Reforma tributaria: una oportunidad para impulsar la inversión y el crecimiento

El informe que recientemente publicó la OCDE sobre la situación económica de nuestro país hizo un diagnóstico que muchos no esperaban: para lograr un crecimiento sostenible en el futuro, Chile necesita una reforma estructural que aumente la recaudación fiscal, incrementando los impuestos al ingreso y al patrimonio. Esta sencilla pero categórica recomendación causó perplejidad en los sectores más conservadores del país y reveló la obsolescencia de las doctrinas económicas que llevan meses profesando. Una reforma tributaria estructural no es sinónimo de estancamiento económico. Por el contrario, la evidencia empírica más reciente sugiere que, para poder atraer inversionistas y asegurar crecimiento económico en el largo plazo, se hace urgente implementar cambios en el sistema tributario que se hagan cargo del inestable contexto político y social del país.

Hay una extensa literatura en economía que ha estudiado la conexión negativa que existe entre la desigualdad y el crecimiento económico. Tradicionalmente se creía que existía una disyuntiva entre igualdad y crecimiento. Sin embargo, las teorías económicas más modernas han demostrado que equidad y desempeño económico son, en realidad, variables complementarias. Una distribución desigual en el ingreso de una economía tiene diferentes efectos negativos -como inestabilidad política y estancamiento en la formación de capital humano- que terminan perjudicando el crecimiento en el largo plazo.

En particular, la inestabilidad política es un elemento clave para entender cambios negativos en el crecimiento económico de las naciones. Un estudio realizado por el economista de Harvard, Dani Rodrik, muestra que los países que experimentaron mayores caídas en su crecimiento económico en los años 70’ y 80’ fueron aquellos con índices más altos de polarización y descontento social. Lo mismo ocurre con los conflictos sociales, derivados de la desigualdad y la demanda insatisfecha de derechos, los cuales generan un clima de incertidumbre política y económica, negativo para los inversionistas y la economía. El ambiente de inestabilidad que vivimos hoy, marcado por el estallido social y tres años de un proceso constituyente aún en marcha, es un ejemplo concreto de cómo la falta de cohesión social termina siendo nociva para la inversión y el crecimiento.

Una herramienta efectiva para remediar la inestabilidad política es reducir la desigualdad a través de los impuestos. Y es aquí donde la reforma tributaria cobra sentido: nuestro sistema tributario es tremendamente regresivo. Es decir, aquellas personas que perciben mayores ingresos contribuyen proporcionalmente menos que las personas de menores ingresos. El diagnóstico técnico del Ministerio de Hacienda es categórico. El 50% de los contribuyentes de menores ingresos paga en promedio un 16,2% de sus ingresos en impuestos, mientras que la carga efectiva promedio del percentil 90 es de un 13,3%. Sorprendentemente, el 50% más pobre también paga más que el 0,1% más rico, quienes contribuyen un 16% de sus ingresos, y más que el 0,01% más rico, quienes contribuyen tan solo un 11,8%.

Esto se debe a una sencilla razón. El dinero del 90% de los chilenos de menores ingresos proviene casi exclusivamente del trabajo, mientras que los más ricos se llevan casi todas las utilidades empresariales del país. En términos numéricos, el 87% de las utilidades totales de las empresas chilenas se lo lleva el 1% más rico. Esto genera diferencias en el pago de impuestos porque los dueños de las empresas usan distintas prácticas para evadir y eludir impuestos. Se adquieren bienes para consumo personal, como camionetas, a nombre de sus empresas para evadir el pago del IVA. Muchas empresas grandes se dividen artificialmente en Pymes para aprovechar los beneficios tributarios. Algunas empresas subdeclaran utilidades para pagar menos impuestos. Una gran cantidad de sociedades de profesionales, como las médicas, reparten las utilidades entre familiares para bajar de tramo tributario. Los empresarios aprovechan que solo se gravan las utilidades retiradas para ahorrar en sociedades de inversión sin pagar tributos. Estas prácticas son tan relevantes en nuestro sistema que el ex director del SII, Michel Jorratt, estimó entre 7 y 8 puntos del PIB la elusión y evasión de impuestos el año 2017.

Con esta radiografía, y tomando en cuenta la importancia de la justicia social en el crecimiento económico, nos damos cuenta que el desafío de la reforma tributaria es doble. Debe, por cierto, aumentar la recaudación fiscal para financiar de manera responsable y permanente las demandas por derechos sociales que han tomado fuerza en el país. Pero también, debe tratar de diseñar cambios normativos de forma que esta alza en los impuestos provenga principalmente de los ingresos de los contribuyentes más ricos, para así aminorar la regresividad del sistema.

La reforma presentada por el Ministro Marcel es oportuna porque propone distintas medidas que apuntan precisamente en esta dirección. Primero, para combatir los altísimos niveles de elusión y la evasión, que benefician principalmente a los contribuyentes de altos ingresos, se propone fortalecer el SII. Segundo, para evitar que los empresarios posterguen el pago de impuestos a través de sociedades, obteniendo préstamos sin intereses, se busca incorporar un cobro al diferimiento de las utilidades que compense el costo de dicho préstamo. Finalmente, para incrementar los impuestos de aquellos contribuyentes que tienen más y que, como muestran los datos, pagan proporcionalmente menos, se introduce un impuesto al patrimonio. Pero a pesar de la necesidad de implementar cambios, y del apoyo de los organismos internacionales, los parlamentarios de derecha se han manifestado en contra de cada uno de estos puntos.

Se hace urgente hacer un esfuerzo en la dirección de mitigar las falencias estructurales que han consolidado el descontento social y la inestabilidad política, y que vienen frenando la inversión y el crecimiento en el país. Los temores de que un alza en los impuestos sería perjudicial para la economía están fundados, cuando mucho, en argumentos miopes que desestiman el impacto del contexto político y las instituciones en la prosperidad económica. El peligro es, en realidad, que estas preocupaciones conduzcan erróneamente a los sectores más conservadores a oponerse a algunas medidas cruciales, profundizando la desigualdad y la polarización que tienen el crecimiento económico estancado.