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Todavía falta Chile: Colombia se suma al acuerdo climático latinoamericano de Escazú MUNDO

Todavía falta Chile: Colombia se suma al acuerdo climático latinoamericano de Escazú

El pacto lo han firmado ya 22 países, pero para que entre en vigor necesita ser ratificado por al menos 11 naciones. Por ahora solo cinco han depositado el instrumento de ratificación.


El Gobierno colombiano firmó este jueves (12.12.2019) el Acuerdo de Escazú, con el que se busca mejorar los derechos humanos y la protección ambiental en América Latina y el Caribe, con el compromiso de que el país sea «líder en la gestión ambiental global».

«Haciendo referencia a nuestra Constitución, tenemos el artículo 23, que hace una especial mención al acceso a la información veraz y oportuna para todos los ciudadanos. Escazú promueve el acceso transparente a la información en materia ambiental», manifestó el presidente colombiano, Iván Duque, al divulgar la firma del acuerdo.

Hasta el momento, el pacto lo han firmado 22 países, de los cuales solo Bolivia, Guyana, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves y Uruguay lo han ratificado. Uno de los países que no lo ha hecho es Chile.

«Creo que es una oportunidad y una demostración de que los colombianos podemos tener diferencias políticas e ideológicas, pero que hay temas que nos unen y el tema ambiental es uno de ellos. Se necesita una visión integral y transversal, se necesita integrar a todos los sectores que tienen impacto y huella para que todos asuman compromisos fehacientes», agregó Duque.

En septiembre pasado, organizaciones sociales y la academia, agrupadas en «la alianza por el Acuerdo de Escazú», ya habían pedido al Gobierno que firmara el convenio «ante la crisis climática y los conflictos socioambientales». Además, argumentaron que Colombia es «el segundo país más peligroso» del mundo para los defensores del medioambiente, pues durante el año pasado fueron asesinados 24 líderes, según cifras de la ONG Global Witness.

Este convenio es el primero sobre medioambiente y derechos en América Latina, y entre sus objetivos también está el de garantizar el acceso a la información, aumentar la participación pública en la toma de decisiones y mejorar el acceso a la justicia.

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