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La oficina de asuntos culturales y sociales de La Moneda ha cambiado más de una vez de nombre. El último cambio fue asumido como un «error administrativo» por el Gobierno, al modificar la denominación «Primera Dama», personalizándola en el nombre de Irina Karamanos. Este miércoles el nombre del cargo de la pareja del Presidente Boric cambió por el de coordinadora sociocultural de la Presidencia. Pero este título no es innovación de la administración de Apruebo Dignidad, por el contrario, bajo los gobiernos de la ex Presidenta Bachelet el nombre «Gabinete de Primera Dama» ya había sido cambiado a «Dirección Sociocultural» en dos oportunidades, a través de resoluciones exentas de la Secretaría Administrativa de la Presidencia, sin provocar polémica. Luego, en los dos mandatos de Sebastián Piñera, pasó lo mismo, retrotrayéndolo a Primera Dama. Fuera de lo anterior, el error político del actual Gobierno –según diversos analistas– abre el debate respecto al riesgo de que se dupliquen funciones que son competencia de otros ministerios, como los de Desarrollo Social, de la Mujer y la Equidad de Género e, incluso, el Ministerio del Interior. A continuación, la historia detrás del cargo, y la mirada crítica de analistas sobre un nuevo error no forzado al interior de Palacio.
La polémica tiene su origen el pasado 30 de marzo, cuando la Dirección Administrativa de la Presidencia publicó la modificación a la resolución exenta N°978, de 2018, que, entre otros cambios a la estructura gubernamental, planteaba el fin de la denominación «Primera Dama», siendo reemplazado por el nombre de la pareja del Presidente Gabriel Boric, Irina Karamanos. Pero fue recién a comienzos de esta semana que la filtración de este documento, a través de redes sociales, gatilló una serie de comentarios y reacciones que provocaron que el Gobierno se retractara, considerándolo un «error administrativo», dejando sin efecto dicha modificación y desnudando un nuevo desacierto en la «forma», con respecto a una reestructuración que fue parte de las promesas de campaña del actual Mandatario.
Este miércoles, desde La Moneda anunciaron que finalmente el gabinete liderado por Karamanos llevará el nombre de «Coordinación Sociocultural de la Presidencia de la República», en línea con lo que, a su juicio, dice relación con la transformación paulatina del rol de «Primera Dama». Pero la polémica no acaba con la denominación de este cargo, sino que comienzan a surgir los primeros cuestionamientos en torno a cuáles son las funciones y los límites de sus atribuciones, considerando que sus actividades tienen directa relación con el accionar de ministerios como el de Desarrollo Social, de la Mujer y la Equidad de Género e, incluso, el Ministerio del Interior.
Según lo explicita la mencionada resolución, al gabinete encabezado por Irina Karamanos “le corresponderá identificar, proponer y coordinar lineamientos estratégicos y definiciones programáticas para políticas públicas, con el objetivo de aportar a la erradicación de la desigualdad y la discriminación de grupos históricamente excluidos, con enfoque intersectorial, de Derechos Humanos y perspectiva de género”.
Al respecto, al analista político y secretario académico de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma, Tomás Duval, le llaman la atención las amplias funciones que se le otorgan en distintas materias, que históricamente no están asociadas a este cargo, frente a lo cual considera imperioso delimitar cuál es el espacio que va a tener esa figura dentro del Gobierno. “Esa debilidad de otorgarle funciones más allá de su cargo, que interfieren en otras áreas, creo que es un problema muy profundo y que puede afectar mucho la gestión del Gobierno. Yo creo que el rol de la Primera Dama estaba ya cada día más circunscrito básicamente a una serie de fundaciones y a labores en ese ámbito social. Me parece que ese era el ámbito en el que pudiese haber quedado circunscrita esta figura, pero naturalmente esta modificación ya refleja desprolijidad, una suerte de desorganización interna, donde se da cuenta que no hay preocupación por los detalles», apuntó Duval.
En ese sentido, el también analista y director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central, Marco Moreno, agrega que, este reconocimiento del error por parte del Gobierno como un acto administrativo, invisibiliza un problema de fondo, que –a su juicio– tiene un componente comunicacional, pero también un componente de capacidad gubernamental, que se ha visto debilitado. «El problema comunicacional tiene que ver con la dificultad del Gobierno para poder desarrollar lo que técnicamente se conoce como comunicación gubernamental, que no es otra cosa que construir la legitimidad sobre las decisiones que tome el Gobierno. Por supuesto que no puede hacer comunicación gubernamental cuando lo que se está comunicando son errores o desalineamientos que se producen respecto del diseño de ese Gobierno”, puntualizó Moreno.
Un error no forzado que para el columnista de El Mostrador, Germán Silva Cuadra, da cuenta de la falta de cuidado en la puesta en escena de un Gobierno que, nuevamente, se equivoca en la «forma» en que lleva a cabo una reforma que transparenta las promesas e ideas planteadas antes de su arribo a La Moneda, en torno a una crítica muy fuerte al cargo de Primera Dama, dando cuenta de su necesaria reestructuración. Para Silva Cuadra, el proceso debió ser más prolijo en términos de transparencia, abriendo cierto debate o discusión, incluyendo múltiples actores, teniendo en cuenta además los intentos de cambio previos, que vienen desde Marta Larraechea.
En sus 32 años de existencia, desde su creación en 1990, la Dirección Sociocultural de la Presidencia ha sido encabezada por cinco Primeras Damas: Leonor Oyarzún, Marta Larraechea, Luisa Durán, Cecilia Morel y, ahora, Irina Karamanos. Excepcionalmente, Michelle Bachelet, al no estar casada, designó a cuatro diferentes directores, en sus dos pasos por La Moneda: Adriana Delpiano; María Eugenia Hirmas; su hijo, Sebastián Dávalos; y Paula Forttes.
El cargo de Primera Dama no está regulado, cuenta con una oficina, no tiene remuneración, pero sí posee un grupo de asesoras, financiamiento, y siete fundaciones a su haber: Integra; Fundación de las Familias; Prodemu; Museo Interactivo Mirador (MIM); Orquestas Juveniles e Infantiles; Artesanías de Chile; y Chilenter. Según la Contraloría General de la República, la Primera Dama no está obligada a realizar Declaración de Intereses y Patrimonio (DIP).
A partir de 2009, se denominó Dirección Sociocultural de la Presidencia; luego, en 2010, se cambió el nombre a Gabinete de Primera Dama; y en 2014, volvió a nombrarse Dirección Sociocultural de la Presidencia. El cambio de nombre responde a que, cuando asumió Michelle Bachelet, esta no tenía pareja y nombró a dos mujeres sin vínculo sexoafectivo en su primer Gobierno (Delpiano e Hirmas), y en su segundo gobierno fue su hijo y, después, una mujer sin vínculo sexoafectivo (Forttes).
El hecho de que sea un cargo que no está regulado legalmente, como también ocurre en la mayoría de las democracias presidencialistas en el mundo, hace que sea un rol que es por naturaleza trasmutable. La decisión del Gobierno se condice con las críticas que formaron parte de su campaña, pero que nuevamente podría encontrar inconvenientes, en el hipotético escenario de que las atribuciones de este cargo escapen de su área sociocultural y comiencen a cruzar los límites de otros ministerios.
Al respecto, la doctora en Ciencia Política, Carolina Guerrero, afirma –en una columna publicada en Tercera Dosis– que «el cargo de primera dama es político y tiene mucho simbolismo a nivel nacional e internacional y por lo tanto no es rígido y puede seguir cambiando. Es importante resignificar el rol, darle una mirada renovada con perspectiva de género, incluir mayores estándares de transparencia y no duplicar funciones que ya tienen otros organismos en el gobierno, sino más bien coordinar y promover temas de la agenda pública».
