Palabras constitucionales

Una de las novedades que tendrá la futura propuesta constitucional es la cantidad de nuevas palabras que traerá consigo. No se tratará de palabras inventadas por los convencionales, sino de términos y conceptos con los que la mayoría de nosotros no estábamos suficientemente familiarizados. Los lenguajes, incluido aquel en que se sustentan los textos normativos del derecho –y la Constitución es uno de ellos–, es siempre dinámico y lo que hacen hoy las Academias de la Lengua es dar cuenta de cambios en el lenguaje, de nuevos usos de este, y de cómo tales usos cambian incluso según sea el país de habla castellana de que se trate. Por lo mismo, circulan ya algunos glosarios de términos constitucionales, incluyendo los más tradicionales y algunos de utilización reciente, y sería del caso que glosarios como esos se multiplicarán en el futuro próximo, para llegar a tener versiones cada vez más completas del nuevo lenguaje constitucional. ¿Nuestra Academia de la Lengua, el Consejo de Rectores de Universidades Chilenas, el Consorcio de Universidades Estatales, o bien una asociación de organizaciones como esas, no podrían encabezar una iniciativa en tal sentido?

Nuevas palabras o términos de uso poco habitual dificultan a muchos lectores una debida comprensión de los textos, cuando no directamente los asustan, y eso está ya pasando con el texto constitucional que se conoce hasta ahora, puesto que lo que tenemos es una extensa lista de disposiciones sujetas a orden, ensamblaje y revisión gramatical por parte de la Comisión de Armonización de la Convención. Por tanto, lo mejor para formarse un parecer definitivo sobre la propuesta constitucional es aguardar hasta su texto definitivo y oficial, que se conocerá no más allá del 4 de julio. Dicha comisión mejorará no solo la presentación de las disposiciones aprobadas por el Pleno, sino también las que provengan de la Comisión de Normas Transitorias y de aquella que se está ocupando del Preámbulo que podría tener la propuesta.

Un buen ejemplo de lo que venimos diciendo es la palabra “plurinacionalidad”, que algunos utilizan para asustar a los votantes del plebiscito de septiembre antes de detenerse a explicar a estos cuál es el sentido de un término como ese. Nadie se ha complicado hasta ahora con la expresión “pueblos originarios”, o “pueblos indígenas”, puesto que sabemos que los hay en nuestro país, y no pocos, pero basta con que a partir de esa realidad se hable de “plurinacionalidad” para que empiecen a sonar las alarmas, en circunstancias de que, en el corazón de esta última palabra, lo que hay es el reconocimiento de esos diversos pueblos y del hecho de que,  por el creciente mestizaje de la sociedad chilena, hayamos confiado siempre, algo ingenuamente, en que él resolvería la situación de los distintos pueblos que habitan nuestro territorio. Una expectativa tan ingenua como la de que la globalización, en marcha hace décadas e incluso centurias, iba a disolver las identidades nacionales y locales en nombre de una cultura universal híbrida.

Entonces, es preciso entrarle a la palabra “plurinacionalidad”, partiendo de la base de que alude, cuando menos, al hecho central de que en nuestro país hay varios pueblos, por poco numerosos que sean algunos de ellos. Eso es, de partida, lo que significaría “plurinacionalidad”, puesto que sería muy poco fonético decir “pluripueblos” o “pluripopularidad”. Desde posiciones más conservadoras solo se admite la “multiculturalidad”, además de la “interculturalidad”, entendiendo por la primera de estas dos palabras la existencia de varias y diversas culturas y, por la segunda, el diálogo e interacción entre tales culturas. Pero la verdad es que ambas dicen muy poco o, más bien, aluden a algo obvio: que en sociedades democráticas y abiertas hay siempre más de una cultura, si bien puede existir una de tipo dominante o hegemónica que pugna con las de carácter minoritario, y que lo normal es que las diversas culturas conversen entre sí, se conozcan, se respeten, y eventualmente aprendan unas de otras.

Tenemos entonces varias palabras en juego: “cultura”, “pueblo”, “nación” y “Estado”, y una manera de avanzar en la comprensión del asunto sería admitir que nuestros pueblos originarios son más que una  simple cultura y constituyen menos que un Estado. Descartadas esas dos posibilidades, ¿qué son, pueblos o naciones? Pueblos cuando menos, porque así se les llama y se llaman también ellos a sí mismos desde hace ya muchísimo tiempo, ¿pero qué es lo que hace el paso de “pueblo” a “nación”? ¿Y el paso de una “cultura” a un “pueblo”? ¿Y el de una “nación” a un Estado?

Preguntas ineludibles, como se ve, y que, para mayor dificultad, dividen a los expertos o especialistas que se dedican a estos temas. Se ha ido acumulando a este respecto una rica bibliografía chilena, con libros imprescindibles, por ejemplo, de José Bengoa, Benjamín Subercaseaux, Jaime Gajardo y Salvador Millaleo. De Gajardo conocemos recientemente su espléndida tesis doctoral sobre multiculturalidad, y de Millaleo un libro de título para reflexionar: Por una vía ‘chilena’ hacia la plurinacionalidad. ¿Y por qué un título para reflexionar? Porque sugiere un camino propio para hacernos cargo de nuestra plurinacionalidad, sin necesidad de copiar lo resuelto en esta materia por países como Bolivia, Ecuador, México, Australia o Canadá. Siempre es posible aprender de otras experiencias, pero reconocer en Chile la plurinacionalidad y desarrollarla en sus efectos, es una tarea que debemos llevar adelante a partir de nuestra propia realidad en tal sentido, es decir, preguntándonos qué pueblos, cuántos, situados dónde, con qué historia, con cuál trato dado durante nuestra vida independiente, y con qué estatutos ya acordados con algunos de ellos.

No siempre nos ha ido bien con esto de la “vía chilena a…”, pero no nos queda más que intentarla en esta materia tan específica como difícil, para lo cual tendremos que dejar de mirar para el lado y reflexionar con realismo, buena fe y conciencia de que a este asunto le hemos otorgado suficiente visibilidad e importancia solo cuando se expresa en términos de orden público.