Decisión constitucional: legitimar el sistema político

La política como estructura es el modo estable en que la comunidad se organiza, con sus instituciones y reglas. Esto se ha representado en la historia de la humanidad, en cuanto a formas de organización como lo han sido la polis, los imperios, las monarquías y los Estados.

La imagen de esta estructura puede ser adoptada como la de un organismo viviente, el cual, para subsistir, va dotándose de órganos que ejercen diferentes funciones. Debe adaptarse al medio en que habita, del que obtiene los medios de subsistencia y al que aporta algo que justifique su supervivencia. Lo que activa la estructura es la necesidad funcional de adaptación al medio.

En esta estructura cae aquello a lo que nos referimos cuando hablamos de sistema político, como una organización compleja que recoge y transmite información, genera actividades, controla resultados y produce decisiones.

Hoy, no solo en Chile sino también en el mundo, existe un grave problema que es la valoración e, incluso, legitimidad del sistema político en su conjunto, lo que también se hace ver como crisis de confianza en la política y las instituciones.

Muestra concreta de esto es el debate que se ha generado en las últimas semanas en torno a la decisión de la continuidad del proceso constitucional, poniendo incluso en duda la legitimidad del Congreso como institución democrática para la toma de decisiones.

Respecto de aquello, vale la pena señalar algunas cosas. Lo primero es que el Congreso es uno de los Poderes de Estado que cuenta con 200 años de historia republicana. Lo segundo, que fue ese mismo Congreso el que le dio cauce democrático a la crisis social y política que vivimos en Chile recientemente. Tercero, la legitimidad de este no debería ponerse en duda, ya que en marzo de este año asumió una nueva Cámara de Diputados y el Senado fue renovado en la mitad. Eso mediante una elección que alcanzó el 48% de participación, con voto voluntario.

Es cierto que el Congreso es una de las instituciones que lidera las encuestas cuando se aborda el tema de la falta de confianza, junto con los partidos políticos. Pero eso no puede ser una fuente de deslegitimidad. La legitimidad significa conseguir que sean aceptados los límites que el poder impone y que se admitan propuestas sin necesidad de acudir a la coacción. Las decisiones son legítimas cuando el poder se ajusta a los valores y creencias que dominan una sociedad, por tanto, la legitimidad vincula el poder con el mundo de las ideas y de los valores.

El resultado del plebiscito de octubre y su amplio apoyo a la opción Rechazo, nos da luces de estas ideas y valores de la ciudadanía en cuanto al proceso constituyente, lo que sustentaría dicha legitimidad. Esto nos permite hacer ciertas afirmaciones como que la ciudadanía desconfía del asambleísmo y que quiere un proceso completamente distinto al anterior.

Siendo así, es que se abrió el espacio para el planteamiento de la incorporación de expertos en el nuevo proceso. Esta idea no es experimental ni menos un antojo de algunos. Como argumento se puede decir que todos los códigos de la República que han durado más de 100 años fueron elaborados por expertos; más de 40 países del Consejo de Europa han encargado la elaboración de sus Constituciones al Congreso; el asambleísmo constitucional ha sido en general síntoma de mala salud democrática, una opción de países con débiles democracias representativas, que lamentablemente en muchos casos han devenido en populismos y hasta dictaduras.

A todas esas razones políticas e históricas, se pueden añadir razones de contexto, como las que tienen que ver con el fracaso rotundo de contar con una nueva Constitución y la responsabilidad que en aquello tuvieron los convencionales, por la ridiculización y poca seriedad del proceso, la mala calidad del texto y la desconfianza técnica y experimental que ellos mismos fueron consolidando. Además, hay que destacar que quienes se han posicionado en la idea de una nueva Convención 100% electa son los mismos que defendían la opción Apruebo que fue desestimada ampliamente. Siendo así, ¿tiene piso democrático esta opción?

Para legitimar el sistema político hay que dar señales y la clase política hoy tiene en sus manos una tremenda oportunidad de hacerlo. No son eslóganes las ideas y voluntades de lograr amplios acuerdos. Que estos no se lograran en la Mesa de Diálogo Constitucional sería un fracaso rotundo de la política y sus representantes. Se ha llegado a un punto en que todos tienen que ceder un poco, así se logran las mayorías y, por lo demás, la democracia supone que quienes ganan, no lo ganan todo, y los que pierden, no lo hacen para siempre, de allí que las reglas democráticas deben proteger los derechos de quienes quedan en minoría.