pleno control. En dicho país, tras la crisis económica del 2008 y el estallido social subsecuente, comenzó un proceso constituyente destinado a reemplazar la Constitución de 1944, la que por décadas ha sobrerrepresentado a los sectores rurales, siendo estos dominados por los partidos conservadores. Tras un plebiscito de salida consultivo, el borrador de nueva Constitución pasó a manos del Parlamento el año 2011. Una vez recibido, los sectores conservadores señalaron que no era necesario reemplazar la Constitución por tres motivos: i) la crisis económica ya se había superado; ii) el estallido social era cosa del pasado; iii) lo poco oportuno de introducir reformas tan profundas al sistema político y económico (el clásico argumento de la incertidumbre política y jurídica). El resultado: a la fecha el borrador de nueva Constitución sigue sin aprobarse.
En Chile también tuvimos un proceso constituyente que fracasó hace no mucho. No hay que olvidar que durante el segundo Gobierno de Bachelet se dio inicio a una etapa participativa no vinculante, se entregó un borrador de nueva Carta Fundamental, pero las reformas para permitir el reemplazo de la Constitución de 1980 no se materializaron por falta de apoyo legislativo dentro de la propia coalición oficialista y por no contar con los votos de la oposición, sumado esto a la ausencia de compromiso del Gobierno siguiente para continuar con el proceso. En otras palabras, las fuerzas del statu quo frenaron el avance del proceso constituyente.
En síntesis, la tercera vía no es una buena solución ante la corta ventana de tiempo que tiene la Convención Constitucional para entregar al país su propuesta. La división del voto del Apruebo mejoraría eventualmente las posibilidades de triunfo del Rechazo. Por otro lado, el inicio de un proceso constituyente no implica automáticamente que tengamos una nueva Constitución, ya que las élites del statu quo pueden frenarlo. Casos como el chileno y el islandés se pueden sumar al de Kenia, Gambia y Nepal (país que tuvo un proceso constituyente antes de la promulgación de la Constitución de 2015), por lo que no son pocos los casos –aunque muy excepcionales– en donde los procesos constituyentes fracasan gracias a la contención de las élites del statu quo.
Lamentablemente, hoy estamos viviendo las consecuencias de intentar dar cauce institucional al malestar social al menor costo económico posible, dándonos una ventana de un año para redactar la nueva Constitución. Hay que tomar nota de estas experiencias y dejar de poner costos económicos al funcionamiento de la democracia, sobre todo cuando es sumamente necesario un diálogo profundo para el conjunto de reglas que regirá al país durante los próximos años, en el caso de que así lo decida la ciudadanía.
