El socio de Valgesta Energía dice que no corresponde incluir en los costos de distribución los de comercialización y captación de clientes. Desliza que el gobierno debe remitir los antecedentes al TDLC para definir si se debe fijar tarifas.
Hasta ahora, la consultora que realizó el cálculo de costos de distribución clave para el chequeo de rentabilidad de Metrogas entre 2012 y 2013 que determinó que se vulneró lo legal había guardado silencio.
El estudio que realizó para el gobierno abrió una ácida disputa entre el Ministerio de Energía, que encabeza Máximo Pacheco, y la distribuidora de gas natural de la capital ligada a Gasco y Copec. La compañía dice que se les están expropiando sus inversiones que superan los US$ 660 millones en convertir a los clientes de gas licuado a gas natural, al no permitírseles incluirlos como activos invertidos en el servicio de distribución del combustible.
A partir del trabajo de la consultora, el gobierno estableció que Metrogas rentó 11,4% y 16,9% en 2012 y 2013, superando en ambos años el tope de 11% que le impone la ley, algo que no reconoce Metrogas, pues a su juicio hay libertad tarifaria y por cierto también desconocen el exceso de ganancias.
Según publicó El Mostrador Mercados el exceso de rentabilidad de Metrogas en ambos años le habría generado ganancias por sobre el límite de casi US$ 100 millones.
Hoy, Valgesta rompió su silencio a través de una columna publicada en El Mercurio por el socio de la consultora Ramón Galaz.
El experto enfrentó los cuestionamientos de Metrogas, asegurando que su intención de incluir en las inversiones destinadas a la distribución de gas natural la conversión de clientes es un grave error.
Según Galaz, la disputa proviene de la “confusión” que se generó entre las empresas, al intentar integrar los costos de comercialización y captación de personas dentro de los costos de distribución que son propios de la entrega de un servicio público como es el gas de red.
“Las concesionarias defienden fervientemente esta postura, ya que buscan unir los cobros en un solo ítem y cuyo objetivo final es no rebasar el 11% de rentabilidad establecido por ley –conformado por el 5% de retorno más el 6% del costo de capital–. De esta manera, pretenden incluir todas aquellas operaciones de comercialización, como la conversión y transformación de instalaciones de un tipo de estructuras del gas de red ofrecido. Gastos que no corresponden a la entrega del servicio de distribución de gas”, explicó.
Agregó que al tratarse de actividades distintas, mirado desde una perspectiva regulatoria, los cobros por los respectivos servicios debieran ir “claramente separados”, porque la tarifa de suministro de gas, asociada al servicio público de distribución –la que afecta a todos los consumidores– está determinada principalmente por los costos de gas, inversión y operación de la infraestructura de distribución y no por los servicios adicionales que las distribuidoras ofrecen para complementar su servicio. “Por tanto, incluir esto en el chequeo de rentabilidad es incurrir en un grave error”, advirtió.
No obstante, el socio de Valgesta recordó que todo esto no implica que las compañías no puedan obtener ganancias por los servicios adicionales que realicen. “Es más, pueden percibir beneficios dependiendo de las políticas comerciales de las concesionarias, cobrando al cliente el servicio de manera total, parcial o nula, pero siempre de manera detallada y diferenciada de la distribución de gas”.
Galaz dice que la discusión está recién partiendo y se requiere de numerosos estudios y análisis que permitan “solventar y mediar los problemas político-legales que convergen en nuestra matriz energética”.
En lo inmediato, agrega que el gobierno puede enviar los antecedentes de los chequeos de rentabilidad al Tribunal de Defensa de Libre Competencia (TDLC), para que éste determine si recomendará a las autoridades fijar o no tarifas de los servicios, en una determinada zona de concesión.
