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«El proyecto se centra en la modificación de Fonasa y no del modelo de salud chileno. Aunque no se puede desestimar que la mejora propuesta va en la dirección que la población está demandando, pero sigue siendo insuficiente para mejorar el fondo del problema de la salud en Chile», dicen desde la Agrupación de Universidades Regionales.
La Comisión de Salud de la Agrupación de Universidades Regionales (AUR), que agrupa a las 22 universidades regionales del Consejo de Rectores de Chile (CRUCh) se refirió a la reforma al sistema de salud que ha impulsado el Gobierno, entre los que se incluyen reformas al Fondo Nacional de Salud (Fonasa), junto con la creación de un Plan de Salud Universal.
A través de un comunicado, señalan un punto del proyecto del Gobierno, el que dice que «entrega esta ley, por tanto, un mandato a Fonasa: asegurar a sus beneficiarios el acceso a un conjunto de atenciones de salud. Fonasa, para estas prestaciones, deja de ser un mero financiador como le fue mandatado por el Decreto Ley N°2763, y pasa a asegurar ciertas atenciones a sus beneficiarios”.
Sobre este punto, dicen que «es importante observar que cuando se explicita que el mandato es ‘asegurar ciertas atenciones’, se hace evidente que se trata de mejorar la estructura orgánica del Fondo Nacional de Salud, y se omiten cambios en el modelo de salud público privado definido como país, en donde el Estado no es garante de la salud de la población, sino que mantiene su rol subsidiario».
Otro punto que cuestionan del proyecto del Gobierno es el párrafo que sale en la página 15 del documento, el que hace alusión a la «creación y desarrollo de un Plan de Salud Universal es el eje de la reforma del sistema de salud chileno aquí planteado, que busca ser el mismo para todas las personas con independencia de su sistema de salud, con el cual se busca terminar con la inequidad en el acceso, y de esa forma, además, reducir el gasto de bolsillo, mejorando la protección financiera, y la oportunidad».
«Como se visualiza en este párrafo, el modelo de salud público-privado existente en nuestro país se mantiene inalterable, y el proyecto en cuestión, sólo plantea cambios en el Fondo Nacional de Salud, en su estructura, forma de administración y financiamiento», explican.
Esto último, según ellos, se hace más evidente «en la página N°16, donde se describen los puntos en los cuales se centra el proyecto»: «Crea plan de salud universal; crea red de prestadores definida por Fonasa; convierte a Fonasa en un seguro público de salud; fija una nueva gobernanza para Fonasa; reforma algunos aspectos de la atención de libre elección y crea seguro para medicamentos genéricos y/o bioequivalentes».
Con esto, dicen que se puede deducir «que estas iniciativas no apuntan al fondo real de la discusión, que podría sintetizarse en la pregunta: ¿cuál es el modelo de salud que requiere nuestro país?».
En este contexto, desde la agrupación dicen que un «nuevo modelo de salud debe contemplar las características epidemiológicas de nuestra población, vinculándola a la diversidad territorial, concentración poblacional, dotación de infraestructura y equipamiento para las prestaciones de salud, profesionales requeridos en todas las disciplinas -en cuanto a cantidad y especialización-, compromisos financieros -del Estado y de las personas-, entre otras consideraciones».
Junto con esto, «se debe determinar el rol que le corresponde al Ministerio de Salud en los procesos formativos del personal del área que requiere el país, tanto en cantidad, calidad y distribución territorial», considerando que «el modelo de salud asigna esta responsabilidad al Estado, ello lo convierte en un tema de gran relevancia para esta comisión».
En tercer lugar, «el proyecto se centra en la modificación de FONASA y no del modelo de salud chileno. Aunque no se puede desestimar que la mejora propuesta va en la dirección que la población está demandando, pero sigue siendo insuficiente para mejorar el fondo del problema de la salud en Chile».
Finalmente, «el proyecto no hace mención alguna al modelo de salud para la población. La salud no se establece como derecho de los ciudadanos, sino que sigue siendo un bien de consumo, en el cual el Estado mantiene su rol subsidiario y no garante, como lo demanda la población en su conjunto».
