Opinión
Chile es el país con índices más bajos de la OCDE en competencias de lectura –Programa para la Evaluación Internacional de las Competencias de los Adultos (PIAAC, por sus siglas en inglés)–, con un 53,4%, a pesar de los recientes resultados de Smartick, plataforma de aprendizaje virtual española que mostró a Chile con un 73% de alcance en comprensión lectora, un 41% en ortografía y 40% en gramática. Hay que considerar que esta última medida fue realizada a un poco más de 18.500 personas entre España, Perú, Colombia, México y Chile. De cualquier modo, lo que se informa, a través del Gobierno, es que las ocupaciones en estas materias no se concentrarán en solo puntajes nacionales o internacionales, pues de estos es sabido que, muchas veces, instituciones como colegios se preparan puntualmente para rendir bien cuestiones específicas en formulaciones particulares que se designan como competencias, las cuales no aseguran un real alcance de las y los estudiantes, como podría ser el caso del Simce.
En el año 2003 se promulgó la Ley 19.891, la cual creó el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (pasando a ser ministerio en el 2018). Esta ley, en su artículo 3°, que consta de 17 incisos, ha buscado la “ansiada” renovación de las políticas culturales en el país. En el inciso 14 se menciona el principio administrativo para el fortalecimiento del libro y la lectura. La planificación se comenzó a desarrollar en el 2016 para un alcance de 5 años a partir del 2017 y hasta el 2022. Parte de los principios de estas políticas culturales han propuesto (en el papel al menos, hasta ahora) a la cultura como el “centro del desarrollo humano”, incorporando los “distintos” territorios (regionales, comunales, etc.), enfocados en los derechos de la ciudadanía en la participación cultural.
Sin embargo, es recién en noviembre del 2021 que se inicia el proceso participativo para una nueva política del libro. En este inicio participaron alrededor de 1.800 “actores” de lo que se le denominó “ecosistema del libro y la lectura”. En esta participación se encontraron tanto instituciones ligadas al tema como la sociedad civil. No es extraño, a partir de bases liberales, que en política, economía y ciencias sociales se hagan analogías o comparaciones de la “naturaleza” con la cultura (aun cuando en sistema de metaestabilidad puedan estar conjugadas, pero esto es extenso y no creo que sea parte de la consideración del Estado en sus investigaciones con respecto a esto). Un ecosistema, en principio, debiese “intentar” mantener una estabilidad eco-social-política de equilibrios colaborativos (derivado de la “naturaleza”), pero también es de depredadores y presas. De cualquier forma no me quiero detener en esto, solo hacer el alcance, que por lo demás no imagino lo hayan analizado en profundidad, como pasa también con muchas relaciones entre arte-ciencia-tecnología-naturaleza, que en su gran mayoría solo son tomadas como términos y conjugaciones prestadas para alcances puntuales.
Continuando: las instancias que se iniciaron el 2021 se extendieron hasta el presente año, las que se ordenaron en un plenario abierto a la ciudadanía, una consulta ciudadana sobre los ámbitos y principios rectores que debe considerar en la planificación política, 16 mesas regionales y 6 mesas de trabajo por ámbito. Los resultados de estas instancias generaron la conformación de 8 comisiones: 1. Género y Disidencias; 2. Patrimonio Bibliográfico; 3. Pueblos Originarios; 4. Nuevos Formatos; 5. Compras Públicas; 6. Inclusión; 7. Bibliotecas; y 8. Internacionalización.
Desde la fecha de promulgada la ley, y en el transcurso de todos estos años, es primera vez que se conforma este tipo de comisiones en lo que respecta al libro y la lectura, sobre todo la inclusión de temas en una comisión específica de pueblos originarios y la apertura a los cambiantes desafíos de la comisión de nuevos formatos, la cual, como todas las otras comisiones, tienen el pie forzado de generar instancias público-privadas para, en este caso, proponer nuevos medios de formación de soportes e instancias, donde el acceso y las estrategias para los alcances de la promoción de textos y su respectiva estrategia de promoción de la recepción de estos conlleve un mayor alcance cualitativo y cuantitativo.
Mario Moreno, elegido como el coordinador de la Comisión Técnica de Nuevos Formatos, relata que parte de los desafíos en los que trabajará (junto a las otras comisiones) será la actualización tecnológica de punta que existe en el mundo para crear nuevos formatos y experiencias propedéuticas, para dejar algunas bases mínimas en lo que concierne a las amplias posibilidades de la Red y nuevos procesos de encriptamiento para posibles soluciones sobre los derechos de los escritores y las escritoras, sin perjuicio de la distribución y alcances de los contenidos para la mayor cantidad posible de la población. Uno de los importantes desafíos que tendrá Moreno, en conjunto con la Comisión de Inclusión (la que será transversal a todas las otras comisiones), es la constante postergación de las personas con discapacidad, las que tienen bastantes alcances (no ocupados del todo) en lo que respecta al derecho.
Los resultados de los trabajos de las 8 comisiones estaban planificados para fines de este año, pero como muchas cosas se han retrasado, se extenderá a todo el 2023, es decir, las comisiones solo cuentan con un año para la elaboración de estrategias, y hasta el día de hoy no se sabe con qué presupuestos económicos se contará (en el reciente plan de reestructuración económica del Gobierno no hay mención a las artes, ni al libro y la lectura). La situación se torna cuesta arriba si le agregamos que Chile es el país con índices más bajos de la OCDE en competencias de lectura –Programa para la Evaluación Internacional de las Competencias de los Adultos (PIAAC, por sus siglas en inglés)–, con un 53,4%, a pesar de los recientes resultados de Smartick, plataforma de aprendizaje virtual española que mostró a Chile con un 73% de alcance en comprensión lectora, un 41% en ortografía y 40% en gramática. Hay que considerar que esta última medida fue realizada a un poco más de 18.500 personas entre España, Perú, Colombia, México y Chile. De cualquier modo, lo que se informa, a través del Gobierno, es que las ocupaciones en estas materias no se concentrarán en solo puntajes nacionales o internacionales, pues de estos es sabido que, muchas veces, instituciones como colegios se preparan puntualmente para rendir bien cuestiones específicas en formulaciones particulares que se designan como competencias, las que no aseguran un real alcance de las y los estudiantes, como podría ser el caso del Simce.
Estaremos atentos, y colaborativos, a los avances que se den con las comisiones nacionales designadas, y esperemos que en un plazo razonable se incorporen significantes aumentos de recursos en esta materia, pues las designaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales e instituciones como la Universidad de Chile (la cual ha tenido a su cargo la gestión e implementación a través de su Centro de Sistemas Públicos), no son suficientes sin una política presupuestaria acorde al desafío.
