EDITORIAL
Crédito: Agencia UNO
Se ha ido normalizado la acción vandálica en calles de nuestras ciudades, como también la agresión a carabineros en enfrentamientos entre estos y tribus urbanas de encapuchados que violentan bienes públicos y saquean comercios. Los agresores que son detenidos quedan en libertad casi inmediata, pues el delito de “maltrato de obra a carabineros” sin provocar lesiones tiene penas muy bajas y, por lo mismo, no procede la prisión preventiva. ¡Esto no puede ser! Cualquier agresión a un agente de la ley, con o sin lesiones, debería ser severamente sancionada, lo suficiente para merecer la prisión preventiva, por ser el delincuente un peligro para la sociedad. Por supuesto que, habiendo lesiones, las penas deben ser aun más altas, dependiendo de la gravedad de las mismas.
En el actual escenario político nacional, la violencia ejercida de manera reiterada y sistemática por grupos de exaltados, que agreden a personas y destruyen bienes públicos, se enfrentan a las fuerzas policiales de resguardo y perturban el desenvolvimiento pacífico de la ciudad, es ya un hecho pandémico.
Ello ha transformado –muchas veces– el ejercicio del legítimo derecho ciudadano a manifestarse, en un acto programado de violencia irracional, que ha roto todo el significado de orden público en democracia.
En estas circunstancias –y sin perjuicio de la imperiosa necesidad de reformar a las policías, especialmente a Carabineros, y de lo esencial que es que los agentes de la ley cumplan a cabalidad con las normas legales vigentes– es urgente una eficiente política de orden público, eslabón primario de la Seguridad Ciudadana.
Para esto se requiere algo más que declaraciones explícitas de apoyo a la labor de Carabineros y la Policía de Investigaciones. Se precisa que tanto el Gobierno en ejercicio como el Ministerio Público y los Tribunales, encargados de aplicar justicia, se orienten por principios convergentes y rigurosos para asegurar el respeto de las policías, responsables directas de garantizar un orden público pacífico. Ello, tanto para impedir que los agresores de este queden impunes y beneficiarios indebidos del garantismo de nuestra legislación penal, como para que el principio de autoridad del Estado prevalezca.
Si llegaren a existir vacíos en la legislación aplicable, es responsabilidad de los poderes Ejecutivo y Legislativo llenarlos, para de esa manera acceder a un criterio criminológico consensuado entre autoridades públicas que, efectivamente, permita exigir principios de eficiencia y responsabilidad profesional a la fuerza policial, en un marco de equidad y certidumbres de obligaciones y derechos ciudadanos.
Poco o nada de esto está ocurriendo en nuestra sociedad. Se han normalizado tanto la acción vandálica como la agresión a carabineros en enfrentamientos entre estos y tribus urbanas de encapuchados que vandalizan bienes públicos y saquean comercios.
Y los agresores civiles que son detenidos quedan en libertad casi inmediata, pues el delito de “maltrato de obra a carabineros” sin lesiones importantes no contempla la prisión preventiva y los fiscales no insisten, a menos que se hayan provocado lesiones graves. ¡Esto no puede ser! Cualquier agresión a un agente de la ley debería ser severamente sancionada, sea que provoque lesiones o no (por supuesto que, habiendo lesiones, las penas deberían ser aun más altas, dependiendo de la gravedad de las mismas). De poco vale –sobre todo a nivel simbólico– que a los agresores solo se les apliquen medidas cautelares, como arraigo nacional, mientras la causa se investiga.
Según Carabineros, en el 96% de los casos de maltrato de obra a policías los imputados quedan libres, lo que convierte prácticamente en una acción inútil tomar detenidos, y transforma todo el desorden público vandálico en un juego de arriesgar “un par de patadas”. Eso, hasta que ocurre por algún motivo un hecho que puede implicar exceso de fuerza o agresión grave. Es un incentivo perverso a violar la ley.
En una sociedad de masas, el orden público está garantizado no solo por la existencia de una fuerza policial profesional, numerosa y bien dotada técnicamente. También se requieren leyes eficaces. Pero además depende, en gran medida, de la adhesión voluntaria o acatamiento de los ciudadanos a las disposiciones sobre ocupación y uso de los espacios y bienes públicos.
Es cierto que tal adhesión está hecha de convicción cívica, pero también de reconocimiento de la legalidad de quien manda y de la obligación de acatar so pena de recibir una sanción. Si ese temor desaparece, el principio de autoridad en la sociedad se corroe.
En el ejercicio de la fuerza legítima del Estado están incluidas la potestad, facultad y legitimidad para mandar u ordenar que tienen los gobernantes. Si ello se corroe, se corroe también su mayor atributo político en una democracia, esto es, la autoridad moral que conlleva el ejercicio del poder mediante palabras, valores y acciones coherentes de gobierno.
