La cuestionada operación con la cual el grupo norteamericano obtuvo un beneficio tributario de $ 80 mil millones es defendida por el presidente para América Latina del holding financiero. En entrevista con El Mercurio dice que todo el proceso también fue informado a la SVS, al SII, al Comité de Inversiones Extranjeras y a la Fiscalía Nacional Económica, asegurando que ninguno hizo reparos. Advierte que polémica manda señal negativa a inversionistas extranjeros.
Después de varias semanas de embestidas políticas, Principal Financial Group salió a defender la cuestionada operación a través de la cual selló la compra de AFP Cuprum al Grupo Penta, por US$ 1.500 millones.
Y lo que el presidente para América Latina del holding financiero, Roberto Walker, reveló en entrevista con El Mercurio, deja en una situación aún más compleja a la superintendenta de Pensiones, Tamara Agnic.
Según el ejecutivo, todo el proceso de fusión Argentum-Cuprum lo definió la Superintendencia de Pensiones. Agregó que también fue informado a la SVS, al SII, al Comité de Inversiones Extranjeras y a la Fiscalía Nacional Económica, asegurando que ninguno hizo reparos.
Agnic fue quien autorizó la creación de la AFP Argentum, la cual posteriormente se fusionó con Cuprum y, con ello, obtuvo el beneficio tributario.
El SII está investigando el beneficio, toda vez que el único objetivo de la operación habría sido pagar menos impuestos y, a partir del 1 de enero de 2015, con la Reforma Tributaria aprobada en 2014, cualquier reorganización societaria que tenga como objetivo una reducción de impuestos está prohibida.
En la entrevista, el presidente de Principal International Group para Latinoamérica, se mostró molesto con las críticas al esquema tributario empleado.
«El camino que seguimos para la creación de AFP Argentum es el establecido por el regulador», afirmó Walker, al tiempo que explicó que esa es la razón por la que se creó la AFP Argentum en 2014 y la fusionó con Cuprum.
Añade que la «Superintendencia (de Pensiones), usando sus facultades, hizo una evaluación seria y profunda, y determinó que el camino correcto era el que seguimos».
Ante la pregunta acerca de si Agnic sabía todos los detalles, Walker dijo no saber «todo el detalle que maneja la superintendente en su cabeza. Lo que puedo decir es que todo este proceso fue informado transparentemente a todas las autoridades»
Rechaza que el esquema se trate de un ahorro tributario y afirma que «el goodwill no es elusión tributaria».
Su explicación es que «la transacción, como un todo, genera una mayor recaudación, porque hay un vendedor que recibe un precio sobre el valor libro y paga impuesto por eso». Y señala que la filosofía detrás de ese tipo de esquema es evitar la doble tributación que se daría si pagan el vendedor y el comprador.
«El goodwill existe en Chile desde 1985, difícilmente se le puede atribuir a Principal que inventó algo. En segundo lugar, este mecanismo tributario no solo existe en Chile, sino en muchos otros países, como Estados Unidos, Alemania, Brasil y Colombia, por tanto no es inusual. Y, tercero, está definido en la ley. No es un resquicio legal ni una cosa indeterminada de la que las compañías toman ventaja. Al contrario, está claro y consistentemente definido para que todas las compañías lo apliquen», explica Walker en la entrevista.
Admite que la controversia ha generado molestia e incomodidad, pero el ejecutivo, como ejemplo de que la firma ha sido transparente, apunta a los 10 hechos esenciales emitidos y las 142 acciones administrativas con las que se ha mantenido informada a la Superintendencia de Pensiones, la SVS, el SII, así como al Comité de Inversiones Extranjeras y a la Fiscalía Nacional Económica.
Ante la pregunta sobre a qué atribuye haber llegado a este nivel de cuestionamiento, Walker responde que es un tema difícil de entender «y ha habido falta de información. Además, en Chile hay un ambiente enrarecido que hace que la gente tenga suspicacias. Por eso estoy reafirmando, transparentando y aclarando todo lo que sea necesario respecto a esta transacción que, repito, es perfectamente legal y legítima».
El caso efectivamente ya tomó connotación política, ya que el grupo asegurador estadounidense Metlife está en proceso de concluir una operación similar con la AFP Provida. En su caso, el beneficio tributario duplicaría el que obtuvo Principal.
De esta forma, entre ambos grupos el Estado dejaría de percibir impuestos por casi US$ 400 millones, beneficios que ambas compañías pueden distribuir a lo largo de 10 años.
La bancada DC en el Congreso está tramitando la solicitud de una comisión investigadora sobre la operación y la superintendenta está citada hoy lunes al Congreso.
En la entrevista, el ejecutivo de Principal advierte acerca de la señal que la polémica pueda estar mandando a los inversionistas extranjeros justo en momentos en que «Chile necesita retomar una senda de crecimiento, generar inversión, y todo este clima extraño no ayuda en esa dirección. No puede ser que un ambiente enrarecido termine contaminando a Chile en su seriedad y a sus instituciones, en las fortalezas que le da a un inversionista extranjero, como Principal, para tomar decisiones de inversión importantes en el mercado local».
Y, junto con ello, hace «un llamado a cuidar Chile. Lo que ayuda es que Chile tiene la reputación de ser un país serio, donde las instituciones funcionan y son un lujo respecto a otros países».
