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El plebiscito de salida era la última barrera para dar curso al cierre de la modernización del Acuerdo de Asociación entre Chile y la Unión Europea. Si bien la parte técnica concluyó en noviembre del año pasado y habría quedado casi listo para la firma a comienzos de 2022, al ser revisado por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric surgieron “algunos ajustes”, lo que pospuso y enlenteció los plazos. El gran temor de la UE es que Chile busque reabrir las negociaciones, lo que resultaría complicado, pues representa a 27 países de la Unión y del Parlamento Europeo. Por ello, una fuente señala que pueden ajustar ciertos puntos, pero lo más importante es evitar reabrir todo. Las razones tienen que ver con que hay “ajustes que son más complicados y pueden romper el equilibrio a que se llegó». Aseguran que la paciencia de los europeos no pasaría de noviembre, fecha límite que esperan coincida con los 20 años del tratado original.
Entre muchas características, la diplomacia es el arte de manifestar la molestia de manera cortés y comprensivamente. Ese es el tono que hoy caracteriza a las relaciones en torno al proyecto de modernización del Acuerdo de Asociación de la Unión Europea con Chile, que lleva varios meses sin aparente movimiento en las dependencias de la Cancillería. Mientras se expresa por canales oficiales que es comprensible la demora del Gobierno del Presidente Gabriel Boric para sellar el acuerdo, cuando todavía están en revisión varios puntos que dejó listos la administración del ex Presidente Piñera, lo cierto es que tal comprensión –aseguran fuentes– denota un claro malestar por la lentitud con que el Ejecutivo chileno ha conducido las tratativas. A tal punto llega la incomodidad que aseguran –diplomáticamente– que la paciencia de la Unión Europea duraría hasta noviembre, fecha límite que esperan coincida con los 20 años del tratado original.
El 5 de septiembre pasado, cuando Chile recién tenía los resultados del plebiscito de salida, la Unión Europea (UE) a través de su portavoz, Peter Stano, publicó una declaración donde llamaba a acelerar el cierre de las negociaciones por la modernización del Acuerdo de Asociación con Chile.
Esta señala en su último párrafo: “Además, la UE reitera su voluntad de concluir la modernización del Acuerdo de Asociación UE-Chile, que allanará el camino para seguir profundizando nuestra amplia cooperación en ámbitos como el multilateralismo, la democracia, los derechos humanos, la igualdad de género y la acción climática, el desarrollo inclusivo y sostenible y las nuevas oportunidades comerciales”.
Según los analistas, una diplomática presión para cerrar el acuerdo de una vez.
“Efectivamente la Unión Europea hizo un comunicado conceptuoso sobre lo que había sucedido en Chile y aprovechó de enfatizar la necesidad de llamar a la conclusión del Tratado de Modernización de la UE”, comentó el analista internacional Pablo Cabrera en El Mostrador en La Clave.
Una clara señal de que el tiempo está corriendo y que la pelota ahora se ubica en territorio chileno. Mientras desde el gremio exportador, cientos de pymes están a la espera de definiciones que le darían empleo a miles de chilenos.
Como hasta ahora no hay grandes definiciones, fuentes conocedoras de las negociaciones para sellar el acuerdo apuntan a varios factores como parte de las causales del retraso. Se señala que el «pero» está en la postura de limitar el accionar de empresas extranjeras, como también se apunta a una postura intransigente de Carlos Figueroa, el asesor internacional del segundo piso, quien sería contrario a ciertos aspectos del tratado. Tampoco es un secreto que el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, José Miguel Ahumada, no está de acuerdo con varias de las cláusulas del acuerdo con la UE, pero que ha ido cediendo y acercándose a las negociaciones en pos de una postura gubernamental. De hecho, por estos días los equipos de negociación de la Cancillería participan en reuniones virtuales con sus pares europeos. Reuniones bilaterales que se repetirán durante la primera semana de octubre, cuando aterrice en Santiago la delegación de Bruselas.
La UE –conformada por 27 países y con un mercado de 445 millones de personas– es el tercer socio comercial de Chile y el tratado con la misma comenzó a gestarse en junio de 1996, cuando se firmó un Acuerdo Marco de Cooperación que sentaba las bases para su desarrollo y discusión. Finalmente, el tratado fue suscrito el 18 de noviembre de 2002, incluyendo tres pilares: diálogo político, cooperación y comercio. Y entró en vigor completamente el 1 de marzo de 2005, siendo el primero de la UE con un país de Sudamérica, junto con convertirse en un modelo para acuerdos con otras naciones.
Desde entonces el intercambio bilateral se ha diversificado y duplicado. Las estadísticas indican que el 80% de las importaciones a Chile son bienes intermedios y de capital, y casi el 40% de las empresas que exportan a la UE son pymes.
En el marco del VI Consejo de Asociación Chile-Unión Europea, en abril de 2015, durante el segundo Gobierno de Bachelet, las partes discutieron la modernización del acuerdo. La idea era avanzar en temas de digitalización, modernización del Estado, ciberseguridad, cambio climático, desarrollo sostenible, igualdad de género, derechos humanos, desarrollo sostenible, pymes, entre otras áreas que hace 20 años no se consideraban. En 2017, en Bruselas, se lanzaron las negociaciones. El Consejo Europeo publicó las directivas para la negociación del nuevo Acuerdo de Asociación modernizado el 22 de enero de 2018 y, en febrero del mismo año, la Comisión Europea publicó 18 propuestas textuales iniciales que establecían su posición en ámbitos específicos de la negociación. Desde entonces se desarrollaron reuniones bilaterales –pandemia de por medio–, hasta la décima ronda de negociaciones que se celebró de manera virtual el 12 de mayo de 2021. Dándose por finalizadas tales negociaciones el 15 de noviembre de 2021. Se intercambiaron notas verbales, como es la tónica en diplomacia para confirmar que existió un acuerdo “a nivel técnico” entre ambas partes.
Aunque en ámbitos de negociación diplomática se habla de que “nada está acordado hasta que todo está acordado”, puntualiza un especialista.
Como el «cierre técnico» se realizó al final de la administración gubernamental de Sebastián Piñera, corresponde al Presidente Gabriel Boric y al actual Congreso firmar el tratado. Pero, una vez asumido el nuevo Gobierno, comenzó un proceso de revisión del texto desde el punto de vista de su programa de política exterior. En ese sentido, hay cláusulas que se pudieron conversar ya desde abril. En mayo llegó un equipo negociador desde Bruselas a conversar con la Cancillería chilena. Después han continuado las reuniones virtuales, especialmente en el ámbito comercial. Y por estos días se están discutiendo temas que habían quedado, de mutuo acuerdo, para después del plebiscito de salida.
Para diversos observadores, tanto en Chile como en el extranjero han reparado en que el trámite ha resultado largo y lento. En la UE se han mostrado “muy comprensivos» porque se considera lógico que un Gobierno entrante quiera confirmar y leer el texto que fue cerrado en uno anterior, pero una cosa muy distinta es que se quiera partir de cero, puesto que se entiende que las conversaciones se hacen con el Estado y no solo con los gobiernos. Así lo manifestó el Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell, de visita en Chile en abril pasado, cuando dijo que “comprendo que el nuevo Gobierno necesite tiempo para estudiar bien cuál es el acuerdo al que llegó el anterior Gobierno. Espero que su reconsideración no signifique reabrir las negociaciones, sino entender mejor cuáles son los términos del acuerdo”.
Estas palabras fueron advertidas como un recelo en ciernes de que la administración actual pueda desconocer el avance alcanzado con el Gobierno de Piñera. Y esta preocupación –señalan– no sería baladí, porque cualquier retraso extra que implique reabrir las negociaciones, en los hechos tendría un impacto enorme, ya que, como este 2023 se renueva el Parlamento Europeo, de no concluir antes de esa fecha el proceso, el proyecto de modernización podría verse pospuesto por varios años. Quienes tuvieron conocimiento pleno de la visita de Borrell a Chile aseguran que el Alto Representante regresó a Europa muy molesto, con la sensación de haber perdido el tiempo y el viaje.
El profesor e investigador del Instituto de Estudios del Desarrollo de la Universidad de Sussex en Inglaterra, profesor del Instituto de Estudios Internacionales de la U. de Chile y exsubsecretario general adjunto de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, Carlos Fortín, explica que el Acuerdo tiene algunas reglas que se relacionan con reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), muy difíciles de modificar porque reúne a 192 países y los quórums son muy altos. Y que ahí Chile tiene un punto a favor para tomarse el tiempo.
En el caso chileno, hay dos específicas que son nuevas en materia de inversiones: “La primera prohíbe a un inversionista extranjero transferir tecnología a productores y/o empresas nacionales. Es decir, los gobiernos no tienen derecho a poner como requisito que los inversionistas dejen su tecnología en el país. La otra regla es sobre precios preferenciales: el país no puede establecer precios diferentes para el comercio internacional tendiente a beneficiar un producto para posesionarlo en el mercado internacional. Y en el caso de Chile tiene especial importancia, porque el litio va a necesitar este tipo de política”. Estos dos puntos tienen parado el acuerdo, explica Fortín.
Concuerda con él el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Jaime Quintana: “Son los temas de innovación y de precios preferentes de determinados productos los que quedan por superar. Ayer conversé con el embajador de la UE en Chile, y con cualquier país europeo que uno hable este es un tema muy recurrente, porque Chile está perdiendo posiciones en el comercio internacional, particularmente en Europa donde hay un número importante de inversiones y, también, es el destino de muchos de nuestros productos. Creemos que en esto hay que moverse con la mayor certeza y lo hemos conversado con el subsecretario Ahumada, y lo que él nos ha señalado es que están cada vez más acotados y más cerca de cerrar. Creo que hay que ponerse plazos, esto no puede pasar de fines de año. Es una postura unánime de la Comisión de RR.EE.”.
Y agrega que mucho se ha hablado de que el tratado estaba cerrado, pero no era totalmente así. “Francia tenía aspectos pendientes porque tenían una elección ad portas cuando terminó el Gobierno anterior y, por lo tanto, ese Parlamento tenía que pronunciarse con su nueva legislatura. Luego vino nuestro cambio de Gobierno y después el plebiscito. Pero lo importante es que ya se retomó. Por lo tanto, cada día quedan menos razones para seguir dilatando la aprobación de este acuerdo”, recalca.
Para Fortín, una salida podría estar en establecer excepciones para algunos productos en el caso de los precios preferentes. “Considerar que el litio sea una excepción. O pensar en posibilidades intermedias. No es que Chile haya decidido boicotear las negociaciones, lo que pasa es que tiene dos puntos que a mí me parecen particularmente importantes, porque limitan la expansión de mercados nuevos y del desarrollo tecnológico. Estoy seguro de que se tendrá que resolver de manera consensuada, porque los europeos son socios muy importantes y el tratado es muy progresista y relevante para Chile”.
Cabe destacar que para la UE reabrir la negociación es complicado, porque representa a 27 países de la Unión y del Parlamento Europeo. Por ello, una fuente señala que pueden ajustar ciertos puntos, pero lo más importante es evitar reabrir todo. Las razones tiene que ver con que hay “ajustes que son más complicados y pueden romper el equilibrio a que se llegó». Aseguran que la paciencia de los europeos no pasa de noviembre. «Ojalá pueda coincidir cuando se cumplan los 20 años del tratado original».
El Mostrador pidió entrevista y declaraciones en varias ocasiones a la Cancillería, sin obtener respuesta. Y desde la oficina del Asesor Internacional de la Presidencia, Carlos Figueroa, contestaron que era un tema a tratar con el Ministerio de Relaciones Exteriores.
