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Crédito: ATON
Luego de la revelación de Ciper Chile y LaBot en el marco de los Pandora Papers, respecto a que el Presidente Sebastián Piñera negoció en Islas Vírgenes la compraventa del polémico megaproyecto minero Dominga, el candidato Sebastián Sichel manifestó en su Twitter que «la ciudadanía nos pide transparencia total. Y en este caso, se requiere ir más allá de lo legal y dar todas las explicaciones necesarias».
El candidato presidencial de Chile Podemos +, Sebastián Sichel pidió una aclaración sobre el reportaje de Ciper Chile y LaBot, que señala que el Presidente Sebastián Piñera negoció en Islas Vírgenes Británicas -un paraíso fiscal- la compraventa del polémico megaproyecto minero Dominga, en el marco de la investigación de los llamado Pandora Papers, del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
La investigación –un trabajo que apunta a tres presidentes latinoamericanos activos y 11 retirados que escondieron millonarias fortunas para no pagar impuestos– apunta a que la familia Piñera Morel fue la mayor accionista de este proyecto minero que vendió al empresario Carlos Alberto Délano, uno de los mejores amigos de Primer Mandatario.
Diferentes líderes políticos reaccionaron a esta revelación, y uno de ellos fue Sichel, quien en su cuenta de Twitter señaló que «la ciudadanía nos pide transparencia total. Y en este caso, se requiere ir más allá de lo legal y dar todas las explicaciones necesarias».
Por otra parte, el ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio sostuvo que «lo primero que hay que decir es que no hay ningún antecedente nuevo, todos estos hechos fueron conocidos en su momento por la Fiscalía, por los tribunales, y quedó absolutamente claro que fue todo hecho en regla en la legislación chilena, y que además el Presidente Piñera no había tenido ninguna participación en estos hechos».
El ministro agregó que «la venta de Dominga se produce el año 2010 y esto fue investigado a raíz de una denuncia que hace a la Fiscalía un diputado del Partido Comunista y que finalmente tanto el fiscal como los tribunales en la Corte de Apelaciones y en la Corte Suprema fallan de forma unánime diciendo que esto estaba ajustado a la ley, que no había ningún tipo de delito, el Presidente queda absolutamente sobreseído porque no había participado en ella y se obliga a pagar las costas de hecho del juicio a quien había hecho dicha denuncia».
«Todos los antecedentes hoy día presentados ya habían sido conocidos ampliamente por la prensa chilena, habían sido investigados por la Fiscalía, por los tribunales, quedando absolutamente claro que no había ningún tipo de ilegalidad, que todo se había hecho de manera correcta, y por tanto no hay nada más que poder agregar al respecto», cerró Bellolio.
Según trascendió en los documentos revelados, en sus inicios, Piñera, su familia y Délano reunían el 56% de las acciones del negocio, siendo el 33 % del actual Presidente y de su familia, que eran los principales accionistas.
El reparto de los derechos se mantuvo hasta diciembre de 2010, según apunta la exclusiva, año en el que Délano compró por 152 millones de dólares el porcentaje de todos los socios, incluido el de Piñera, que entonces llevaba nueve meses en el poder para su primer mandato no consecutivo (2010-2014).
Una parte de la transacción se selló con un acta firmada en Chile por 14 millones de dólares y otra en las Islas Vírgenes Británicas por 138 millones de dólares, de acuerdo al ICIJ.
En el paraíso fiscal se firmó un contrato que establecía un pago en tres cuotas y, para cumplirse la última, no tenía que haber cambios regulatorios que obstaculizaran la instalación de la mina y su puerto.
Desde la oposición evalúan la posibilidad de presentar una acusación constitucional en contra del Presidente Piñera tras la revelación en su contra en el marco de los Pandora Papers. El subjefe de bancada de la Democracia Cristiana (DC), Gabriel Silber manifestó que «es altamente grave que el Presidente Piñera haya sujetado la aprobación de un permiso ambiental a una operación económica de la cual participa o tiene interés de carácter directo, esto pone en entredicho la independencia de la autoridad del Presidente de la República».
«Desde la oposición vamos a pedir máxima transparencia respecto a las actuaciones del Presidente, su familia o quienes lo representan en cuanto al proyecto Dominga, y no nos vamos a inhibir de ninguna acción de fiscalización, ya sea desde una comisión investigadora o incluso analizar el mérito de una Acusación Constitucional», agregó, según consigna Cooperativa.
En la misma línea, el diputado de UNIR, Marcelo Díaz señaló que esta información «es extremadamente grave, porque confirma que el Presidente Sebastián Piñera usa la institucionalidad del Estado en beneficio propio, en este caso, para incrementar su ya abultado patrimonio, su enorme fortuna».
Díaz recordó que «hace poco más de un mes se convocó a una sesión extraordinaria de la Comisión Ambiental de Coquimbo precisamente para aprobar este proyecto, cuando no había ninguna necesidad, ninguna urgencia, y esto confirma que se hizo para favorecer directamente al Presidente de la República en términos personales».
Asimismo, el senador Álvaro Elizalde (PS) recalcó que «la denuncia en ‘Pandora Papers’ es gravísima» y señaló que «Sebastián Piñera le debe una explicación al país», puesto que «conforme al contrato celebrado con el señor Délano, el tercer pago estaba condicionado a que el proyecto Dominga no fuera declarado una zona de protección ambiental».
En la derecha, el senador Iván Moreira (UDI) dijo que «la izquierda está desesperada, y a meses de una elección presidencial, reflota una mentira de algo que se investigó desde la Fiscalía hasta la Corte Suprema, y no hay delito alguno».
