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Crédito: Agencia Uno
Este miércoles era la fecha límite para que la ministra presentara su réplica a la acusación constitucional, pero lo hizo este lunes en la noche, justo después de que dos expertos abogados constitucionalistas argumentaran frente a la comisión que analiza la acusación los fallos del libelo.
La ministra de Educación, Marcela Cubillos, tenía como fecha límite el miércoles 25 de septiembre para contestar a la acusación constitucional presentada por la oposición a inicios de este mes. Sin embargo, este lunes, a las 23 horas, presentó su réplica, en la cual se ataca «la cuestión previa» de la admisibilidad de la acusación.
En particular, se apunta a que la acusación «no cumple con los requisitos establecidos por la propia Constitución”.
El documento busca de esta forma desestimar la acusación constitucional basándose en cuatro argumentos: «no respeta el carácter de ultima ratio que debe tener por su envergadura, toda Acusación Constitucional», «No se verifican las causales establecidas en la Constitución para que proceda la Acusación Constitucional», «La acusación contiene imputaciones por hechos que no son responsabilidad de la ministra» y «No se cumple con los estándares mínimos del debido proceso que permitan conducir un procedimiento racional y justo.
“Se demostrará que esta Ministra de Estado ha actuado siempre en cabal cumplimiento de la ley y la Constitución. Y ha sido leal y explícita en sus intentos por reformar aquellas leyes que el Gobierno al que pertenece desea perfeccionar o mejorar empleando para ello el legítimo debate democrático, como lo hace cualquier gobierno cuando hay alternancia en la coalición gobernante, enviando proyectos de ley para su discusión y tramitación en el Congreso”, apunta la réplica.
El documento apunta a que la ministra “ha dado cabal cumplimiento a las leyes que la regulan en todo aquello que cabe dentro de su ámbito de competencia y , no sólo eso, sino que ha procurado con celo que tenga éxito, fiscalizando la implementación de la primera etapa, que tuvieron a su cargo autoridades designadas a fines del Gobierno anterior, con auditorías cuyos hallazgos se encuentran hoy en el Consejo de Defensa del Estado y el Ministerio Público”.
Finalmente se apunta a que “Una acusación constitucional no puede descansar en meras generalidades, afirmaciones vagas, hechos que no constituyen ilegalidades”, enfatizando que esta “no cumple con un requisito fundamental que es bastarse a sí mismo para que la persona a quien se acusa pueda defenderse en un Estado de Derecho, contrariando así gravemente el principio del debido proceso”.
Ante la comisión que analiza la acusación constitucional en el Congreso declaró este lunes el experto en derecho constitucional Jorge Correa Sutil, quien dijo que, salvo uno de los capítulos que está formalmente bien presentado, los otros cuatro no cumplirían el estándar.
Correa Sutil, quien fue el último en argumentar este lunes, dijo que, por ejemplo, el segundo capítulo, donde se hace referencia a los correos enviados por el Mineduc para informar sobre el proyecto denominado “Admisión Justa”, el abogado fue categórico en que no habría ningún tipo de falta por parte de la ministra e incluso calificó el argumento como un “error jurídico mayor y manifiesto”.
En el cuarto capítulo, el abogado aseguró que la única imputación en contra de la ministra que podría “quedar en pie” sería el retraso en la dictación de un reglamento que permitía la transferencia de recursos para la implementación de la Ley de Educación Pública.
El único capítulo que se salva es el 1, donde se acusa a la ministra de infringir el principio de probidad por haber “mentido”. Finalmente, recomendó a la comisión rechazar de plano los otros cuatro en que se le acusa, entre otras cosas, de haber vulnerado la protección de la vida privada de los apoderados y de una subejecución presupuestaria en materia de Nueva Educación Pública.
El jurista aseguró que serán los parlamentarios los que tienen que juzgar si los fundamentos tienen “la suficiente gravedad para destituir a la acusada”.
Por su parte, el constitucionalista, Arturo Fermandois, argumentó que todos los fundamentos del libelo carecen del mérito suficiente para acusar constitucionalmente a Cubillos. El jurista calificó los diversos capítulos del texto como “débiles” y “peligrosos” en vista de que bajo su perspectiva el libelo se sustenta en meras discrepancias políticas de los acusadores respecto de la ministra.
“Esto reduce peligrosamente el debate y la discusión pública”, dijo
