Tras una revisión parcial de las memorias de distintas compañías, el regulador les exigió una mayor profundidad de información, especialmente en materia de riesgos. Para aquéllas que transan en la bolsa de Estados Unidos, pidió complementar sus informes con nuevos antecedentes en términos similares al formulario 20-F que reportan a la SEC, con el fin de evitar asimetrías en ambos mercados.
Evitar la asimetría de información entre Chile y EEUU parece ser el nuevo objetivo de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). Así se desprende de una fiscalización que hizo el regulador de las últimas memorias de distintas sociedades anónimas, terminando por requerirles información adicional y que, para ciertos casos, cumpla con los estándares que se exigen en EE.UU.
Éste es un tema que ha sido motivo de discusión en el mercado doméstico. En plena crisis de SQM por las boletas presuntamente falsas, la compañía solicitó un plazo adicional de dos semanas a la Securities and Exchange Commission (SEC) para entregar sus balances y así incorporar el resultado de la investigación interna del comité que constituyó sobre este respecto; sin embargo a la SVS los reportó sin incluir dicha información, pese a la posición que manifestaron las AFP y otros minoritarios en la última junta ordinaria de accionistas.
Antes del quiebre que produjo el quiebre del cartel del potasio, la misma empresa advirtió en el formulario 20-F -correspondiente al cuarto trimestre de 2012- lo siguiente: “Observamos contratos a precios más bajos entre compradores chinos y los principales productores, lo que ha creado mayor volatilidad en el precio de los fertilizantes. No podemos asegurar que los precios y volúmenes de ventas no caerán en el futuro”. Pero en la memoria que reportó a la SVS sostuvo que “los precios de los productos de la Compañía están afectos a los movimientos de los precios internacionales de fertilizantes, y cambios bruscos en éstos pueden afectar nuestro negocio, condición financiera y resultados operacionales”.
Ahora el regulador chileno busca ir resolviendo este asunto de a poco. Este lunes ofició a distintas empresas requiriéndoles antecedentes no considerados en sus memorias de 2014, desde aspectos formales hasta cuestiones de relevancia para los inversionistas, como los escenarios de riesgo que enfrentan.
A Embotelladora Andina, por ejemplo, le comunicó que en el ítem de “Factores de Riesgo”, “la información deberá ser complementada incluyendo antecedentes en términos similares a los comunicados a la SEC de los Estados Unidos de América en el formulario 20-F, de manera tal de hacer congruente los niveles de información expuestos en cada mercado”.
Latam Airlines también llamó la atención de la SVS: “Respecto de los ‘Riesgos’ que menciona a partir de la página 102, deberá indicar la forma en que dichos riesgos pueden afectar a la entidad, tal como lo informa en el formulario 20-F”. Al mismo tiempo, le ordenó que debe “hacer mención expresa al ‘pacto de accionistas’ que se informa en el formulario 20-F, sus principales características, indicando si éste se encuentra o no formalizado, y si dicho pacto considera o no limitaciones a la libre disposición de acciones”.
AFP Provida también salió a la palestra. Tal como lo hizo con las empresas mencionadas, le pidió a la administradora de pensiones que “en factores de riesgo, deberá complementar la información de riesgos de acuerdo a lo informado en el ‘Form 20-F’.
Hace unos años, la asimetría de información entre Sanhattan y Wall Street prendió las luces de Santander GBM. La corredora propuso seis medidas concretas para mejorar los niveles de transparencia del mercado chileno. Una de ellas precisamente decía relación con este asunto, cuando sugirió mejorar la calidad y la amplitud de la información entregada en los estados financieros, igualando al menos los 20-F, en los que, por ejemplo, los activos se explican de mejor manera que en Chile.
Otras ideas sugeridas fueron que los hechos esenciales se publiquen con los mercados cerrados, que se acoten los tiempos para reportar los balances trimestrales y que las empresas publiquen sus estimaciones de resultados, como se hace en EE.UU. Sin embargo, nada de eso ha ocurrido.
Foco sobre el control
No sólo Embotelladora Andina, Latam Airlines ni Provida llamaron la atención de la SVS, también Gasco, Bupa Chile, Inversiones La Construcción (ILC) y la Compañía Sudamericana de Vapores.
A cada una de estas empresas, la SVS les pidió varios detalles respecto de su estructura propietaria. Por ejemplo, la participación en la propiedad de cada uno de los ejecutivos principales de la compañía y sus directores; las relaciones directas e indirectas entre las matrices con sus subsidiarias o asociadas; y lo más interesante, la individualización de las personas naturales detrás de las sociedades de inversión dueñas de porcentajes relevantes de acciones. Esto último fue requerido para los casos de Latam, Embotelladora Andina, Provida e ILC.
Lo anterior podría arrojar las primeras luces de la inminente supervisión sobre conglomerados financieros que se espera en el mercado doméstico.
En este mismo proceso la SVS también pidió antecedentes puntuales sobre el marco legislativo que podría afectar a estas empresas. A Gasco le ordenó que describa “el eventual riesgo que representa la propuesta legislativa impulsada durante el año 2014, tendiente a realizar la fijación tarifaria del mercado de distribución de gas de red no concesionada”; mientras a Bupa Chile, que complemente su memoria con “el marco legal que regula o afecte la industria o industrias en la que participa”.
Según informó la SVS, esto es parte de una revisión parcial de las memoras, por tanto podría haber nuevos requerimientos de información. Para entregar todos estos nuevos antecedentes, las compañías tienen cinco días tras la notificación del oficio.
