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Ximena Ossandón (RN): “Si los niños son los primeros de la fila no entiendo cómo el Senda llega a acuerdos con las empresas de delivery” PAÍS

Ximena Ossandón (RN): “Si los niños son los primeros de la fila no entiendo cómo el Senda llega a acuerdos con las empresas de delivery”

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La diputada de Renovación Nacional cuestionó los convenios del Senda con empresas de reparto de alimentos y alcohol. A a juicio de la legisladora, es imposible fiscalizar la venta de licor a menores. “La experiencia internacional exitosa en la implementación del Plan Islandia, señala que la autorregulación de los intermediarios no es suficiente para impedir el acceso a menores de edad al alcohol”, dice la parlamentaria.


Este lunes, el Director del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, Carlos Charme, firmó un protocolo de acuerdo con las principales empresas de reparto a domicilio del país. La intención, según señalan, es «evitar la venta de alcohol a menores de edad».

El acuerdo que el Senda firmó con las empresas Rappi, Uber Eats, Pedidos Ya y CornerShop fue cuestionado por la diputada de RN Ximena Ossandón, quien señaló la iniciativa como un “contrasentido y una verdadera tomadura de pelo para las propias políticas que ha impulsado al Gobierno».

“En esta materia tan delicada, la autorregulación de los intermediarios no es suficiente. Mandar un mensaje de texto de parte de las empresas advirtiéndole a los repartidores que los menores de edad no pueden consumir alcohol es una política igual a cero”, afirmó la representante del Distrito 12.

“Todos sabemos que en la práctica la venta a menores seguirá igual. El acuerdo también incluye la presentación del carnet de identidad obligatorio para el comprador, lo que ya existe, y también una inscripción digital con los datos personales del adquirente, algo que también puede ser fácilmente manipulado. A mi juicio no hay ningún avance real porque sigue siendo una operación que queda a completa discrecionalidad de los proveedores e intermediarios, lo cual constituye un área de abandono del interés por la prevención y promoción de la salud pública en los segmentos más vulnerables de la población como son los menores de edad e incluso niños que se ven afectados de por vida por esta influencia dañina a edades tempranas de su vida. Nada impide o controla que los repartidores no hagan caso omiso de cualquier documento que se firme de autorregulación, porque finalmente de la venta depende su ingreso personal”, opina la diputada.

Ossandón dice que la famosa “Tolerancia Cero” que plantea el Ejecutivo no es tal, porque sigue relativizando el acceso de alcohol para menores. “La ley siempre ha prohibido la venta a menores. Y estas empresas que firmaron el convenio con el Gobierno nunca se preocuparon de cumplirla. Y ahora hacen tratos con el Senda después de haber hecho y deshecho durante años sin ninguna consideración por los menores que adquirían alcohol. El Gobierno por su parte habla de Tolerancia Cero a la venta de licor a niños y jóvenes y a la primera se acomoda a la sugerencia de las empresas, lo que demuestra un contrasentido irritante. Si realmente les interesara el tema trabajarían con un control biométrico, que esté en línea con el Registro Civil, pero seguramente las empresas no quieren implementarlo porque encuentran demasiado costoso hacerlo. Entonces lo de la tolerancia cero es una farsa, es una tolerancia a medias y acomodada al deseo de las empresas”.

“No resulta comprensible que el mismo gobierno que impulsa una versión del Plan Islandia haga acuerdos Light sobre la materia con estas empresas en vez de sacar adelante leyes que realmente solucionen de raíz este problema. Hablan de que van a fiscalizar muchísimo más, pero todos sabemos que eso es imposible. Con la actual legislación y este nuevo convenio es más fácil pillar el chancho encebado que a un repartidor que vende licor”, aseguró la diputada.

Por último la legisladora cuestionó el acceso a datos personales de los compradores , “pues se crea otro problema donde la autoridad cede a un privado el control de actividades que son propias de la institucionalidad pública. Es otro contrasentido que realmente no logro entender”.

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